La discriminación LGBTIQ+ en primera persona y una ley para cortar la cadena de violencia: "Necesitamos igualdad real"

El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Las organizaciones luchan por una Ley Antidiscriminatoria Nacional que brinde al Estado herramientas para luchar contra los discursos de odio y renuevan el reclamo por una Ley Integral Trans. Por qué son importantes estos cambios.

17 de mayo, 2022 | 00.05

Este martes se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, una efeméride que busca visibilizar y concientizar sobre las situaciones de violencia y el sometimiento que padecen las personas del colectivo LGBTIQ+. Este año, la fecha tiene un significado especial ante el avance de discursos reaccionarios antiderechos que penetran en el debate público y pugnan por posicionarse como válidos a partir de la repetición mediática. Sin embargo, les activistas tienen en claro que la respuesta ante esta ola conservadora que destila odio sin empatía se encuentra en ampliación de derechos y la militancia. En ese marco, están impulsando nuevamente una Ley Antidiscriminatoria Nacional, presentada hace dos semanas por primera vez en la Cámara de Senadores, con la esperanza de que esta vez pueda convertirse en ley, tras más de 15 años de lucha en el Congreso.

“Es importante que se legisle para evitar los discursos transodiantes en la TV que lo único que hacen es marcar negativamente aún más nuestras vidas”, resaltó en diálogo con El Destape Lara Godoy, la primera trabajadora trans que logró incorporarse a la tradicional y conservadora Justicia cordobesa. Ella, como la mayoría de las identidades trans, sufrió el peso de la discriminación toda su vida, por eso le preocupa particularmente que los renovados discursos transodiantes, que se están volviendo una moneda corriente y que encuentran aceptación entre los seguidores de Viviana Canosa, Agustín Laje y Amalia Granata, se repliquen en las calles. 

El proyecto para una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional, propuesto en el Congreso hace dos semanas por la Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Trans (FALGBT)- con el acompañamiento del senador del Frente de Todos Carlos Linares- se presenta entonces como una herramienta fundamental para los grupos históricamente vulnerados, en tanto propone la incorporación de pretextos discriminatorios no contemplados en la ley vigente, que data de 1988 y que no está en línea con los recientes avances internacionales y nacionales en materia de legislación con perspectiva de géneros.

El objetivo concreto de la ley es acabar con el primer eslabón de la cadena de discriminación: el insulto, que luego puede escalar hacia una agresión verbal en grupo o hasta formas de violencia más graves y concretas. “Este proyecto brinda más herramientas a los organismos para trabajar contra la discriminación. Busca establecer además un sistema que no sea punitivista, sino que tenga en cuenta otras formas de reparación que tienen que ver con la educación, los cursos, los talleres. Se trabaja contra la discriminación desde una idea de no repetición”, le contó a El Destape Flavia Massenzio, presidenta de la FALGBT.

La iniciativa toma algunos aspectos de la Ley Antidiscriminatoria que se aprobó en CABA en 2015, inspirada a su vez en 17 legislaciones de todo el mundo. Uno de los puntos novedosos que incluye el proyecto tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba, que implica que ya no va a tener que ser la persona que sufre la discriminación quien presente las pruebas sobre dicho hecho. “Si echan a una pareja de lesbianas de un restaurant por besarse, entonces el que va a tener que arrimar las pruebas de por qué se decidió sacarlas del lugar por otro motivo que no es la discriminación será el dueño del lugar”, amplió Massenzio sobre esta cuestión.

Lamentablemente, en el país todavía se replican a diario situaciones discriminatorias, a pesar de la ampliación de derechos que representó la sanción de la ley de Cupo Trans, del matrimonio igualitario y la Ley de Identidad. Las historias de despidos fundados en la orientación sexual parecen extraídas de otra época, pero no sorprenden a los trabajadores de la Defensoría LGBT del Gobierno de la ciudad que reciben cerca de 200 consultas por discriminación al mes.

"Cuando te enfrentás con eso te das cuenta de que todavía falta ese recorrido entre la igualdad jurídica que logramos y la igualdad real que necesitamos. Hay una brecha que se puede achicar todavía y lo que proponemos son estas dos legislaciones", resaltó Massenzio, al referirse también a otra deuda hacia la comunidad: la ley integral trans, que busca garantizar una batería de políticas públicas diseñadas desde el punto de vista de los derechos humanos y que abarca todas las etapas de la vida para evitar que las identidades trans tengan una expectativa de vida de 40 años.

Otros puntos importantes del proyecto de ley antidiscriminatoria: 

* Incluye a otros grupos históricamente vulnerados y discriminados, no solo a la comunidad LGBT+. 

* Propone una multa de 10 a 15 mil pesos para actos discriminatorios, a los que se sumarán acciones para reparar el daño colectivo y medidas tendientes a prevenir la realización o garantizar la no repetición del acto de discriminación. 

* Propone capacitaciones para toda la ciudadanía en materia de igualdad, convivencia y no discriminación. También incluye capacitaciones para todos aquellos que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. 

* Incluye un agravante en caso de que la conducta se cometiera a través de medios masivos de comunicación. 

La discriminación en primera persona y la importancia de la ley

Lara Godoy: "La ley tiene que ser aprobada"

Para Lara Godoy, primera trabajadora trans de la Justicia cordobesa e integrante de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), es fundamental que el Estado arbitre los medios para poner fin a la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+. "Yo lo que pido este año es que no haya más discursos de odio en los medios porque eso se replica cruelmente en nosotras. En este día contra la no discriminación sería importante que se legisle al respecto”, indicó en diálogo con El Destape.

Godoy, quien ahora se desempeña como empleada contratada del Ministerio Público Fiscal de la Nación a la Fiscalía Federal 1 de Córdoba, explicó que el peso del prejuicio y de la mirada de los otros le generaron inseguridades contra las que todavía lucha día a día y que se volvieron todavía más palpables cuando ingresó a ese espacio tan conservador. Sin embargo, contó que su experiencia fue más que positiva. “En el Poder Judicial me recibieron muy bien. A un año y seis meses en el puesto ya me siento mucho mejor, con más práctica, gracias también a la empatía de mis compañeros que me fueron ayudando”, remarcó. En la Fiscalía se desempeña en la sección dedicada a Trata de Personas. 

"El problema base es que toda nuestra vida tuvimos que mendigar derechos. Sé lo que es convivir con la discriminación día a día porque desde que nosotras hacemos visible nuestra identidad de género somos las que llevamos en carne propia toda la discriminación de la comunidad”, precisó por otro lado, al reclamar que este año se sancione una ley que combata esta situación. “La ley antidiscriminatoria tiene que ser aprobada porque los hechos de discriminación existen y queremos que sean penalizados. Tiene que estar acompañada con la ley integral trans, una norma más completa que nos brindaría además todas las garantías que necesitamos como personas”, enfatizó. 

Paula Arraigada: "Necesitamos tener más representatividad en la política y en la dirigencia" 

Paula Arraigada, activista trans, asesora parlamentaria y ex candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, cree que los discursos de odio representan “el fracaso de la política”, pero pone en duda el impacto que puedan llegar a tener en la población. “No creo que estos sectores antiderechos puedan avanzar, pero tenemos un arduo trabajo para hacer que la política sea la respuesta a las necesidades y que las personas se involucren en la política partidaria, que sientan que es un lugar en el que pueden participar”, remarcó en diálogo con El Destape.

Arraigada cuestionó más bien la multiplicación de esos discursos en los medios. En ese sentido, resaltó que el problema es “darles entidad, cuando en definitiva “son discursos que levantan unos pocos”, que se magnifican cuando se vuelven masivos y se replican.

Por el contrario, propone en este día repasar los derechos que faltan, sin soslayar las victorias que se alcanzaron en los últimos años. “Hay muchas cosas que faltan, pero hay que tener en cuenta que hay un piso de mejora en la sociedad porque hoy las pibas de 20, 25 años no tienen la vida que teníamos nosotras. Hay un Estado que acompaña, puede ser que no de la mejor forma, pero esas pequeñas ayudas que hoy se brindan antes no estaban directamente”.

La gran deuda está para Arraigada en la ausencia de identidades trans en los espacios de decisión. “Nosotras no queremos estar sentadas abajo dentro de 10 años escuchando cómo otros nos cuentan lo que vivimos como si no supiéramos cuáles son las respuestas que se tienen que dar desde la política partidaria para que esto no siga sucediendo”, remarcó.

“Coincidimos de que debería haber una apertura democrática para que todas las clases sociales podamos estar presentes en los gobiernos. Como decía Evita, 'normalmente de los pobres hablan los ricos y los ricos siempre piensan pobre'. Esto me lleva a pensar que para evitar el avance de los discursos antiderechos necesitaríamos tener más representatividad en la política y en la dirigencia. Hemos dado respuestas de la idoneidad que tenemos para ejercer cualquier rol de conducción, liderazgo y gestión pero lo que no se nos dio fue la oportunidad de hacerlo", enfatizó.