El comunicado de la Sociedad Argentina de Terapistas puso la mirada, inevitablemente, en uno de los factores más importantes a la hora de hablar del sistema sanitario para enfrentar al coronavirus: los trabajadores. La pandemia dejó al descubierto varios conflictos y deudas históricas en distintas provincias del país que derivaron en paros del personal de salud, movilizaciones y planes de lucha por mejores salarios y condiciones dignas para desempeñar las tareas.
"La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores y monitores son cada vez más escasos" pero "la cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva que, a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse", sostuvieron los terapistas en la misiva hace un par de semanas.
El caso de Chubut
Chubut arrastra deudas con los trabajadores estatales hace por lo menos dos años. Situación que se profundizó con la pandemia del coronavirus y derivó en un paro por tiempo indeterminado de los profesionales de la salud, en algunos casos, y retención de tareas varios días de la semana en otros. Ricardo Amat es enfermero y delegado gremial de los trabajadores del hospital rural El Hoyo, en la Comarca Andina del paralelo 42. Explicó a El Destape que, según sus cálculos, el Gobierno les debe entre cuatro y cinco sueldos por las cláusulas gatillo y obligaciones incumplidas con los profesionales.
La medida de fuerza se hace sentir en “prácticamente toda la provincia” y actualmente atienden urgencia y casos de COVID-19. Sin embargo, Amat alertó que “el sistema no está funcionando, no por las protestas sino porque no tiene los recursos. Si quisiéramos funcionar al 100% el sistema de salud se resentiría de tal manera que no podríamos entregar ni medicamentos”. El martes se movilizaron con una caravana provincial pero, explicó, están siendo cautos por el tema de la cuarentena, intentando cumplir los protocolos como corresponde y haciendo frente a las inclemencias del clima.
“Entramos a la pandemia con el conflicto y un abandono total del Estado hacia el sistema sanitario. Hoy el sistema de salud se está sosteniendo los trabajadores” que enfrentan situaciones como falta de infraestructura en algunos lugares porque “nunca se previó ni invirtió en salud”. Incluso, aseguró, llegaron a hacer sus propios trajes de protección personal. “El Gobierno dice que tiene elementos de bioseguridad y nosotros sentimos que están sentados arriba de ellos y no los reparten a los hospitales, que es donde deberían estar. Hay una desidia, una mala programación del Estado y previsión de la pandemia”.
Incluso, sostuvo el enfermero, los recursos humanos son escasos, a veces se les hace difícil cumplir con protocolos de limpieza, higiene y desinfección por falta de trabajadores y tienen una sola ambulancia para hacer traslados de cientos de kilómetros.
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La problemática de Jujuy
Los trabajadores de la salud de Jujuy están con un plan de lucha hace varios meses, atravesando distintas situaciones estresantes como la publicación de un decreto para multarlos o arrestarlos en caso de no ir al trabajo. Algo que el Gobierno tuvo que deshacer. El jueves realizaron una jornada de protesta junto a profesionales de todo el país hasta que se concreten los anuncios referidos a la liquidación de un bono provincial y la devolución de descuentos tildados de injustificados.
Con un comunicado, el sindicato remarcó que los montos son insuficientes y temporales, con sumas que se devalúan mes a mes y desaparecerán terminada la pandemia. Más allá de eso, el plan de lucha “persigue el objetivo de lograr mejorar nuestras condiciones de trabajo en el contexto de la emergencia sanitaria para preservar nuestra salud, a la vez que pretendemos que el Gobierno de la provincia salde la deuda histórica que tiene con los trabajadores de la salud y la salud pública”.
Puntualmente, exigen paritarias y aumento real del salario, de acuerdo con la inflación, así como los pagos adeudados. Equipos de protección personal de calidad y en cantidad, recursos humanos para poder realizar las rotaciones preventivas y cumplir con los protocolos de aislamiento, el restablecimiento de licencias de acuerdo con el Decreto Nacional 260 /2020, la devolución de las sumas descontadas y cese de los descuentos en curso, el fin del hostigamiento, autoritarismo y violencia laboral, el rechazo al desmantelamiento de la Atención Primaria de la Salud y la exigencia del pase a planta.
Acampe en Misiones
El miércoles comenzó un acampe en las puertas del Ministerio de Salud provincial, en la ciudad de Posadas, por parte de profesionales autoconvocados. El reclamo incluyó encadenamientos frente a la sede sanitaria con el objetivo de lograr un aumento en el sueldo básico, hoy cercano a los $5.000, para llevarlo a los $40.000 y $70.000 en mano, además de las condiciones de trabajo.
Juan Carlos Benites, licenciado en enfermería y delegado, explicó a El Destape que con 32 años de trayectoria tiene un sueldo básico de $5.300, y $32.000 en total en mano, con compañeros que cobran $3.000 bajo el mismo concepto. Por eso, aseguró el hombre que trabaja en el Centro de Salud 15 de Posadas, se organizaron para exigir salarios de $70.000 con un básico de $40.000.
Por eso, avanzaron con la firma de un petitorio que entregaron esta semana con más de 2.500 firmas. "Esto es una lucha de la clase obrera", dijo, y remarcó que "si somos tan esenciales, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y no nos dan ésto", es una situación de injusticia. Según adelantó a este medio, el acampe va a permanecer hasta que tengan una respuesta "para que nuestros trabajadores se jubilen con algo de dignidad".
Según trascendió en medios locales esta semana, los ministros de Hacienda y de Salud de Misiones Adolfo Safrán y Oscar Alarcón, acompañados de la ministra de Trabajo Silvana Giménez y el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Giménez, firmaron, para la liquidación de este mes, un incremento salarial que no terminó de conformar a los sectores que hasta el viernes seguían acampando.
Con el acuerdo se avanzó en el incremento del sueldo básico de un residente que pasará de 4.683,69 pesos a 10.113,33 pesos, lo que se reflejará en unneto de 38.757,18 pesos. Para los agentes sanitarios, el sueldo básico pasará de 3.046 pesos a 7.300,96 pesos y el neto será de 23.192 pesos. En cuando al escalafón más alto, el sueldo básico contará con un aumento de 7.387 pesos y será de 13.469 pesos, con un neto promedio de 46.553 pesos.
Sentadas en Córdoba
Juan es médico clínico, con formación en terapia, de Córdoba Capital. Terminó su residencia en mayo pero quedó como trabajador sanitario porque necesitaban profesionales ante la pandemia. Trabaja en un hospital privado que también se hace cargo del que atiende la obra social de la provincia, así que son dos trabajos en uno. Si bien ahora la situación de las movilizaciones parece estar más calmada, hace unas semanas hubo sentadas en algunas ciudades aunque se confundieron con marchas anticuarentena. Lo que se convirtió en una paradoja.
Lo más importante del caso es el mensaje. Al principio, analizó Juan, la provincia manejó bien la pandemia y logró controlar los contagios. Pero de golpe aparecieron las aperturas de bares y todo se desmadró. Él trabaja en un lugar que tiene una terapia chica (50 camas comunes y 10 de terapia intensiva) exclusiva para COVID que demandan muchísimo tiempo, cuerpo y mente por parte de los profesionales. En junio, mes que le tocó estar ahí dentro, hubo muchos casos sospechosos pero pocos positivos. Volvió en agosto, a un 30 días de iniciado el proceso aperturista, y el panorama fue diferente: Llegó con tres pacientes internados pero terminó con todas las camas ocupadas.
Se comenzaron a contagiar muchos residentes, se empezó a aislar personal porque eran se convirtieron en un riesgo para los pacientes y trabajan divididos en grupos: los de “zona limpia” para los no COVID y “zona sucia” para los que sí.
“Desde el inicio, se manejó bastante bien. El Ministerio de Salud rastreaba mucho los contactos pero la cuarentena comenzó a cumplirse menos, el Gobierno comenzó a recibir presiones” para comenzar con las aperturas. “Abrieron los bares cerca de mitad de julio y desde ahí se empezó a ir más a la mierda todo. Un día tenía 15 camas ocupadas y en una noche recibí 10 tipos de una”.
Similar a lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, Juan contó que la idea de abrir los bares se justificó con la intención de poner un freno a reuniones clandestinas en espacios cerrados “pero no se respetan los protocolos, no hay gente para controlar los bares. Empezamos a recibir pacientes que no tienen nexo epidemiológico salvo que tienen hijos jóvenes que han salido”, sostuvo.
Todo eso los pone en riesgo a ellos, a los profesionales que tienen equipos de protección personal pero deben enfrentar una “línea gris entre los pacientes no COVID” porque cuando trabajan en áreas exclusivas para coronavirus, van “como astronautas. Muy diferente es cuando estás en un área no COVID donde usas una protección menor porque en teoría la sospecha de que esa gente esté contagiada es baja, y ahí empiezan” las infecciones.
Como medida de prevención, los trabajadores se hisopan todas las semanas. “Es una cuestión de suerte, a todos en algún momento nos va a tocar pero la idea es que no nos toque a todos al mismo tiempo”, explicó y agregó que este momento, el pico, los “agarra cansados. En este momento, cuando más tendríamos que estar poniéndole energía y todas las pilas. Tuvimos todos estos meses de esfuerzo, el gobierno de la provincia lo estuvo manejando bien hasta que abrió los bares y nos agarra cansados”. Ante esta decisión, “se empiezan a infectar residentes o enfermeros y tenemos que cubrir esos lugares” con muchas más horas de trabajo y estrés.