“Sálvese quien pueda”: el proyecto de Javier Milei para las personas con discapacidad

El gobierno de Javier Milei emprendió un nuevo ataque dirigido contra las personas con discapacidad, en medio de una crisis socioeconómica significativa y un proceso de deterioro del sistema sanitario en general. Durante la última semana trascendió que el Poder Ejecutivo podría establecer por decreto de necesidad y urgencia, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la desregularización de los aranceles para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas, que actualmente son determinados de forma única por medio de un nomenclador sujeto a la Ley 24.901. De concretarse, esta modificación, atada a un proceso más amplio de mercantilización de los servicios de salud, significaría un quiebre del modelo social vigente hace más de 25 años y  un atentado perpetrado desde el propio estado contra la universalidad  e igualdad de los derechos de las personas con discapacidad.

Como viene ocurriendo desde el inicio de la gestión en ANDIS a cargo del abogado penalista Diego Spagnuolo, las medidas destinadas a este colectivo se toman discrecionalmente, a espaldas de las organizaciones, e ignorando el posicionamiento de los profesionales y especialistas en la temática que advierten sobre los peligros y daños que estos cambios generarían en el actual esquema. El flamante proyecto se suma a una situación previa de alta conflictividad en el sector por los cientos de despidos que se registraron en ANDIS en los últimos meses, el cierre de las oficinas provinciales que dificulta la llegada territorial, el atraso en los pagos de las prestaciones, y las permanentes agresiones de funcionarios del gobierno nacional. Como respuesta, desde el colectivo se ha gestado una incipiente organización nacional con actividades públicas y movilizaciones en rechazo al proyecto y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Un proyecto que busca quebrar el sistema universal de Prestaciones Básicas

Actualmente los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas, que con carácter obligatorio deben garantizar la cobertura total de las prestaciones que necesiten las personas con discapacidad, son tres: la Superintendencia de Servicios de Salud, que regula las Obras Sociales y Prepagas; PAMI; e Incluir Salud, que es un programa federal de cobertura médico sanitaria que garantiza el acceso a toda persona que cobre una pensión por invalidez. Los valores únicos de las prestaciones y servicios que puede necesitar una persona, como por ejemplo centros de día, escuelas especiales, transporte o tratamientos con profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos, o psicomotricistas,  son establecidos en un nomenclador común elaborado por un Directorio, presidido por la ANDIS, donde también participan otras agencias gubernamentales, representantes de los financiadores y organizaciones de la Sociedad Civil.

Lucila Álvarez, asesora del diputado Pedrini de la provincia de Chaco, integrante de la Comisión de Discapacidad en la HCDN, enfatiza que dichas prestaciones no son cuestiones excepcionales sino derechos elementales previstos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado al que nuestro país ha adherido con rango constitucional por la ley 27.044. “El nomenclador garantiza que las Obras Sociales nacionales, las empresas de medicina prepaga y los organismos públicos financiadores del sistema, están obligados a pagar las prestaciones todas ellas por igual. De esta manera, el acceso y la calidad del servicio es igual para cualquier persona con discapacidad, sin importar la obra social o cobertura que tenga”, declara.

En su afán de dejar todo librado al mercado, lo que busca el proyecto de los libertarios es desregular los valores del nomenclador. El artículo 2 del documento que se filtró en los últimos días determina que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad". A diferencia del sistema que equipara las condiciones y universaliza los costos en los tratamientos, el proyecto de Milei propone una descentralización permitiendo que cada financiador establezca individualmente esos valores, generando peores condiciones de atención, mayor inestabilidad económica para los profesionales, creando un escenario con precios diferenciados según el origen y un mayor nivel de desigualdad que perjudicará a los sectores de menores recursos.

“Si avanzara esta medida tendremos un escenario en donde personas con discapacidad con coberturas de mayor poder accederán posiblemente al cumplimiento de sus derechos por medio de las prestaciones, mientras que una persona cuya cobertura es de menor envergadura accederá a prestaciones de menor calidad o cantidad– detalla la asesora legislativa en Discapacidad - los prestadores entrarán en una puja por ocupar los puestos en donde los aranceles sean más altos y los prestadores que perciban aranceles más bajos irán desapareciendo por la imposibilidad de afrontar un sistema salvaje de ‘sálvese quien pueda’. De esta manera, las obras sociales más pequeñas, o los organismos Públicos como Incluir Salud y PAMI, tendrán menos prestadores, de menor calidad, y obviamente esto afectará directamente los derechos de las personas con discapacidad”.

En términos concretos el decreto se traduce en una diferencia significativa en los montos de pago según las condiciones de las obras sociales, gerenciadoras, prepagas, o seguridades sociales provinciales, y un merma en la calidad del servicio de salud que afectara a las personas con discapacidad y sus familias que, en muchos casos, deberán hacer sacrificios económicos más grandes y recorridos burocráticos interminables. Julia Domínguez, psicopedagoga de Córdoba, maestra integradora y referente de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), advierte que "con el Nomenclador mercantilizado se van a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado. En este contexto, por el aumento de las cuotas de las prepagas ya hay muchas personas que quedaron sin cobertura y tienen que pasar a una obra social. Y hace años que las obras sociales no aceptan personas con Certificado Único de Discapacidad porque no son redituables. Entonces esas personas están quedando afuera del sistema”.

Un golpe al bolsillo de los trabajadores y a la salud de las personas con discapacidad

En un doble movimiento, el golpe recae primero sobre los prestadores de servicios y tratamientos, que son básicamente trabajadores, lo que se traduce en un deterioro en la calidad de vida y el acceso a la salud de las personas con discapacidad. En este sentido Leandro Hipólito, psicólogo, integrador escolar hace más de una década, y delegado Nacional de Prestadores Precarizados, indica que “se está armando una tormenta perfecta que atenta contra el sistema de prestaciones, contra las personas con discapacidad y los profesionales que trabajamos en el área”. A la crisis inflacionaria y el atraso en los plazos de cobro, que hoy llega hasta a los 6 meses, se suma la posibilidad de que profesionales, médicos, o especialistas cobren honorarios inferiores y por ende elijan no trabajar con ciertas coberturas. En el corto plazo estos cambios podrían generar fuertes diferencias en los valores arancelarios y una distinción de clase en el acceso a prestaciones, afectando sobre todo a los organismos que nuclean a jubilados, pensionados y a la gente más vulnerada que va a quedar con una atención menor, vaciada, “porque nadie va a ir a laburar a una institución que no tiene financiamiento”. 

Para los pacientes significa una menor oferta en las prestaciones, la falta de acceso a terapias, y la interrupción de tratamientos vitales. “En la salud de nuestros pacientes es muy grave discontinuar los tratamientos. Que haya cambios continuos de terapeutas no permite un trabajo sostenido y coordinado entre profesionales. Es todo el tiempo cambiar de profesionales, cambiar de enfoque, lo que interrumpe un tratamiento – denuncia Leandro - el sistema queda librado al capricho de las patronales.  Ahora una obra social puede pagarte una cosa y PAMI otra. Muchos empezamos a trabajar de otras cosas porque es imposible sobrevivir. Quién va a querer trabajar por salarios congelados continuamente si encima cobras 4 o 5 meses después?”.

Silvina Cotignola, abogada especializada en discapacidad, salud y familia, es una de las funcionarias de carrera con larga trayectoria que fue despedida de ANDIS a principio de 2024 . Desde su punto de vista este decreto  provocaría mayor desigualdad en el acceso a la salud y pondría en peligro a millones de personas: “Lo que quieren hacer, siguiendo el criterio neoliberal, es potenciar la libertad de contratación. Yo efector de salud, obra social, o pre paga voy a dirimir cuanto te pago a vos prestador, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, maestro de apoyo, o dispositivo de apoyo. Los afiliados o asociados de prepagas u obras sociales no van a tener profesionales para lo que necesitan, lo que conduce directamente a la interrupción de un tratamiento que, dependiendo de la patología o condición que tenga un paciente, puede ser la inducción a la muerte, por falta de medicación, dispositivos adecuados, o recursos humanos adecuados”.

Cotignola entiende que, a las desigualdades atribuidas a las características propias de los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas, se agregan las dificultades que tienen muchas obras sociales provinciales por las ofertas limitadas según los territorios, geografías y capacidades de los sistemas de salud local: "En las provincias, donde muchas veces hay menos oferta, se agrava la situación de las personas con discapacidad, porque se adiciona el problema de que hay que trasladarlas para realizar un tratamiento de alta complejidad, lo que es un cambio en los gastos y la dinámica familiar. Sucede entonces que los efectores de salud que tienen la tecnología necesaria terminan cobrando más y limitan el acceso. El sistema de seguridad social argentino siempre se basó en la solidaridad, la cobertura del CUD es total, integral, y por todo el tiempo que el paciente lo necesite, y esto no va a suceder más”.

Milei y un ataque sistemático a las personas con discapacidad

La declaración de la emergencia en discapacidad se ha convertido en un grito generalizado de todo un colectivo cuya situación es delicada hace años, pero se ha deteriorado exponencialmente desde diciembre de 2024 producto de una política de vaciamiento y desfinanciamiento de los programas y dispositivos efectivos. “Este gobierno tiene un plan de guerra contra todos los trabajadores y trabajadoras, contra los pobres, todos aquellos que viven de su trabajo, contra los jubilados, los pensionados, y las personas con discapacidad. Las medidas agravan la situación paupérrima en la que nos encontrábamos – manifiesta Leandro,  Delegado Nacional de Prestadores Precarizados - mi opinión personal es que esto es un plan para seguir concentrando riqueza en las grandes patronales, en desmedro de la clase trabajadora. Y esto se ve también con los despidos de la ANDIS, es decir hay un vaciamiento de cualquier tipo de política que mitigue las condiciones paupérrimas en las que se está sumiendo a la gran mayoría de la población argentina”.

Lucila Álvarez, asesora de la Comisión de Discapacidad en la HCDN, denuncia que en realidad el objetivo político y económico atrás de este proyecto es “volver a un modelo de prescindencia que considera a las personas con discapacidad como una carga para la sociedad, sin nada que aportar a la misma. Milei quiere que el ajuste lo paguen, no solo los jubilados y pensionados, sino también, las personas con discapacidad, pero justamente porque el liberalismo tiene una concepción ideológica del ser humano capacitista. Es un retroceso abismal en términos paradigmáticos en relación a la discapacidad”.

El 14 de mayo, mientras las familias y organizaciones se enteraban en las sombras de las intenciones del ejecutivo de desregularizar las prestaciones, el Gobierno nacional oficializó en el boletín la designación de Natalia Basil, esposa del consultor y jefe de los trolls Fernando Cerimedo, al frente  de una de las direcciones de la ANDIS. Basil, que es ingeniera química y no tiene conocimiento alguno ni experiencia en el área de discapacidad o salud, estará a cargo por 180 días de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones. Desde el ejecutivo, defienden la designación por su formación académica y la confianza que genera en el entorno libertario para encabezar la investigación por las “irregularidades” internas. Sin embargo, la abogada especializada en discapacidad Silvina Cotignola, ex trabajadora de ANDIS, señala que “lejos esta de conocer algo de la palabra discapacidad y será la persona encargada de determinar el otorgamiento y la baja de las pensiones. La gente que está manejando ANDIS no tienen ni empatía ni conocimiento técnico para saber si esto viable. Sus decisiones afectan al 12,9% de la población, que son hoy las personas con discapacidad que están certificadas”.

“Nos une el espanto”: el desafío de lograr la organización a nivel nacional

El martes en varias provincias de todo el país se realizaron diversas acciones donde participaron personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas, e instituciones, en rechazo del proyecto y con el objetivo de visibilizar la situación de emergencia. La ciudad de Córdoba se convirtió en uno de los epicentros de la jornada de lucha a partir de la convocatoria de la Asamblea de los Trabajadores de Inclusión (ATI) que realizó una concentración en Colón y General Paz, una marcha hasta la sede local de la ANDIS, y una serie de charlas públicas en diferentes ciudades, que incluyó la entrega de material didáctico como una forma propositiva de habitar la lucha desde la pregunta y la concientización social.

Julia Domínguez, referente de ATI, denuncia que algunos sectores de la política ven a la discapacidad como un gasto y enfatiza la necesidad de “poner en agenda más que nunca al colectivo y sus prestadores que está en estado de emergencia". Acerca del nuevo proyecto, identifica que en realidad es un desprendimiento del mismo espíritu de desregulación del mega DNU original que viene a hundir cada vez más a un sector de la población ya de por sí hiper vulnerabilizado y precarizado, dado que “8 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo  y la pensión por invalidez equivale al 70% de una jubilación mínima”.

La incertidumbre por las decisiones del gobierno provocó que crezca la convocatoria en todo el país, incluso sumando el apoyo de los colegios de profesionales, tradicionalmente independientes o más alejados de los reclamos políticos. “Quienes conforman este colectivo generalmente no son militantes, son ciudadanos, personas con discapacidad y familiares, no se enteran de muchas cosas, o lo hacen por las noticias en los medios – dice Domínguez - muchas veces aguantan lo que pueden, tramitan su propia angustia. Nosotros lo que tenemos que hacer es contener a todos, ese es hoy el desafío más grande. Estamos aprendiendo de una dinámica colectivista ampliada”. 

Por las particularidades del grupo social de la discapacidad, es que en ATI decidieron incorporar la metodología de las clase pública y la distribución de material didáctico informativo: “Notamos que la metodología de esta gestión es generar confusión, desinformación y alimentar el malestar. Por eso articulamos con mucho cuidado con el colectivo, que de por sí es muy diverso. Vamos a pasitos lentos pero tratando de armar un espacio amplio, porque además nosotros agrupamos trabajadores y prestadores, personas con discapacidad y familias, que no tienen reconocido el trabajo en las tareas de cuidado que es 24/7”. La próxima clase será el jueves 23 de mayo en la Facultad de Filosofía de la UNC.

En la Ciudad de Buenos Aires la organización Prestadores Precarizados encabezó el mismo día una movilización pacífica frente al Congreso Nacional. Uno de sus referentes, Leandro Hipólito, señala que generalmente el sector de discapacidad “no eclosiona, sino que se mantiene paciente, con mucha templanza”, ya que no tienen una tradición política de lucha.  A pesar de eso, con las últimas noticias y el marcado deterioro de la calidad de vida, se ha comenzado a gestar “la tormenta perfecta”. Ante dicho panorama “el desafío es organizarse de forma unánime con todos los sectores de profesionales: “si bien apuntamos a generar organización nacional y tener representación en el Directorio de ANDIS, hoy es muy incipiente. La idea es a partir de un método democrático y asambleario votar un plan de lucha para que este DNU se caiga. Como profesionales, para muchos significa salir del consultorio a la calle y poner un freno. Todos estos ataques nos hay servido para empezar a organizarnos para enfrentar este atropello, no solo con respecto a discapacidad sino también contra la ley bases, los recortes a los jubilados. Si lo dejamos pasar en dos años estamos diez veces más empobrecidos. Esto no es joda, acá va la vida de millones de personas”.