Desde mediados del siglo XX hasta hoy se han producido grandes transformaciones sociales, políticas y económicas que resquebrajaron el paradigma hegemónico binario del mundo y la división sexual del trabajo: la incorporación de la mujer al mundo laboral y a mayores niveles de educación, el crecimiento de la vida urbana, la conquista de derechos políticos y sociales, los nuevos modelos vinculares familiares, etc. Muchos de estos cambios fueron impulsados por los feminismos y movimientos de mujeres organizadas. No obstante, aún existe una parte de la sociedad que resiste a los gestos emancipatorios, individuales o colectivos, y responde a los nuevos derechos con más violencia de género.
“Mi mujer me reputea en todos los idiomas porque no le hice los trámites por la jubilación de ama de casa en su momento. Cómo le explico que no me dejo mi convicción, que me pareció y me parece un afano cobrar sin aportar. Así fue , soy un idiota?”, escribió esta semana un usuario en Twitter. El mensaje rápidamente se viralizó y generó reacciones por el grado de violencia naturalizada que conjuga, y al mismo tiempo por el desprecio al valor de las tareas de cuidado que realiza una mujer para el funcionamiento del hogar y de la sociedad toda.
Qué es la violencia económica y cómo reconocerla en la vida cotidiana
El artículo 5º de la Ley 26.485 de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" enumera los tipos de violencia que quedan comprendidos en la definición: física, psicológica, sexual, simbólica, y económica y patrimonial. Esta última clase es, según el texto de la norma, “la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; o la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”.
La violencia económica tiene el objetivo de generar dependencia y limitar la autonomía de la mujer, potenciando la figura del varón como cabeza de familia, y se puede ejercer en la vida cotidiana de múltiples maneras: prohibir a la persona que trabaje o genere sus propios ingresos; controlar o limitar sus gastos; no permitir que acceda a cuentas bancarias o tarjetas; sabotear el crecimiento en su trabajo; excluirla de decisiones sobre el patrimonio o gasto familiar; esconder información sobre cuentas bancarias, dinero o propiedades; robar dinero, propiedades o herencias; no pagar la cuota alimenticia u otras obligaciones contractuales; obligar a la pareja a trabajar para unx sin una remuneración económica; falsificar la firma de la esposa en una decisión empresarial; etc.
Lucía Espiñeira, economista feminista (UBA) e integrante de Ecofeminita, identifica que “la violencia económica y la violencia patrimonial tienen un arraigo muy fuerte en nuestra sociedad y se reflejan en esta ‘minoría de edad’ en términos jurídicos que han tenido las mujeres siempre al lado de sus de sus parejas varones o sus padres, por el hecho de no poder votar, no poder firmar contratos, no poder trabajar asalariadamente siendo una mujer casada”. Además advierte que se puede ver violencia económica cuando se trata de patrimonio o herencia de las mujeres: “En el mundo somos muchas menos las mujeres propietarias, ya sea de inmuebles o de tierras. Las mujeres no tienen acceso a las tierras cuando se arman las relaciones familiares y las divisiones . Esto tiene que ver con este rol asignado al nacer de cuidadoras que nos hace estar más vinculadas a lo amoroso, al cuidado, y no al manejo del dinero y la burocracia, cosas que parecen más vinculadas al varón”.
La economista Espiñeira señala que denunciar cualquier tipo de violencia es muy difícil para las víctimas por el grado de naturalización: “el gran problema que tiene la sociedad patriarcal es la complicidad y los micromachismos, porque así se nos ha enseñado en los medios y en la educación inicial. La naturalización es un problema enorme para denunciar y poder decir esto está mal, esto podría ser distinto”.
Claudia Hasanbegovic, es Abogada feminista, Ph.D, en Políticas Sociales de la Universidad de Kent, Inglaterra), Máster en Mujer y Desarrollo (ISS, Holanda), docente UBA y UNLZ, y fundadora de Fundación Equifem. Ella explica que en la subjetividad está muy enraizada la idea de que el dinero es masculino y que es algo ajeno a las mujeres: “Tenemos que hablar de patriarcado, de la división entre ámbito público y ámbito privado, y este último como el ámbito de las relaciones familiares y las relaciones de cuidado que es un territorio atribuido a las mujeres. Se espera de las mujeres que seamos altruistas, domésticas, que innatamente nos guste cuidar de nuestros hijos, del hogar, que seamos desinteresadas, que queramos hacer este trabajo ‘por amor’, el poder servir a los demás”.
La particularidad de este tipo de violencia es que resulta más difícil de identificar ya que se asienta sobre las bases simbólicas y concretas del modelo familiar binario que durante siglos fue aceptado y reproducido como lo dado y aún no se ha erosionado lo suficiente: el hombre en ámbito de lo público, y la mujer en lo privado; el modelo del hombre proveedor del hogar y la mujer como responsable de las tareas del cuidado; el varón con el trabajo productivo, y la mujer el reproductivo. Estos esquemas no nacieron de casualidad, sino que cumplen la función de legitimar, hasta hoy, la desigualdad de género, e imponer límites y obstáculos a quienes pretendan romperlos.
Familias monoparentales e incumplimiento de la cuota alimentaria
Si bien la violencia económica es transversal a todos los sectores y clases sociales, Hasanbegovic subraya que las mayores víctimas son las familias monomarentales, es decir que tienen solamente una progenitora, que es mujer y tiene hijx menores a su cargo, y que muchas veces no reciben la cuota alimentaria. Esta forma de violencia es un delito que merece una sanción penal establecida en la ley 13.944, sancionada en 1950.
A nivel nacional un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que el 85% de los hogares monoparentales está a cargo de una mujer y solo 1 de 4 madres que no conviven con el otro progenitor perciben la cuota alimentaria. En esta misma línea, según un informe reciente publicado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, el 67% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. El incumplimiento de la cuota se trata de violencia económica por dos razones fundamentales: limita los recursos de la mujer, que tiene que hacerse cargo de la manutención de sus hijxs sola, y condiciona su autonomía económico y posibilidades de desarrollo personal y profesional.
En 1992 se incluyó en la legislación el delito de Inasistencia Alimentaria Fraudulenta que se manifiesta cuando los alimentantes ocultan sus ingresos, o hacen maniobras para ocultarlos, con el objetivo de frustrar la posibilidad de que las madres cobren las cuotas alimentarias o se fije una cuota relacionada con los ingresos. “Cuando hablamos de incumplidores alimentarios estamos hablando de delincuentes, esto hay que grabárselo porque es una manera de desnaturalizar la violencia económica que sufren millones de mujeres, niños y niñas en la Argentina, y que los sume en la pobreza”, enfatiza la abogada.
No obstante, la fundadora de Equifem advierte que la violencia económica sobre poblaciones hipervulnerables a veces es reproducida por el propio Estado: “Las familias monomarentales no son consideradas grupo familiar por una resolución de seguridad social del año 2012 y un decreto del año 2019 que establece qué es un grupo familiar. En este grupo se toma en cuenta al jefe de familia que siempre es el hombre, entonces en esas familias monomarentales en las que están separadas el padre de los hijos, los reclamos están judicializados pero como ellos trabajan en negro o en forma independiente, o son monotributistas, no es posible embargarles un sueldo. En conclusión las mujeres hacen juicios y consiguen sentencias, pero no logran hacerlas efectivas. Esto no es un problema del poder judicial, sino del mercado económico laboral que tiene casi un 40% de trabajo informal. Es urgente que se cambien estas reglamentaciones internas para evitar la violencia económica y discriminación”.
Qué herramientas tienen las víctimas a disposición: ¿alcanza con hacer la denuncia?
En lo legislativo existen múltiples herramientas para proteger a la víctima y a sus bienes de un agresor, como el dictado de medidas cautelares, el seguimiento de la situación familiar, o la posibilidad de solicitar una compensación económica. Sin embargo, ninguna tiene la capacidad de resolver estructuralmente el problema social de la violencia económica ligada a la desigualdad de género. A esto se suma una dificultad extra para denunciar: quien sufre de violencia económica muy probablemente no cuente con un ingreso propio o la autonomía económica necesarias para iniciar una demanda o abandonar la casa del agresor, situación que es aún más compleja si hay hijxs de por medio .
“La Ley que tenemos es muy buena, pero en la práctica se aplica poco. Existen políticas muy importantes como la línea 144 para denunciar violencia, pero tiene más que ver más con la física. Creo que cuando se trata de Violencia Económica la salida real va por una transformación social y cultural que apunte a quebrar la brecha financiera de género a través de la educación económica y de finanzas personales. Las mujeres tenemos que estar más convencidas de lo que podemos hacer, dejar de creer que la economía y las finanzas son cosas de varones, o cosas de gente que entiende. Hay que empoderarse y entender que detrás de las finanzas no hay nada en código, sino la posibilidad de libertad económica y autonomía”, expone Espiñeira.
El otro gran problema de base, según la economista, es cultural y tiene que ver con la educación patriarcal de los varones y los modelos de masculinidad ligados al ejercicio del poder en el hogar o en los vínculos: “Se ponen por encima de una compañera, una esposa, una pareja, una hermana o una hija a la hora de definir sus decisiones patrimoniales y económicas. Ahí hay algo que trabajar de fondo, un cambio cultural. Mediante la ESI por ejemplo se empieza a educar a niños y niñas para que se sientan en relaciones más igualitarias y horizontales entre sí a la hora de formar familia, pareja, a la hora de hacer crecer su patrimonio o de manejar su economía familiar y del hogar”.
“Todas las formas que se imaginan para denunciar que existen son difíciles de aplicar porque en el caso de la forma más común que existe, que es el incumplimiento alimentario, no es visto en los juzgados como una forma de violencia a pesar de la Ley. No lo ven ni los juzgados ni los operadores jurídicos”, explica la abogada Claudia Hasanbegovic sobre las dificultades a la hora de iniciar un proceso en el marco de una justicia clasista y patriarcal. La especialista sostiene que el gran problema es que, por un lado, no hay un fuero específico de Violencia de género contra las mujeres, y por otro lado no se pone en práctica una una capacitación específica en violencia de género de todas las operadoras, operadores, fiscales, y funcionarios judiciales. “Por más que exista la herramienta jurídica quienes tienen que usarla no ven la violencia de género. Creo que la solución pasa por crear un fuero específico de violencia de género hacia las mujeres y los niños”, indica.
La moratoria social y el reconocimiento de las tareas del cuidado
En Argentina, por la brecha de género laboral y económica, en promedio casi el 90% de las mujeres llega a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes necesarios. Esto es el resultado histórico de la división sexual del trabajo, por la que son las mujeres y disidencias las encargadas de las tareas de cuidado y crianza, y un mercado laboral que las expulsa hacia los márgenes, la desocupación, y la informalidad. De acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, cerca del 90% de las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas, frente al 57,9% de los varones.
Justamente en el tuit viralizado se hace referencia directa a dos conquistas históricas que buscaron romper la lógica de la violencia económica: la Ley de Moratoria Previsional o de inclusión jubilatoria, promulgada en 2014 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que garantizó la universalización del sistema previsional argentino y dio continuidad a la primera lanzada por el expresidente Néstor Kirchner en 2005; y el "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado" , de la Anses, lanzado en 2021 para lograr el reconocimiento, por parte del Estado, de las tareas de cuidado y crianza como un trabajo. Esta medida le permitió a miles de mujeres de todo el país sumar años de servicios previsionales por cantidad de hijos y licencias por maternidad, para llegar a los treinta años de aportes y poder jubilarse.
“En el tuit el varón desprecia que una mujer que se dedicó toda la vida al trabajo de cuidados tenga la posibilidad de tener un ingreso propio para su independencia económica", observa la integrante de Ecofeminita. Y agrega: "Que las mujeres tengan dinero y poder implica el miedo enorme de la pareja a quedarse solo, a ser abandonado. En esta sociedad una mujer con plata o con poder es un gran tabú. Y en particular me preocupa que el derecho al reconocimiento de años de trabajo sin paga quede en las mano de un varón y que la mujer le tenga que pedir que le haga el trámite, que no tenga la independencia siquiera para hacer el trámite sola”. Un dato no menor sobre la dependencia económica es que muchas veces al no poder jubilarse las mujeres quedan atadas a relaciones violentas por no tener herramientas de autonomía.
Claudia Hasanbegovic analiza que la política de moratoria social “es un avance impresionante para dar visibilidad al valor económico de todas las tareas que realizamos en general las mujeres”. Desde esa perspectiva plantea que tiene tres grandes efectos: por un lado un efecto simbólico para toda la sociedad, una forma de enseñar que el trabajo en el ámbito doméstico no es un trabajo por amor, sino un trabajo remunerado; después el reconocimiento como acto de justicia; y en tercer lugar un efecto individual sobre las mujeres que perciben el derecho para salir de la situación de pobreza y tener una vida más digna.
Por otro lado, en el mensaje viral se observa la invisibilización del valor de las tareas de cuidado. “Las tareas de cuidados son esenciales. No podemos realizar ninguna tarea en el mercado laboral y en la sociedad en general si no tenemos asegurada estas tareas. Son la base de todo el engranaje productivo, social y desarrollo”, menciona Hasanbegovic. Sobre esto, en 2020, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que estaba a cargo de Mercedes D’Alessandro, presentó el informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto”, donde se evidenció que las tareas domésticas y de cuidado consideradas son la actividad que más aporta a la economía y representan un 16% del PBI ($ 4.001.047 millones de pesos), seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13%). Según los cálculos del organismo las mujeres argentinas le dedican más de 96 millones de horas diarias a dichas tareas, sin ningún tipo de remuneración pero con un gran costo en términos de tiempo.
“El valor y la importancia social que le damos a las tareas de cuidado no tiene nada que ver con el valor que efectivamente tiene. Desde la economía feminista creemos que las tareas de cuidado sostienen al sistema, que nadie podría trabajar al día siguiente si todas paramos, porque el cuidado que hacemos las mujeres de manera no remunerada en nuestros hogares es completamente base para el funcionamiento del sistema productivo, de lo que llamamos la economía visible. Es un trabajo invisible que se hace de manera sistemática, la rueda no para de girar, y entonces todas las personas que van a la escuela, al trabajo, a la facultad, salen todos los días con la ropa planchada, limpia, con la panza llena, bien dormidos, dependen de mujeres y disidencias que tienen sobre sus hombros trabajo no pago, trabajo que la sociedad no valora”, concluye Espiñeira.
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