El relato que construye el Gobierno del presidente Javier Milei en torno a las supuestas falsas denuncias por violencia de género contrasta con las experiencias recogidas por profesionales que trabajan en la materia y también con las estadísticas. En pos de la "batalla cultural" que libran desde la Casa Rosada, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona defendió a capa y espada el proyecto de ley presentado por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada, que propone endurecer las penas por el delito de denuncia falsa.
MÁS INFO
Más allá de la disputa ideológica, se parte de premisas falsas. El proyecto carece de datos concretos que respalden la existencia de un aumento significativo en las denuncias falsas, exceptuando la palabra de los hombres ante la Justicia. El Observatorio de Falsas Denuncias, parte de la Fundación Ayudar y Crecer, registró 507 casos entre el 27 de julio y la fecha actual. Estos son reportes de personas que afirman haber sido denunciadas injustamente: el 44% por violencia de género, el 38% por abuso sexual infantil, el 25% por impedimento de contacto y el 20% por violencia intrafamiliar. Sin embargo, el propio Observatorio aclara que estos casos no han sido corroborados por la Justicia, por lo que se basan exclusivamente en las declaraciones de los denunciados.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En diálogo con El Destape, Martín Di Fiore, coordinador de dispositivos psico-socio-educativos para varones que ejercen violencia de género y abogado litigante, subrayó: “En mi práctica profesional y en la experiencia con dispositivos para varones, no he identificado que las denuncias falsas sean un fenómeno significativo o recurrente. Lo que sí es habitual es que los varones acusados utilicen el argumento de la denuncia falsa como estrategia de defensa”.
Para Martín Di Fiore, el contexto detrás de este debate trasciende el proyecto de ley: “Es fundamental entender que este proyecto no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del sistema patriarcal para resistir los avances en derechos de mujeres y niñeces. Lo que enfrentamos no es solo una legislación cuestionable, sino un intento de reconfigurar el acceso a la justicia desde una perspectiva que privilegia la protección de los agresores, enmascarándola bajo la narrativa de las ‘falsas denuncias’”.
La letra chica del proyecto de Losada
La iniciativa propone modificar el Código Penal para endurecer sanciones de 1 a 3 años de prisión para quienes denuncien falsamente un delito, y de 3 a 6 años cuando la acusación falsa involucre delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual, o violencia contra niños, niñas y adolescentes. “Es una forma de proteger a todos: atender a las verdaderas víctimas de estos delitos y de evitar que vuelvan a existir casos de personas cuya vida se destruyó por acusaciones falsas”, afirmó la senadora al defender su propuesta.
Si bien Losada reconoce que “las falsas denuncias arruinan la vida de los afectados y sus familias, además de deslegitimar las historias reales de mujeres que sufrieron violencia”, también admite que “no hay cifras oficiales” que cuantifiquen estos casos en la Justicia. No obstante, argumenta que se trata de un fenómeno “en crecimiento”, basándose en testimonios de expertos que advierten sobre el uso de denuncias falsas como herramienta de daño, particularmente en conflictos familiares.
En un gesto simbólico, Cúneo Libarona acompañó el proyecto en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, apenas un día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí, el funcionario declaró: “Se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de 'hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así”.
El ministro alertó sobre los “efectos devastadores” que, según él, genera el abuso de las denuncias infundadas: “Personas que terminan en prisión por acusaciones falsas y llegan al suicidio; familias destruidas; separación inmediata e injustificada de padres e hijos; pérdida de reputación social, familiar y laboral, entre otros daños irreparables”. Además, sostuvo que esta “nueva Argentina" atraviesa un “proceso de restauración moral” en el que “no puede tolerarse la mentira ante jueces, fiscales o policías”.
Para afirmar que se trata de un fenómeno “cada vez más creciente”, la Senadora y el Ministro apuntaron a que “los expertos comentaron que empieza a verse cada vez más el uso de la denuncia falsa como instrumento para dañar a otro, especialmente en los problemas vinculados a la familia”.
Organizaciones y profesionales especializados en género y derechos humanos advierten que esta narrativa puede tener un efecto disuasorio sobre quienes verdaderamente necesitan acudir a la Justicia, reforzando estereotipos y el miedo a no ser creídas.
Cifras que no superan el 1% en el resto del mundo
Lo mismo sucede con un estudio realizado en Estados Unidos a través de una encuesta online, que reveló que el 8% de los participantes afirmó haber sido víctima de una denuncia falsa, aunque no todas relacionadas con violencia de género ni exclusivamente realizadas por mujeres. Estas cifras tampoco provienen del Poder Judicial, sino de la participación espontánea de usuarios.
Por otro lado, según mediciones de la Fiscalía General del Estado de España, en 2021 se presentaron “162.848 denuncias por delitos de violencia de género”; de ese total, en 41 casos (0,03%) se inició una causa por denuncia falsa, 16 de las cuales terminaron en un sobreseimiento y 1 fue archivada. Es decir, las denuncias falsas comprobadas no llegan a representar el 0,01%.
Falta de pruebas vs. falsedad
Ante la circunstancia presentada, los expertos señalan que hay que discernir entre la “falsa denuncia” y la “falta de pruebas” y cuestionar si es imprescindible llegar a tener daños psíquicos para ser creída en la Justicia, ya que esto deshabilita la posibilidad de prevenir un daño.
Las formas de violencia son muchas y no todas dejan las mismas secuelas. Por eso, comprobar la veracidad de las palabras de la parte querellante y de la defendida es una tarea compleja, especialmente en delitos que ocurren en contextos muy privados.
“En la mayoría de los casos que alojo en los espacios grupales, o que acompaño en las causas, las denuncias que se tildan de falsas terminan siendo falta de pruebas suficientes, pero esto no implica dolo por parte de la denunciante”, expresó Di Fiore, quien además señaló las razones por las que esto sucede: “un entorno de intimidación, silencio y aislamiento que imposibilita a las víctimas reunir evidencia” y falta de capacitación en perspectiva de género en el campo judicial. “Muchos operadores judiciales no entienden que el testimonio de la víctima, si es consistente, es suficiente para avanzar, y confunden falta de pruebas con intención maliciosa”.
“El acceso a la justicia de las mujeres se intenta obstaculizar criminalizándolas”, advirtió el letrado, señalando que este enfoque incumple las responsabilidades del Estado con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que forma parte del bloque de constitucionalidad del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; la ley 26.485; la ley 24.632; y leyes de víctimas como la ley 27.372, art. 4, inc. b.
“Cualquier legislación que refuerce la deslegitimación de las mujeres al denunciar constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina, afectando los derechos humanos de las mujeres y niñeces”, concluyó.
Presunción de inocencia
Entre los argumentos del proyecto se lee: “Hemos vivido como sociedad la difusión de denuncias a través de medios periodísticos o redes sociales, que condenaron de antemano al acusado, dejando de lado la presunción de inocencia que condice nuestra Constitución Nacional en su artículo 18”.
Sin embargo, ante la falta de pruebas, el principio de inocencia debe aplicarse a ambas partes involucradas en igual medida. “El principio de presunción de inocencia ya protege a los denunciados; no es necesario legislar más en ese sentido”, interpretó Di Fiore.
Un ejemplo que ilustra estas contradicciones es el caso judicial de Leysa Buena, cubierto también por este medio. Se trata de una madre de tres hijos menores de edad oriunda de Santiago del Estero que denunció en 11 ocasiones, además de realizar “30 exposiciones reservadas que nunca lograron transformarse en denuncia”, a su expareja por violencia física, económica y psicológica. Tras escapar de una brutal golpiza una noche de junio de este año, fue a una comisaría a denunciar los hechos, pero tampoco fue escuchada.
Ante amenazas de muerte y el incumplimiento del pago de cuotas alimentarias para sus hijos con problemas de salud, Leysa decidió publicar su caso en Facebook. Como respuesta, la Justicia la condenó a pagar casi 13 millones de pesos a su agresor por “realizar publicaciones que afectaran su honor”. Sólo gracias al respaldo de organizaciones de derechos humanos, logró ser escuchada por la Justicia para proteger su vida y la de sus hijos.
Casos como el de Leysa se repiten con frecuencia, dejando en evidencia que la denuncia de una mujer por violencia de género ante la Justicia no genera, usualmente, el impacto que el mencionado proyecto de ley sugiere.
En un contexto de creciente y evidenciada violencia de género y femicidios, la Justicia ha implementado progresivamente medidas preventivas como la exclusión del presunto agresor del hogar, prohibiciones de contacto con hijos e hijas, órdenes de restricción perimetral y botones antipánico. Sin embargo, estas medidas no alcanzan y generan el fastidio de un sector social que las considera excesivas y producto de la denominada “ideología de género”.
La palabra de mujeres y niñeces
Durante una nueva jornada de discusión sobre falsas denuncias en el Congreso Nacional, celebrada este martes 3 de diciembre, conmovió el testimonio de Jazmín Carro, una joven de 17 años que relató haber denunciado falsamente a su padre a los 14 años por haberla “manoseado”. Según su relato, el padre fue condenado a 15 años de prisión, pero al ver las consecuencias de su denuncia, ella se arrepintió, confesó que había mentido y decidió retirar la acusación.
Con historias como esta, podría parecer que la simple denuncia de una mujer, niña o niño es suficiente para una condena judicial. Sin embargo, esta percepción está lejos de reflejar una realidad representativa o generalizable: en Argentina, de cada 1.000 casos de abuso sexual, solo 100 son denunciados, y apenas uno llega a una condena judicial, según datos del Ministerio Público Fiscal difundidos por Amnistía Internacional y otras organizaciones.
Por otro lado, UNICEF estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual en Argentina. A pesar de estas cifras alarmantes, “sólo el 2% de las denuncias por abuso sexual infantil llegan a una sentencia judicial para el agresor”, según Alejandrina Román, psicóloga, sexóloga y especialista en abuso sexual infantil del Centro de Educación Pareja y Asistencia a la Sexualidad (CEPAS).
Ante este panorama, la senadora Carolina Losada sostuvo que su proyecto busca “atender a las verdaderas víctimas de estos delitos” porque, según ella, “las falsas denuncias les quitan credibilidad ante la Justicia”. Sin embargo, Martín Di Fiore expresó su preocupación respecto a esta lógica: “El mensaje subyacente es claro: se desconfía de las mujeres y de las víctimas. Si el objetivo real fuera mejorar el sistema, la discusión no estaría centrada en las ‘falsas denuncias’ (fenómeno marginal y estadísticamente insignificante), sino en reforzar las medidas preventivas primarias, secundarias y terciarias, las sanciones por incumplimiento de deberes asistenciales, y en ampliar el acceso a justicia para las víctimas”.
Además, es importante señalar que “el Código Penal ya prevé sanciones por falsas denuncias en los artículos 245 (falsa denuncia) y 109 (calumnias e injurias)”, como recordó el abogado, quien agregó que este proyecto “lejos de combatir las falsas denuncias, representa un ataque directo a los derechos ganados de las mujeres y niñeces”.
Este alarmante nivel de impunidad está relacionado con problemas estructurales en el sistema judicial, que incluyen la revictimización de los denunciantes y los estereotipos de género que dificultan la investigación y resolución de estos delitos.
Falso SAP
Que las mujeres mienten ante la Justicia no es la única estrategia machista para ganar un juicio de familia. También sucede con los niños, niñas y jóvenes. El mundo jurídico debate actualmente sobre el “falso SAP” o “inexistente SAP”, la teoría utilizada en tribunales para justificar al agresor acusado de violencia intrafamiliar o abuso sexual infantil, alegando que el niño o niña miente influenciado por su madre.
Esta teoría, que carece de sustento científico, ha sido rechazada por organizaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y diversos colectivos de derechos humanos y de género. A pesar de ello, sigue siendo empleada en muchos procesos judiciales como una herramienta para desacreditar a mujeres en juicios de cuidados personales, especialmente porque detrás de la aplicación del concepto de Alienación Parental suele venir la adjudicación del cuidado personal unilateral en favor del agresor.
Tal como el Ministro de Justicia sostuvo en la Comisión, “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal”. Sin embargo, esta práctica ya está instalada y se refuerza con narrativas como las que plantea el proyecto de ley.
“No es casual que el Ministro recurra al discurso de que las mujeres ‘le mienten a los policías, jueces y fiscales’. Este lenguaje androcentrista, que perpetúa la idea de que las mujeres son mentirosas por naturaleza, evidencia una profunda desconexión con la realidad de la violencia de género y las dinámicas que la sustentan”, afirmó Di Fiore. Con este discurso no solo se pone en duda la palabra de las mujeres, sino también el trabajo de equipos interdisciplinarios especializados que intervienen en casos de violencia de género y abuso infantil.
La discusión sobre el falso SAP y la narrativa en torno a las falsas denuncias no son debates aislados. Representan un intento sistemático de deslegitimar a las víctimas y reforzar estructuras patriarcales que sostienen las desigualdades en el acceso a la justicia no sólo en Argentina.
El camino hacia una justicia igualitaria no puede pavimentarse con dudas infundadas y prejuicios anacrónicos. Si el objetivo es construir un sistema justo, la prioridad debería estar en fortalecer las herramientas para prevenir y sancionar la violencia, y no en abrir nuevas puertas al descrédito de quienes denuncian.
Cerrar sesión