Violencia política en América Latina: nunca más democracia sin nosotras

Juana Quispe, Berta Cáceres, Marielle Franco y Macarena Valdéz son lideresas, luchadoras, representantes políticas de sus comunidades, defensoras del ambiente y de los derechos humanos. Todas ellas fueron asesinadas por su participación política, en un acto que constituye la máxima expresión de la violencia política. Ese resultado no es casual: el disciplinamiento de las mujeres, lesbianas, travestis y trans acompañó el derrotero histórico de la construcción de derechos; impuso barreras y techos de cristal a través de diferentes métodos que, desde el Ni Una Menos y la efervescencia de los movimientos de mujeres y feministas, se evidencian cada vez más radicales y acechan contra el desenvolvimiento público de figuras femeninas. “Cuando hablamos de Ni Una Menos tenemos que complementar este discurso con: nunca más sin nosotras en la democracia y nunca más sin nosotras en los ámbitos de toma de decisiones”, sostuvo ante El Destape Lourdes Montero Justiniano, experta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 8 de enero de este año, ONU-Mujeres difundió un informe con datos sobre la participación de las mujeres en la política, en pos de visibilizar la igualdad de género, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Ese compromiso tomado por más de los 200 países que conforman la organización, aún está lejos de cumplirse. Los datos muestran que la representación de las mujeres “es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo”, señalaron. Según el relevamiento, “la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años”.

Las mujeres en cargos directivos gubernamentales:

• A 1 de enero de 2023, hay 31 países donde 34 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y/o de Gobierno.
• Sólo 17 países están presididos por una jefa de Estado, y 19 países tienen jefas de Gobierno.
• Datos recopilados por primera vez por ONU Mujeres muestran que, a 1 de enero de 2023, las mujeres representan el 22,8 por ciento de miembros de Gabinete dirigiendo ministerios que lideran un área política. Sólo hay 13 países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de los puestos de ministras del Gabinete que dirigen áreas políticas.
• Las cinco carteras más ocupadas por ministras son Mujer e igualdad de género, Familia e infancia, Inclusión social y desarrollo, Protección social y seguridad social, y Asuntos indígenas y minorías.

América Latina y el Caribe no son la excepción. Se ve en la foto de la Cumbre de la Celac, en donde de los 33 países sólo tres son mujeres las que están al frente: Xiomara Castro, en Honduras; Mia Mottley, en Barbardos y Dina Boluarte, en Perú. Con la nota al pie de que ser mujer no es garantía de derechos humanos: el gobierno ilegítimo de Boluarte tiene en su haber 60 muertos y la persecución a comunidades campesinas e indígenas.

La falta de participación pública y política de las mujeres y diversidades no se da porque sí. Para que eso ocurra, operan diversos factores: desde los medios de comunicación, las redes sociales y hasta los mismos espacios de militancia crean narrativas que habilitan o no esos espacios. Más allá de los números, que históricamente nos mostraron en desventaja a las mujeres y comunidad LGBTI+, los últimos años no fueron favorables para nuestro desempeño en la vida pública: la proliferación de discursos de odio y el avance de los sectores de conservadores de derecha tienen como consecuencia la retracción de mujeres y diversidades de la vida política y pública. En la región de América Latina y el Caribe no son pocos los hechos que fueron en detrimento o que buscaron delimitar esos espacios y, cuando no, lo hicieron con discursos moralizantes y estereotipados sobre cómo debe ser el accionar de las mujeres en estos ámbitos.

Montero Justiniano definió, para el caso, que lo que se vive es una "contraofensiva" o lo que llaman backlash de estos movimientos "que tienen una discursividad muy compleja sobre las mujeres, para que estén al servicio de valores como la familia, la propiedad privada, legitimando una jerarquía y siendo parte reproductora del sistema patriarcal. Cuando incorporan a las mujeres dicen que está bueno que las mujeres estén en política, pero siempre y cuando, lo hagan como buenas madres y esposas porque el bien social de la familia es el bien supremo de esta narrativa". Estos sectores, detalló, "tienen una estrategia articulada y sólida en toda la región, avanzan vía las iglesias, los sectores populares que se sienten desanimados con la política institucional o desalentados de los cambios sociales en América latina. Han estado construyendo una lógica de cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad y es una lógica tremendamente conservadora, porque al poner la familia en el centro nos mandan un mensaje de que debemos seguir sacrificándonos por nuestros hijos, por nuestros hogares. Va en contra de los derechos y avances de las mujeres".

El personaje de Vivienne Rook que encarnó la actriz Emma Thompson en Years and Years, le puso el cuerpo en la ficción, la peruana Boluarte, la boliviana Jeannine Añez, la británica Liss Truss o la italiana Giorgia Meloni, ponen el ejemplo en la vida real.

"Para que las mujeres podamos, de hecho, enfrentar toda esta política de odio precisamos también políticas de Estado efectivas para nuestra portección", marcó ante El Destape Mónica Benicio, concejala de Río de Janeiro, lesbiana, luchadora por los derechos humanos y excompañera de Marielle Franco. Así, como también resaltó la necesidad de que haya respuesta y responsbilidades sobre los crímenes de las luchadoras feministas y de derechos humanos, caso contrario, "el Estado se torna conivente de esa forma de hacer política a través de la violencia y de los asesinatos".

Ni una menos en Argentina, América Latina y el mundo

En 2015, una serie de femicidios en Argentina convocó a la acción. El 3 de junio de ese año, el llamado que se hizo viral en las redes sociales desbordó las calles más allá de las organizaciones y las fronteras del país. Las convocatorias se replicaron en toda América y en distintos países de Europa en lo que fue el preludio de una ola que tiñó de verde y violeta a la política, a la televisión y hasta a la mesa familiar con debates que visibilizaron la problemática de la violencia hacia las mujeres, cuerpos feminizados e integrantes de la comunidad LGBTI+. Las violencias que tienen como máxima expresión el femicidio.

Del Femicidio al magni-femicidio  

El concepto de femicidio, que se incorporó poco a poco a la legislación penal de distintos países de la región -en Argentina, en 2012- fue acuñado por las autoras estadounidenses Diana Russell y Jill Radford. Lo definieron como un crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios de mujeres. A esta propuesta, la académica mexicana y exdiputada federal Marcela Lagarde, le sumó otra dimensión: la responsabilidad del Estado en lo que llamó ‘feminicidio’, aunque muchas veces ambos términos se usan indistintamente en la actualidad porque son entendidos como categorías políticas de denuncia contra el (no accionar) de los Estados.

“Identifico algo más para que crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo: es la inexistencia del Estado de derecho, bajo la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo, la impunidad. Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio para denominar así al conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional (N de R: en referencia a los crímenes en Ciudad Juárez). Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso, el ‘feminicidio’ es un crimen de Estado”, definió Lagarde en 2005.

La reflexión y la perspectiva sobre la violencia política llegó para dar respuesta a la violencia machista y patriarcal contra las mujeres y feminidades públicas, que les ponen obstáculos a su accionar, justamente, político. Como suele suceder, la normativa llega para ponerle nombre a hechos que ya suceden. En Bolivia y, luego en la región, esa dimensión se incorporó a las normativas con el femicidio político de Juana Quispe, concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2012, cuyo caso aún no está esclarecido. En el ámbito nacional, en el año de su asesinato, se creó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia Las Mujeres; en América Latina y el Caribe, un grupo de expertas de la OEA impulsó y aprobó una ley modelo para los 34 países en lo que se conoce como la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las mujeres, el primer acuerdo regional en el mundo íntegro que aborda esta problemática dentro de la histórica Convención de Belém do Pará (1994).

El 1 de septiembre de 2022, una escena reproducida en loop en las redes sociales y en la televisión paralizó a la Argentina: el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, constituyó uno de los atentados más graves desde el retorno de la democracia. La máxima expresión de la violencia se hizo carne en ese instante. “Los discursos de odio enunciados de manera permanente y constante desde hace años han generado un contexto propicio para la escalada de la violencia que culminó en ese acto”, denunció la expresidenta en un informe que presentó a las expertas del Comité de la OEA que llegó al país para analizar distintos casos de violencia política que fueron denunciados ante el organismo.

“Cuando hay un asesinato o intento de asesinato de un presidente, un rey o un máximo representante político, se llama magnicidio, es un intento de asesinato. En este caso, consideramos que (el intento de asesinato hacia CFK) fue realizado por razones de género, porque se habla mal de ella por ser mujer, porque se dicen cosas de ella que no se dirían de un hombre. Hemos visto muchos presidentes que no son buenos, que son corruptos, pero nunca he visto yo campañas de odio así, por eso decimos es un femicidio, pero por la altísima proyección política es un magnicidio, por eso es un magnifemicidio, o femimagnicidio, es un femicidio hacia una persona, una mujer, con mucho poder político”, definió en ese momento Sylvia Mesa Peluffo, una de las expertas.

El mensaje de ese hecho fue “muy claro en términos de disciplinamiento”, apuntó Montero Justiniano ante este medio. "Las sociedades machistas y patriarcales necesitan tener un sistema de disciplinamiento muy eficaz y legítimo y es muy interesante ver como el magni-femicidio era la punta del iceberg de cómo opera una serie de disciplinamientos que se ve en los sindicatos, en los partidos o en ámbitos académicos, es realmente de una problemática social de la presencia de las mujeres en el campo público", marcó la experta.

Violencia política: una amenaza a la democracia

“El objetivo o resultado es impedir total o parcialmente que las mujeres gocen de sus derechos políticos”, define la Encuesta Federal sobre Violencia Política, del Centro de Estudios y Usina para el Desarrollo con Igualdad Proyecto Generar, publicado en junio de 2022. Puede darse en el espacio público o privado. La narrativa que cuestiona el lugar de las mujeres y LGBTI+ en el espacio público se construye a partir de gestos, palabras y acciones y desde diferentes lugares, desde la militancia, los medios de comunicación, las redes sociales o el recinto del Congreso.

La Convención de Belém do Pará determinó que se trata de "una violación de los derechos humanos" de las mujeres. Afecta la vida de las personas contra la que es ejercida, como a quienes forman parte de sus círculos y responde a las asimetrías de poder existentes entre hombres y mujeres. En tanto, la creación y el uso de estereotipos de género, que posicionan a las mujeres y diversidades en un rol de inferioridad, son causas y consecuencias de la violencia en la vida política de ese grupo social. Una clave: que su trabajo sea imposible de realizar no sólo viola sus derechos, sino, también de aquellos a quienes representa. “Es una amenaza para la democracia”, alertó el informe.

Escenas de la violencia en la región

Para cuando ese documento fue publicado, el año pasado, ya eran varios los ejemplos de violencia política ejercida contra mujeres y LGBTI+ que se podían contar en la región. Entre ellos, los ya mencionados femicidios políticos de: Juana Quispe (Bolivia, 2012); Berta Cáceres (Honduras, 2016); Macarena Valdés (Chile, 2016); y Marielle Franco (Brasil, 2018). Cada una de esas historias de vida estuvo precedida por las amenazas y, en algunas ocasiones, por contextos de violencia en los respectivos países. 

"No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir", dijo Quispe en septiembre de 2011 al contar sobre el acoso que sufrió desde que fue elegida concejala por el municipio de Ancoraimes, en el Altiplano de La Paz. Un año después, la asesinaron y, pese a que el crimen llevó al impulso de una ley con su nombre, todavía sigue impune. 

La lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta Cáceres, murió a balazos en su casa en Intibucá. En esa época, había encabezado un movimiento popular para oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de la empresa DESA en el occidente de su país, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas.

Un informe sobre el asesinato que realizó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) -una instancia independiente creada por la familia de Cáceres, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales- concluyó que una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), agentes estatales y sicarios conspiraron desde 2015 para asesinar a Cáceres en marzo de 2016.

“Mi nombre es Macarena Valdés Muñoz. El 22 de agosto del 2016 me hallaron muerta, colgada de una viga al interior de mi casa. Todo sucedió a la vista de mi pequeño hijo de sólo un año y medio. Quien me halló fue mi otro hijo de once años. Lo hicieron pasar como suicidio. Mi familia y mis amigos no lo creyeron así y consiguieron pagar peritajes que demuestran lo contrario ¡Estaba muerta cuando me colgaron! Serán cuatro años sin justicia. ¡A Macarena la mataron! Lo cuento yo y te pido que lo cuentes tú, porque ella ya no puede contarlo”, escriben desde la Coordinadora Justicia para Macarena, desde Chile, en lo que catalogaron como femicidio empresarial por la lucha emprendida por la activista socioambiental mapuche en contra de la instalación de una hidroeléctrica.

“Contra el comunismo, por nuestra libertad, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por el terror de Dilma Rousseff, por nuestras Fuerzas Armadas, por un Brasil en primer lugar y por dios por sobre todas las cosas, mi voto es por el sí”, con esa proclama, Jair Bolsonaro saltó a la fama y, más tarde, Brasil sufría su primer golpe parlamentario. El entonces diputado había decidido enaltecer la memoria del torturador de Rousseff en lo que fue el preludio -junto con el asesinato de Marielle- de una derecha conservadora y fascista, encarnada en el mismo Bolsonaro, en el gigante sudamericano. Según reveló una investigación del diario Folha de San Pablo, en su mandato recortó en un 90% los fondos destinados a combatir la violencia contra las mujeres. 

El asesinato de Marielle, el 14 de marzo de 2018, la concejala carioca, militante feminista, lesbiana y favelada fue asesinada junto a su chofer, Anderson Pedro Gomes, en un ataque perpetrado por milicias. Su imagen se convirtió en símbolo de la lucha de las mujeres negras y LGBTI+ de la región, justamente, en nombre de las batallas que ella misma daba desde su lugar de militante y representante popular.

"A pesar de la política terrorista que intentaron propagar con el asesinato de Marielle, la respuesta de las mujeres, mujeres negras, fue justamente lo contrario", señaló Benicio, en referencia al Movimiento Ele Não, síntesis de la organización de las mujeres brasileñas para repudiar la candidatura de Bolsonaro. "Tenemos todavía más movilización, más ocupación de espacios de poder, hoy por primera vez mujeres indígenas y trans están dentro de nuestro Congreso", resaltó como resultado de la potencia que lograron y que se materializó en el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Sin embargo, todavía existe una deuda: ¿Quién mandó a matar a Marielle Franco? "Una vez más es preciso denunciar que ya son 5 años sin que el Estado Brasilero responda a esa pregunta. La democracia brasileña e internacional debe dar esa respuesta", exigió. 

En 2019, la violencia contra las mujeres de pollera indígenas y campesinas fueron la imagen del golpe de Estado en Bolivia. A la alcaldesa -ahora senadora- de Pinto, Patricia Arce, personas que apoyaron el golpe la secuestraron, la torturaron y la humillaron: le cortaron el pelo, le tiraron pintura roja en el cuerpo y la hicieron caminar descalza ante la comunidad.

“Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad: La violencia contra las mujeres en la vida pública y política en Argentina” es el título del informe que realizó tras el atentado a Fernández de Kirchner el Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (MESECVI), órgano de la OEA que monitorea el cumplimiento de los Estados parte de la Convención de Belém do Pará. En el análisis del contexto destacan avances en las normativas internas del país para garantizar la participación política de las mujeres -como las leyes de cupo y de paridad- y, también, los retrocesos que se marcan cada vez más fuertes en los discursos públicos como, por ejemplo, los medios de comunicación. A partir de ello, propusieron herramientas a implementar  desde los distintos niveles de Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral, así como recomendaciones para los medios de comunicación).

Sin embargo, también, se reconoce en algunos apartados que la visibilización y la condena de la violencia hacia las mujeres no pareciera tener el mismo correlato que en ámbito privado en lo que entendieron como un “alto nivel de tolerancia”. En ese sentido, Montero Justiniano contó que analizaron tres variables al respecto, que se evidenciaron en Argentina, pero que pueden traspolarse a la región en general, sobre por qué la violencia política hacia las mujeres no genera un repudio consensuado.

1. El aparente desprestigio de la clase política, que permitió desarrollar anticuerpos, por lo que ese grupo es más “insensible hacia la violencia mediática en las redes sociales”.

2. La posible normalización de la violencia en política hacia las mujeres, como si las medidas de disciplinamiento se hubieran trasladado del ámbito privado al público, por lo que si, “te metés en política, tenés que estar dispuesta a aguantar cualquier cosa”.

3. La delgada línea de la violencia por razones de género y lo que puede ser una disputa política que puede llegar a ciertos niveles de violencia.

“Vimos que se hace eje en la jerarquía que existe sobre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer se hace alusión a su aspecto físico a su cuerpo, se hace mucha alusión a su moralidad y hay un estándar diferente sobre la ética y la moral, que tiene que ver con una idea judeocristiana”, destacó la experta. La predominancia de esas miradas, apuntó Montero Justiniano, en conjunto con un sistema de narrativas que se puede imponer desde las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, llevan a que la sociedad en sí, “no lo considere como un delito, sino como un mal comportamiento”.

"En definitiva sentimos que estamos en una etapa de resistencia de lo logrado porque se está poniendo en duda los valores y principios sociales que ya teníamos asumido", indicó la experta, que llamó a impulsar la diversidad de voces que sacan del centro de la escena a la familia. Ante este panorama, en este 3 de junio cientos de miles de mujeres volverán a las calles para hacer parte de esa escena pública negada. Para Montero Justiniano, la respuesta es una sola: “Cuando hablamos de Ni Una Menos tenemos que complementar este discurso con: nunca más sin nosotras en la democracia, nunca más sin nosotras en el campo público y nunca más sin nosotras en los ámbitos de toma de decisiones”. Estar y hacer política, ser parte actora es garantizar derechos y, también, nuestra propia existencia.