Semana del 8M: reclamos contra el ajuste que profundiza la precarización de las economías cotidianas y el hambre

De cara al primer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde la asunción del gobierno libertario, la agenda económica de los feminismos pone el foco en las consecuencias que el modelo de ajuste en marcha tiene sobre las trabajadoras del país que sufren, en mayor medida, la crisis del poder de compra de los ingresos, la precarización y los despidos, los recortes presupuestarios, la falta de alimento, las dificultades de acceso a la salud y a la vivienda, la desregulación de precios, el endeudamiento y el recrudecimiento de condiciones de vida que, en definitiva, terminan por agudizar la feminización de la pobreza en nuestro país. En relación, en las asambleas de cara a la jornada de este viernes, jubiladas, estudiantes, amas de casa, registradas e informales, cocineras comunitarias, desocupadas, entre muchas otras de los más diversos sectores y recorridos mostraron un consenso generalizado respecto de una preocupación central: el hambre que golpea cada vez con más virulencia a las familias argentinas

En tal panorama, la agenda del trabajo está el centro de las reivindicaciones de los feminismos, de la mano de la exigencia de medidas que mejoren efectivamente la subsistencia diaria y frenen el desamparo de gran parte de la población que, por la recesión económica, encuentra crecientes barreras para acceder o sostener una contratación laboral, siendo las mujeres las que enfrentan mayores niveles de desocupación y de informalidad, lo que las expone a peores consecuencias ante la crisis evidente. “Gran parte de la población no solo queda debajo de la línea de pobreza, sino que tiene problemas hasta para acceder a la canasta básica de alimentos y está en la indigencia”, destacó una integrante de Ni Una Menos a El Destape.

Frente a estrategias calificadas como “distractivas” -como el ataque a la ley de aborto legal y al lenguaje inclusivo- para evitar poner el foco en los problemas de la economía nacional, visibilizar las dificultades que están atravesando las mujeres en la vida cotidiana aparece entre los ejes centrales de esta nueva jornada que pone al costo de vida, a la pobreza, y la organización colectiva en el centro de la escena. Este viernes la movilización será desde las 16hs al Congreso nacional. 

Mayor precarización y empobrecimiento

A poco más de un mes del paro general convocado por las centrales sindicales del país, este 8 de marzo los feminismos volverán a poner en la agenda pública el impacto cotidiano de las políticas económicas en las vidas de cientos de miles de trabajadoras que vienen sufriendo un duro golpe en el bolsillo en una dinámica que combina salarios a la baja, el impacto de la suba sostenida de precios en la economía y los intentos de una reforma laboral regresiva, sobre la que el oficialismo vuelve ahora a insistir buscando avalar la contratación informal, la tercerización y poner mayores barreras ante cualquier tipo de reclamo laboral. “El ajuste que está aplicando el gobierno impacta de manera diferencial y profunda en la vida cotidiana de las mujeres lesbianas, travestis y trans, ya que están mayoritariamente a cargo de las economías domésticas que con estas medidas está completamente desorganizada. Lo que vemos en las asambleas y las discusiones en las distintas instancias de organización del 8 de marzo, es que hoy está en peligro la subsistencia de gran parte de la población a partir de que no se entregan alimentos a los comedores, lo que pone a las mujeres en una situación desesperante, incluso teniendo que elegir a qué hijos mandan a la escuela, entre comer y pagar el alquiler, o entre qué deuda pagar primero”, señaló en diálogo con este medio, Luci Cavallero, doctora en Ciencias Sociales e integrante del colectivo Ni Una Menos.

Las trabajadoras parten de situaciones mucho más precarizadas y hay coincidencia en señalar que las políticas actuales profundizarán las desigualdades existentes. Los datos, tanto nacionales como globales, muestran que las mujeres se enfrentan a mayores dificultades al momento de insertarse en el mercado laboral en comparación con los varones debido a que destinan más cantidad de su tiempo a realizar trabajos no remunerados (el doble) y, en relación, trabajan menos horas afuera del hogar, y cuando lo hacen se insertan en trabajos más informales. Un ejemplo concreto: el empleo en casas particulares es la segunda actividad con mayor inserción laboral para las mujeres (18% de las ocupadas), está en un 90% feminizado (casi la totalidad son trabajadoras mujeres) y tiene los salarios más bajos: 6 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son pobres porque aunque tienen trabajo no están registradas, un 74% no tiene descuento jubilatorio, un 72% no recibe pago en caso de enfermedad, y un 73% no cuenta con cobertura de salud por obra social, según un informe de Ecofeminita.

En el mercado laboral, las brechas se sostienen en el tiempo con tasas de actividad y de empleo 20 puntos más bajas para las mujeres y, en contraste, mayores niveles de desocupación (entre uno y dos puntos más) que se agudiza en el caso de las mujeres jóvenes. Según los últimos datos oficiales correspondientes al tercer trimestre del 2023 las mujeres de 14 a 29 años tuvieron una tasa de desempleo de 12,7% (más del doble que el nivel general) y los varones de igual franja etaria de 11,9%. Asimismo, el nivel de informalidad laboral para ellas es de 39%, lo que equivale a 4 puntos más que los varones, al estar expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social (aportes jubilatorios, obra social, entre otros) ni al resto de los derechos laborales, y son mayoría en la medición del pluriempleo (llega al 11,7% en las mujeres) lo que representa 5,5 puntos más que en el caso de los trabajadores.

A todo ello se suma la brecha de ingresos, negada en más de una oportunidad por el actual jefe de Estado: en nuestro país las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos. “Está bien estudiado el proceso de feminización de la pobreza y claramente este ajuste actual recae más sobre las mujeres, por varios motivos. Por un lado, porque hay más mujeres que tienen hijos a cargo entonces también el impacto de la inflación en sus familias es distinto. Por otro lado, porque son mayoría en los trabajos que peor se pagan (comercio, sanidad, ni hablar de casas particulares) y a eso se suma que la pobreza que ya se venía plasmando en la situación de los trabajadores registrados pobres, hoy se agravó con la mayor pérdida del poder de compra. Y hay que considerar todo el sector no asalariado, más vinculado a la economía popular, afectado por la desarticulación del programa Potenciar Trabajo”, analizó al respecto Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales y directora del Observatorio de Protesta Social (CITRA/UMET). 

Desde 2015 el salario mínimo perdió un 40% de su poder de compra y, solo en primeros meses de la actual gestión, volvió a caer tras el duro golpe que viene sufriendo el bolsillo de las y los trabajadores por la suba sostenida de precios de la economía: se registraron alzas desmedidas en alimentos (más del 100% en envasados, carnes y frutas) en transporte (250%), en combustibles (90%), en medicamentos (300%), en prepagas (70%), y alquileres (200%), entre los rubros principales. En relación, tras el fracaso del Consejo del Salario, el gobierno avanzó por decreto en una actualización que desde febrero lo ubica en $180.000 y desde marzo en $202.800, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 30% entre ese mes y la última actualización en diciembre pasado. En enero (último dato disponible) el haber mínimo alcanzó para cubrir apenas el 54,6% del valor de una canasta alimentaria para una familia integrada por dos adultos y dos menores, y era tres veces inferior al valor de una Canasta Básica Total (alimentos más algunos servicios).

“El nivel de crisis hay que dimensionarlo en términos de alta inflación, baja de ingresos y desarticulación de políticas sociales y todo lo que está pasando con la situación de los comedores, lo que deviene prácticamente en una tragedia social en términos de acceso a alimentos para las mujeres, pero también para todos los niños a cargo. Además, a esto hay que cruzarlo con otra cuestión que está empezando a suceder, pero de la que todavía no hay datos precisos, en parte porque no los están dando desde el ex Ministerio de Trabajo, que es todo lo que tiene que ver con despidos y suspensiones, porque sabemos que en el sector privado eso se está acelerando, sumado a que en el Estado también están echando más mujeres. A su vez hay que sumar la situación del sector docente es está muy feminizado y cada vez más pauperizado, por un lado, eliminaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y les quitaron entre el 10% y el 20%, y por otro anularon la paritaria nacional docente, entonces eso también va a hacer que las mujeres caigan un escalón más en el acceso a la distribución de la riqueza” explicó en detalle Natalucci. 

En cuanto a los estereotipos sociales, que hacen que se asocie a las mujeres con una mayor idoneidad para realizar ciertas tareas generalmente peor pagas, se observa que ellas predominan en servicio doméstico (97%), salud (72%) y educación (72%), actividades que se encuentran socialmente asociadas a trabajos de cuidado y, por ello, con convenios colectivos que suelen ser más bajos por la menor valorización social y económica. Si bien esto fue cambiando en el tiempo explica bastante por qué las mujeres son el 88% en servicios de cuidados de personas mayores donde el salario promedio es nueve veces menor que el del sector hidrocarburífero, y donde la participación de las mujeres es de apenas 22%, como sucede en otros sectores mejor pagos como Servicios Financieros donde las mujeres son el 41% frente al 59% de varones, en Transporte y logística ellas son apenas el 11% y en Automotriz el 9%.

“El modelo de Milei está ajustando más profundo en las mujeres y en las diversidades porque somos mayoría en la pobreza dada la mala distribución de los cuidados y, por lo tanto, la mala distribución del trabajo remunerado, sumado a la informalidad de los sectores en los que trabajamos, todo lo que nos hace tener muchas más probabilidades de estar dentro de los sectores que más sufren la pobreza, y también ser mayoría de titulares de programas sociales”, dijo a este portal la economista Lucía Cirmi. En relación, los datos muestran que las mujeres están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos ya que 6 de cada 10 mujeres se ubican en los estratos bajos (deciles del 1 al 4), cuando en el caso de los varones dicha proporción resulta de 4 de cada 10. Además, si tomamos el decil de menores ingresos, está compuesto casi en un 64% por mujeres, mientras que en cambio son minoría en el decil de mayores ingresos (34%). 

Al respecto más del 90% de las titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) son mujeres y también están sobrerrepresentadas en el trabajo por cuenta propia y son el 58% de las trabajadoras de la economía popular. “Salimos a las calles por alimento para los comedores, por aumento de nuestro salario, por el reconocimiento de nuestro trabajo, por presupuesto para nuestros espacios de cuidado comunitario”, expresaron las trabajadoras de la economía popular de cara a la marcha de este viernes, sumado a que vienen reclamando además por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana que permitía invertir en infraestructura en los barrios populares y, a través del programa "Mi Pieza", posibilitó que más de 250.000 mujeres pudieran acceder a la mejora de sus hogares. Asimismo, preocupa la situación de las jubiladas ya que, desde su asunción, Javier Milei mantuvo la intención de eliminar la fórmula de Movilidad y en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso confirmó además la intención de avanzar en una reforma previsional que “respete a quienes aportaron y aporten (en detrimento de las moratorias), y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación". Sobre este punto, crece la alarma por el impacto que podría tener en un gran porcentaje de trabajadores dado que 9 de cada 10 mujeres requiere de una moratoria para alcanzar los aportes necesarios para jubilarse y más del 85% de las personas jubiladas con moratoria perciben haberes mínimos. De hecho, el resultado fiscal de enero se logró, en gran medida, vía el recorte a las prestaciones a la Seguridad Social (jubilaciones y pensiones) que representan el 48,7% del total del gasto y disminuyeron 36,4% por la pérdida del poder adquisitivo de dichos ingresos.

"El congelamiento de los programas sociales, del salario mínimo y la pérdida del poder de compra de las asignaciones, van a dejar a gran parte de la población no ya debajo de la línea de pobreza, sino con problemas para acceder a la canasta básica de alimentos e incluso cayendo en la indigencia. Todo esto confirma un paisaje social que probablemente este año sea una condición generalizada de la población, se suma el endeudamiento para vivir y el riesgo permanente de quedarse sin casa, frente a salarios que no alcanzan y la desregulación del mercado de alquileres que impacta no solamente en el ámbito de los alquileres formales, sino también de los alquileres informales. La decisión política del gobierno de usar los salarios y los subsidios como ancla, está llevando a la población a tener que elegir si comer o pagar el alquiler, a tener que elegir si pueden o no mandar a los hijos a la escuela”, subrayó Cavallero. 

En esa línea, un punto clave tiene que ver con el mayor endeudamiento que enfrentan las trabajadoras para poder sostener la supervivencia cotidiana. Sobre ello la co-autora del libro Una lectura feminista de la deuda, agregó: “está creciendo a niveles estratosféricos el sobreendeudamiento, en una encuesta reciente que compartimos con Inquilinos Agrupados, se reflejó que casi un 60% de las personas que alquilan están endeudadas, lo cual nos lleva a pensar que la situación es realmente límite, desesperante, y todo esto tiene que ver con las medidas de ajuste, pero también con la vigencia del DNU, que ha desregulado los precios más importantes de la economía, alimentos, prepagas, alquileres, incluso el circuito es perverso y termina además penalizando con los intereses a quienes se endeudan para vivir. Por lo tanto, es una situación límite y gravísima que va a estar en el centro de la movilización del 8 de marzo”. Según datos de un informe del Banco Central y la CEPAL, las mujeres representan en todas las entidades de financiamiento menos de la mitad del crédito total otorgado, con montos promedio por persona que están al menos 30% por debajo de los varones. En relación, sin contar las cuentas sociales o previsionales, la brecha en el acceso a servicios financieros entre hombres y mujeres es de 19,4 puntos porcentuales. A esto se agrega que solo el 20,5% de las empresas lideradas por mujeres utiliza créditos bancarios para financiar su inversión (es del 42,9% en el caso de los hombres) y la tasa de créditos rechazados es de 42% para las mujeres y solo de 2,5% para los hombres.

Organizar los cuidados cuando el hambre apremia

En escenarios de crisis y estancamiento con inflación se hacen cada vez más visibles las tareas esenciales que buscan, día a día, sostener las economías familiares, desde garantizar un plato de comida en la mesa hasta hacer las compras, planchar, hacer trámites y pagar servicios, así como el cuidado de infancias, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad. Se trata de las llamadas tareas domésticas y de cuidado que, pese a estar invisibilizadas, son la actividad que más aporta a la economía: representan un 16,8% del PBI. A su vez son tareas realizadas, en su mayoría, por mujeres de manera gratuita: dedican 6:31 horas al día al trabajo de doméstico y de cuidados, y los varones sólo 3:40 horas. 

“Hay un acuerdo transversal de todos los sectores en este 8 de marzo que tiene que ver con el hambre, algo que no estaba necesariamente en la discusión central o no tan abiertamente en los últimos años”, resaltó Natalucci, de larga trayectoria en estudios sobre movilización, trabajo, sindicatos, y género, y agregó que “el gobierno además está desarticulando todos los dispositivos y mecanismos que el Estado tenía de contención, y eso evidentemente va a derivar en una situación de mayor conflictividad social pero también de un incremento de la violencia no organizada y del narcotráfico”. En sintonía, Cirmi analizó que “cuando se va achicando el Estado se agrandan las responsabilidades de cuidado adentro de los hogares. Pasa con el ajuste en los comedores, lo mismo en educación y salud, todo lo que incide en la organización del cuidado. La cama que falta en el hospital es un trabajo extra en casa, las clases que no empiezan impactan sobre la organización del cuidado de las madres. Creo que por la suma del alza de precios y la consecuente recesión económica, vamos a ver también un aumento en esas tareas de cuidado, porque hay muchas familias saliéndose, por ejemplo, de las obras sociales o no obteniendo los medicamentos para las personas mayores, que subieron muchísimo. Esto después se traduce en que cuiden más las familias, puntualmente las mujeres”. 

De acuerdo con la medición del Índice Crianza (Indec) que es la referencia oficial para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes, en enero el costo de crianza de un niño menor de un año fue de $208.489 (un 33% por arriba del salario mínimo de $156.000) y en el caso de 6 a 12 años el costo de crianza se ubicó en $266.263 (un 70% por arriba del mínimo). A este escenario se suma un aspecto que complejiza las condiciones de vida, de acceso a alimentos, vestimenta y transporte vinculado al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores. Al menos 1.600.000 mujeres están a cargo de hogares con niños, de los cuales solamente dos de cada cinco reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma, en tanto que  el 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza e indigencia. Estas mujeres trabajan cerca de 30 puntos más que los varones, ganan un 25% menos y sufren mayor informalidad laboral. Se suma que el 60% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos mientras que el 70% de usa ese crédito para comprar comida o medicamentos, según un informe de la CEPAL. “Es muy importante visibilizar la conexión entre el endeudamiento que tiene Argentina, la presión sobre el dólar y la inflación con el ajuste, y su consecuente impacto en la vida de las mujeres. A su vez las economistas tenemos que tratar además de pensar programas alternativos, no simplemente criticar lo que se hace. Desde Paridad en la Macro venimos trabajando en eso y nos parece muy importante para estar en la discusión de la macroeconomía de la Argentina”, añadió Cirmi, autora del libro Economía para Sostener la Vida.

Para cerrar Cavallero destacó “acabamos de escuchar un discurso del presidente en el Congreso donde la variable que ignora es la vida cotidiana de las personas. Casi no hubo referencia al aumento de precios, a las soluciones en términos de aumentar salarios, más bien todo lo contrario, entonces visibilizar que hoy el problema principal de nuestro país pasa por quienes sostienen sus economías y están afectados en términos de ajuste, es importantísimo. La consigna de la deuda con nosotras también visibiliza que eso está relacionado con las medidas de austeridad que está auspiciando el FMI desde el año 2018 y que ahora además Milei está cumpliendo de manera acelerada. La deuda sigue siendo el problema principal de la economía y que se está pagando a costa de la calidad de vida de las mujeres, lesbianas y trans”.

No poder pagar el alquiler de un techo para vivir y que el riesgo de desalojo sea lo cotidiano, que el bolsillo quede corto para comprar medicamentos, que el peso de las tareas domésticas se multiplique mientras crece la búsqueda de más horas de trabajo generalmente precarizado, que financiarse con la tarjeta de crédito para poner comida en la mesa y estirar el fin de mes sea ahora una deuda impagable, que tomarse el bondi sea más caro, que se frene la entrega de alimentos en comedores populares de los que dependen miles de familias, que se despida a trabajadoras del Estado y se amenace con cierres de empresas que son fuente de trabajo de hogares argentinos y que, además, el despido sin causa se pretenda como nueva norma laboral, son solo algunas de las razones que movilizan a las mujeres en este 8 de marzo.