La fiscal, Florencia Gómez, que lleva adelante la acusación al productor ganadero, Ricardo La Regina, por la masacre de pingüinos en Punta Tombo, ocurrida en 2021, pidió oficialmente una pena de cuatro años de prisión y una indemnización de 518.000 dólares. El empresario está considerado autor penalmente responsable de “daño agravado” y "crueldad animal”, esto en calidad de delito continuado en tres hechos ocurridos en la estancia La Perla, el campo propiedad de La Regina en dicha reserva. En tanto, el Tribunal de Chubut, compuesto por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, resolverá la pena "en el plazo legal estipulado para dictar sentencia". La misma pena fue solicitada por el abogado querellante, Eduardo Hualpa.
“Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, expresó el jueves pasado el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
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Durante los alegatos, la fiscal Gómez enfatizó que por su historia familiar “Ricardo La Regina conocía en profundidad la importancia del cuidado de la especie y, puntualmente, el ciclo biológico de los pingüinos” y aún así, cometió "actos crueles e incomprensibles" por un motivo económico: su objetivo era en valor el campo familiar por sobre la preservación de la naturaleza.
Apuntó que “La Regina pasó por encima de más de 175 nidos de pingüinos magallánicos con una retroexcavadora para abrir un camino hacia la playa sabiendo que iba a generar un daño inconmensurable sobre la flora y la fauna", definiendo en la misma sintonía que la querella compuesta por los abogados Martín Castro y Eduardo Hualpa.
"Son actos crueles hacia los animales, su accionar fue total y completamente planificado", concluyeron desde la parte acusatoria que solicitó cuatro años de cárcel, una restricción de uso de su propiedad, la extensión de la reserva natural a 500 hectáreas, como también el pago de $USD 518.000 para la preservación de este y otros hábitats y el decomiso de la maquinaria que causó el desastre ambiental.
Durante la última audiencia, el imputado estuvo representado en la sala por su abogado defensor Federico Ruffa. “Los jueces dieron por acreditada la existencia de cientos de pingüinos muertos, pero en ningún allanamiento ni ningún testigo vio un rasgo de un pingüino dañado”, manifestó Ruffa.
En este marco, el letrado sostuvo que “esos pingüinos claramente no fueron aplastados por una máquina y hablando con especialistas nos dijeron que tienen alta tasa de mortalidad en los primeros días. Primero dijeron que murieron por el colapso de la tierra y después cuando le pregunté si había visto pingüinos aplastados dijo que sí y que después se pulverizaron y desaparecieron. No hay rasgos de pingüinos desgarrados porque no lo hubo”.
“No hubo un trabajo porque no encontraron cuerpo de pingüinos. Supuestamente secuestraron dos pingüinos, pero no hicieron ningún estudio. A nosotros no nos dejaron poner peritos para ver cómo se hacía la prueba. Hubo desprolijidades y está más pensado para ver desde la lente de National Geographic que para aplicar las leyes como debe ser”, sostuvo.
El juicio por la matanza de pingüinos
El pasado 28 de octubre comenzó el juicio oral contra el productor acusado de los delitos de daño agravado y crueldad animal por “la ‘presunta’ muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.
De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.
“Este tribunal colegiado por unanimidad falla declarando a Ricardo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado, un hecho en modalidad de delito continuado; en concurso ideal con el delito de Crueldad Animal”, determinó el Superior Tribunal de Justicia de Chubut integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri. “Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”, enfatizó el Ministerio Público Fiscal de Chubut en sus redes sociales.
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