Durante la gestión del ex presidente Fernando De la Rúa, una combinación de medidas económicas ortodoxas se precipitó sobre el ocaso de su mandato, detonando el colapso de su gobierno y desencadenando un estallido social sin precedentes. Estas medidas, heredadas del período menemista, incluyeron la quita del 13% a los jubilados, el recorte salarial a empleados estatales y el establecimiento del "corralito" como respuesta a la fuga de capitales.
De la Rúa asumió la presidencia tras haber ejercido como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Heredó un complejo escenario económico del gobierno de Carlos Menem, caracterizado por una recesión del 3,4%, una creciente deuda y un deterioro fiscal que intentó abordar a través de políticas de ajuste basadas en la reducción del gasto público y un nuevo acuerdo de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 40.000 millones de dólares.
Las medidas, una por una
El encargado de implementar estas medidas de ajuste, de manera gradual en un principio, fue el ministro de Economía José Luis Machinea. Sin embargo, el paquete de políticas contractivas requeridas por el FMI no produjo los resultados esperados. La fuga de capitales se intensificó y la recesión persistió, lo que llevó al colapso del consumo interno.
En este contexto crítico, Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, cuyo mandato consistía en profundizar las medidas de ajuste y enviar una señal de confianza a los mercados financieros. Al asumir su cargo, López Murphy anunció un severo programa de recortes destinado a reducir el gasto estatal en 2.000 millones de pesos.
Se eliminaron pensiones y becas estudiantiles, se recortaron programas sanitarios por 50 millones de pesos, se aumentó el impuesto al valor agregado (IVA) en varios rubros y se despidieron a 40.000 empleados públicos, al tiempo que se redujeron las indemnizaciones por despido. La fuerte oposición social llevó a la renuncia anticipada de López Murphy, quien solo permaneció en el cargo durante 16 días.
En ese momento, el riesgo país alcanzó niveles exorbitantes, el desempleo superó el 18,3% de la población y los depósitos bancarios continuaron disminuyendo a medida que la confianza en el sistema financiero se desplomaba.
Para ocupar el cargo vacante de Ministro de Economía, se convocó a Domingo Cavallo, ex presidente del Banco Central durante la dictadura y ministro de Economía durante el gobierno de Menem. Cavallo implementó nuevos ajustes y la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció la quita del 13% en jubilaciones y pensiones.
Además, se aprobó un impuesto sobre las operaciones bancarias, se recortó el 13% de los salarios de los empleados estatales y se emitió deuda adicional por 3.000 millones de dólares. Estas medidas resultaron en una caída del consumo y un aumento récord en el desempleo, que alcanzó el 25% a principios de 2001, lo que a su vez exacerbó el déficit fiscal.
Como complemento a las políticas de ajuste, el gobierno de De la Rúa comenzó un proceso de reestructuración de la deuda externa conocido como "Megacanje", que implicó posponer los vencimientos de diversas obligaciones durante tres años. Sin embargo, para compensar esta postergación, los intereses de la deuda aumentaron al 7% anual, lo que generó un mayor peso de la deuda en relación con el producto interno bruto (PIB).
A fines de noviembre, debido al empeoramiento de la situación económica, que socavó la confianza en el sistema financiero, se produjo una retirada masiva de depósitos bancarios. Como respuesta a la fuga de capitales, el gobierno promulgó el 1 de diciembre y anunció oficialmente al día siguiente la medida conocida popularmente como "el Corralito", que implicaba la incautación de los depósitos. En una primera etapa, se limitó la extracción a 250 pesos semanales, se prohibió enviar dinero al exterior y se impuso la obligación de realizar la mayoría de las transacciones comerciales a través de cheques, tarjetas de crédito o débito, con una duración de 90 días.
El "Corralito" congeló el consumo y exacerbó el malestar social, mientras que el déficit fiscal ya alcanzaba los 8.500 millones de pesos y la deuda aumentaba a un ritmo acelerado. La actividad industrial y de la construcción continuaron en declive.
Ante el estallido social inminente, el FMI negó los 1.260 millones de dólares comprometidos en el "Blindaje", argumentando que no se habían cumplido las metas de déficit cero. Esto llevó a Argentina al borde del default, que finalmente se produjo pocos días después de la caída del gobierno de la Alianza, tras los trágicos eventos del 19 y 20 de diciembre.
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