La Argentina vive un momento bisagra en materia de salud. La Ciudad de Buenos Aires se encamina a sancionar esta semana una ley de cannabis medicinal que permite el autocultivo para personas con alguna dolencia o enfermedad y que necesitan de la planta, aceite o derivados para sobrellevarla. Por otra parte, el Congreso de la Nación tiene para debatir un proyecto más amplio en el mismo sentido, habilitando también el cultivo solidario, clubes de cultivo, tiendas, un Estado presente para garantizar el acceso para su uso terapéutico o medicinal, el impulso del estudio e investigación, la producción y su exportación para, también, generar divisas. En paralelo, el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva reglamentación de la ley vigente que, con el gobierno de Cambiemos, se convirtió en restrictiva. Mientras tanto, en Estados Unidos el estado de Oregon avanzó con una iniciativa de despenalización de tenencia de drogas duras en pequeñas cantidades para alejar a los consumidores de los procesos judiciales penales y, en vez de castigos, apuntar a la reahabilitación. Pero si algo queda claro es que éstas son políticas de salud. La lucha contra el narcotráfico es otro asunto.
La pelea política en nuestro país es larga. La ley de cannabis medicinal de 2017 – la actual - proponía el autocultivo, algo que el macrismo eliminó, y en la reglamentación limitó su uso a la epilepsia refractaria pese a que quedó demostrado que sirve para tratar múltiples dolencias. Esas restricciones llevaron a otras restricciones vinculadas a los avances que pueden dar las provincias. En el caso de la Ciudad, muchos artículos iniciales quedaron fuera del dictamen que se debatiría el jueves: no están los cultivadores solidarios y el autocultivo requerirá de una autorización extra más allá de la receta médica. Sin embargo, se puede convertir en un avance ya que hoy quienes tienen plantas en sus casas pueden enfrentar hasta 14 años de prisión.
El autor del proyecto, el legislador de Evolución Leandro Halperín, sabía que el texto sufriría las modificaciones. Aseguró, en ronda con periodistas de la cual participó El Destape, que esperaron a la nueva reglamentación de la ley nacional para lograr una iniciativa más amplia pero, ante las dilaciones, decidieron avanzar igual, pese a que podría quedar vieja en unos meses.
Entonces, son tres los niveles de debate: el de la Ciudad, la nueva reglamentación que prepara el Poder Ejecutivo y que ampliaría el alcance de la ley de cannabis medicinal actual, y un proyecto de ley presentado por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, para avanzar aún más en la materia. El espíritu gira en torno a la promoción de la investigación, el trabajo científico, la producción nacional, la exportación, la inclusión de la droga en los planes médicos, su venta en farmacias, la provisión por parte de las obras sociales y la presencia del Estado para una entrega gratuita en caso de que los usuarios no tengan cobertura médica, como algunos de los puntos centrales.
Más allá de las limitaciones, planeta el proyecto de la diputada, diversas provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Salta, Jujuy, Mendoza entre otras, propiciaron la regulación del Cannabis para uso medicinal, la posibilidad de producción e industrialización de mediana a gran escala; distintos Municipios y Partidos de la Provincia de Buenos Aires también habilitaron registros de pacientes, otros aprueban el “cultivo comunitario” o han declarado de interés el uso de los derivados de la planta de Cannabis.
Esto no quiere decir legalización o despenalización de la marihuana. En diálogo con El Destape Radio, Gaillard pidió no mezclar los debates pese a que se mostró a favor de avanzar en ese sentido. Pero tiene lógica, una cosa está vinculada a la salud y otra a la recreación. Esta última con muchos detractores que podrían embarrar la cancha de un debate que apunta a garantizar una mejor condición de vida para las personas que lo necesitan.
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El caso Oregon
Esta semana sorprendió una noticia internacional en un sentido similar aunque no idéntico. El estado de Oregon se convirtió en el primero de Estados Unidos en despenalizar la posesión en pequeñas dosis de drogas pesadas como la cocaína y la heroína, en legalizar el acceso a hongos alucinógenos par uso terapéutico y, por otro lado, la legalización del cannabis en Arizona, Montana, Dakota del Sur y Nueva Jersey. También se aprobó una iniciativa de votación a favor de la despenalización de varios psicodélicos en Washington DC.
En Oregon, la posesión en pequeñas cantidades pasará a ser un delito civil y no penal, con una multa de 100 dólares o un tratamiento gratuito de rehabilitación financiado por los ingresos fiscales de la industria del cannabis que es legal en ese estado. La cantidad permitida variará según la sustancia y su producción y venta seguirán siendo ilegales. El objetivo es mantener a los usuarios fuera del sistema de justicia penal. Más tratamientos en lugar de más castigos. Básicamente esa es la premisa.
El caso Argentina
“El cannabis medicinal es un tema de salud”, dijo la fiscal Mónica Cuñarro. Una política que merece, como estipulan las iniciativas en tratamiento, controles del Ministerio de Salud y de la ANMAT para que los productos sean correctos y no nocivos para la salud. “Lo que sea un tema de comercio lo tendrá que controlar, para nosotros, el INTA. Con un registro bien cuidadoso de quiénes lo comercian” y, para el caso del autocultivo un registro de parte “de quien lo prescribe, como en Uruguay, y del organismo que controla qué es lo que se da”.
Pero el avance de estas iniciativas son un tema diferente al de la lucha contra el narcotráfico. “Hasta el anteaño pasado, con las últimas estadísticas, casi el 80% de lo que las fuerzas de seguridad llevan a jueces o fiscales es tenencia para consumo personal y pequeño comercio”, explicó Cuñarro. “La conducta más mínima e insignificante del Código Penal”, dijo en 2012 ante Diputados. O sea, los esfuerzos no están concentrados en desbaratar grandes bandas de tráfico sino en ir tras los consumidores. Justamente lo que, por ejemplo, Oregon busca no hacer o terminar de hacer. Eso se debe a una inacción en la materia o la intención de hacer la vista gorda y hacer como que en Argentina no hay grupos organizados de este estilo.
“La ley penal, después de 40 años, demostró ser un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, demostró ser ineficiente para abordar problemáticas de asistencia individual en materia de salud con las personas con problema en adicción e ineficiente para solucionar y coordinar algunos problemas vinculados a los recursos y política en general, así como las investigaciones de delitos complejos vinculados al tráfico”. Ese análisis lo hizo Cuñarro, con una vasta trayectoria en la materia y una de las personas que hace años aborda la problemática de las drogas en nuestro país. Lo dijo en diálogo con El Destape y en una ponencia ante Diputados hace casi diez años. Una posición que mantiene desde hace mucho tiempo.
Mónica creó la primera unidad sobre narcotráfico y crimen complejo en la Procuración General de la Nación, designada por Esteban Righi. Fue quien coordinó la primera comisión sobre oferta y demanda en la Argentina, coautora de la reforma a la ley de estupefacientes vigente, junto a otros especialistas, y única argentina reconocida por sus aportes, no sólo penales sino también al campo de la salud mental por la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Buenos Aires, sólo para mencionar algunos de sus logros y títulos que le otorgan un status incuestionable para hablar sobre la problemática.
Este tema “da para hacer un libro”. Así comenzó la charla con Cuñarro que sabe del tema de pé a pá y estuvo en muchísimas de las instancias nacionales que apuntaron a analizarlo y darle una solución política. Ya con la llegada de la democracia, explicó, Raúl Alfonsín notó que el narcotráfico iba a ser problemático, dado que vio la complicidad de ciertos sectores de las fuerzas militares y que la lucha contra las drogas se convirtió en un simple verso que no generó ninguna respuesta, sino todo lo contrario.
Para eso se creó una comisión, una idea pionera que apuntó a analizar el fenómeno de la Argentina junto a diversos especialistas. Algo que en los 90 se modificó porque la agenda fue impuesta por Estados Unidos, que impuso figuras muy alejadas de la realidad nacional y se bajó “una especie de paradigma de arranquemos con la lucha y guerra contra el narcotráfico”.
Con el Gobierno de Cristina Kirchner se creó, por primera vez, una comisión integrada por jueces, fiscales y cientistas de otras disciplinas como sociólogos, médicos y toxicólogos. Fue en 2009. Parte de las drogas incautadas en diversos procedimientos se analizaron en organismos públicos para conocer a ciencia cierta qué era lo que se estaba consumiendo en la Argentina. Un país que se convirtió en nación de tránsito.
La comisión ad honorem fue integrada, entre otros, por Cuñarro y se dedicó a estudiar todo lo referido al consumo. “El primer impacto en la salud estaba dado por las drogas lícitas como el alcohol, las pastillas, la cerveza, las bebidas blancas y la primera recomendación que le dimos a la Presidenta fue que se reglamentara la ley de alcohol”. Una norma que había sido sancionada hacía años por el Congreso pero el lobby empresarial logró dilatar este último paso que es, básicamente, su aplicación. Así se logró que menores de 18 años no puedan comprar alcohol o poner el ojo en las problemáticas generadas por los accidentes de tránsito. que estaba sancionada pero las emrpesas habían impedido que lo hicieran: el no acceso con gente de menos de 18 años, accidentes de tránsito.
Por otro lado, Cristina, a recomendación de la comisión, reglamentó un trabajo de la ANMAT y el Ministerio de Salud mediante el cual se detectó una problemática vinculada al descontrol con los precursores químicos, cambiando el control y el registro. Se realizaron encuestas para ver el consumo en las distintas ciudades del país y también se avanzó con la situación de las cárceles. Esa comisión entregó 15 proyectos de ley y 12 documentos con diagnósticos que siguen vigentes hoy.
Después llegó Mauricio Macri. “El asesor en drogas estrella es Marcelo D'Alessio, que está preso y procesado. Hasta el anteaño pasado, con últimas estadísticas, casi el 80% de lo que las fuerzas de seguridad llevan a jueces o fiscales es tenencia para consumo personal y pequeño comercio. Argentina parece que no tiene bandas nacionales que narcotrafiquen”, dijo Cuñarro de forma irónica.
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