Alerta micros de media y larga distancia: qué pasará con los pasajes para personas con discapacidad

Como tiene acostumbrado el gobierno de Javier Milei en las distintas medidas que adoptó desde que asumió, la desregulación del transporte generó consecuencias que no pretenden asumir. Personas con discapacidad eran beneficiadas con un cupo de pasajes gratuitos de media y larga distancia reconocidos por ley y que las empresas costeaban casi sin subsidio por parte del Estado. Pero desde la semana pasada, la responsabilidad por ese beneficio quedó en una zona gris por el decreto 883/2024, que desregula el sector. Ya no es considerado un servicio público. La Secretaría de Transporte le exige a las compañías que sostengan el cupo, pero estas aseguran que no deben cumplir más con la normativa. Ante la falta de resolución, los caminos conducen a que sea la Justicia la que defina que parte tiene la razón.

En la reunión con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que no fue en los mejores términos, las empresas del sector aseguraron que otorgarán los boletos emitidos hasta la fecha de publicación del decreto. No hubo una resolución para adelante. Así, las empresas estiman que los tickets emitidos llegan a cubrir la demanda hasta mediados de noviembre. Desde el organismo le aclararon a El Destape que "se les dejó bien en claro que no solo están obligadas a entregar el cupo hasta la implementación del decreto que comienza en 60 días, sino que después de ese plazo también porque la ley no se modificó".

Esta semana la CNRT intimó a empresas y, hasta en algunos casos, aplicó sanciones porque consideró que estaban “en infracción respecto de la normativa vigente” ante la falta de entrega de pasajes para personas con discapacidad. Desde el órgano resaltaron a este medio que el objetivo “no es sancionar a las empresas, sino que las personas con discapacidad accedan al pasaje”. Pero advirtieron que aplicarán nuevas multas si faltan cupos.

El decreto desregula el transporte interjurisdiccional de pasajeros y esto permite que desde el 7 de octubre cada empresa pueda definir libremente rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin necesidad de autorizaciones previas. La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), la más grande en representación, envió una extensa carta en la que expresó su malestar con lo resuelto. Aclara que, por consiguiente, “las empresas no otorgarán pasajes gratuitos a beneficiarios de la ley 22.431”. Como las empresas de ómnibus cargan los pasajes entre 30 y 45 días antes de brindar el servicio, cuando el decreto entró en vigencia había pasajeros que los habían solicitados pero no los habían recibido aún. Según pudo recoger El Destape, en ese encuentro se determinó que se otorguen los mismos para no afectar a quienes quedaron en un limbo normativo.

“Nos pidieron que al menos entreguemos los que estaban reservados y les salvemos el quilombo”, revelaron desde las compañías el pedido que hizo la CNRT, que negaron ante este medio ese pedido y que "solo se aclaró que se va a controlar y sancionar si no se cumple la obligatoriedad de entregar el cupo". Las compañías adelantaron que los servicios publicados llegarán hasta mediados de noviembre y que no hay nuevas emisiones programadas para despué de esa fecha. La CNRT intimó a las compañías a seguir cumpliendo con esa ley bajo el argumento de que “todo es transporte público”, pero las empresas de media y larga distancia advirtieron que eso ya no corre con el decreto y que no aplican el mismo criterio para otros sectores.

“El turismo no entrega pasajes, los servicios de combis y taxis tampoco”, sostienen y le recriminan al Gobierno que asuma la responsabilidad de la decisión: “Si creen que esto no debería ir más, que asuman los costos así como asumen beneficios de la desregulación”. Por ello, los empresarios consideran que la intención de la CNRT es sostener su rol de órgano fiscalizador sin otorgar una solución y que su única intención es la judicialización. “Nos empujan a ir a la justicia para que defina quién tiene razón”, achacaron.

Como pregona desde que asumió, el gobierno de Milei pretende la eliminación de regulaciones en distintos sectores con el pretexto de que los mismos operen con libertades, aunque se desentiende de la consecuencias de las mismas. Una respuesta en esa sintonía es la que proviene del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y que expone la falta de tacto frente a ello. “Hay un uso y abuso de un derecho que genera un impacto en el sector; por lo que si no lo tenés que dar más, no lo des”, confiaron con insensibilidad.

Hasta la fecha es una incógnita lo que sucederá con este cupo especial para viajes de larga distancia. La CNRT sostiene que seguirá controlando que se cumpla y amenaza con multas, mientras que las compañías sostienen que no están más obligadas a hacerlo y esperan que si no es Transporte el que brinde una respuesta satisfactoria, la misma provenga del Ministerio de Capital Humano como alternativa para abordarlo desde un lado asistencial para un sector vulnerable.

Sin embargo, no creen que esto vaya a ocurrir y ya preparan la presentación judicial si llegan multas por no cargar nuevos servicios y que un juez defina si son alcanzados o no por la ley. “No cuestionamos el derecho de las personas con discapacidad, lo que decimos es que no nos alcanza hoy porque no somos transporte público”, apuntaron.

Funcionarios y técnicos al tanto de la regulación del sector reconocen en off the record que las empresas tienen razón en su planteo y también hay coincidencias entre ambas partes de la poca transparencia del sistema. Se estima que por año se entregan entre un millón y un millón y medio de pasajes gratis que implica que las empresas dejen de percibir alrededor de 40 mil millones de pesos al año. El cuestionamiento que realizan no solo ahora sino a las gestiones pasadas es que además de recibir una compensación que es menor al 10% de costo de la butaca, no hay un control sobre la emisión. “Es un descontrol, una misma persona tenía viajes todos los días y a distintos destinos”, se quejan sobre el abuso del beneficio.

Mientras el ajuste sobre los salarios avanza y crece la pobreza y desamparo de los más vulnerables, el gobierno de Milei adopta la postura más fácil y se desentiende de las obligaciones a las que está sujeto por ley. Ninguna de las partes sabe en qué derivará este conflicto y lo más probable es que como ocurre desde hace años en Argentina, lo que no resuelve la política lo resolverá la Justicia.