Son muchos los sectores afectados por la pandemia del coronavirus y el consiguiente aislamiento social obligatorio. Uno de ellos es el conformado por los inquilinos que se encontraron con obstáculos para abonar el alquiler, amenazas de desalojo, maltratos y la desregulación que recae sobre algunos inmuebles, sumado a la disminución parcial o total de sus ingresos, lo que deterioró su calidad de vida y capacidad para hacer frente a los gastos cotidianos.
Una de las situaciones que se sumó a este panorama es la reapertura de las inmobiliarias en algunos puntos del país. Al respecto, el titular de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, aseguró a El Destape que "el DNU sigue vigente hasta el 30 de septiembre abran o no las inmobiliarias". Hace referencia a la posibilidad de negarse a ir hasta las oficinas si no habilitaron medios de pago para transferir el monto de los alquileres. Incluso, remarcó, "hay una resolución de AFIP que plantea que suma de más de $1.000 tienen que ser electrónicas, aunque no se cumple".
"Son trabajadores pero trabajadores de la ilegalidad. Si abren porque quieren firmar contratos, vender propiedades, o lo que sea, lo tienen que hacer dentro de la legalidad. Quieren abrir porque el decreto les cortó la posibilidad de seguir con la ilegalidad de antes", remarcó Muñoz. La cuarentena les impidió continuar con su labor como antes pero "no los dejó sin trabajar" porque tienen la posibilidad de cobrar mediante pagos electrónicos.
Además, aclaró que "las inmobiliarias son dueñas de muchas viviendas y por eso no quieren pasar CBU, por eso no se conocen a muchos de los dueños, y son las que garantizan la evasión por parte de los propietarios" al no facilitar estos medios de pago.
En caso de incumplimientos, "se puede denunciar ante AFIP, en el Colegio de Corredores Inmobiliarios y después hacerlo en la Defensa de Consumidor de los municipios", aunque ninguna denuncia llegó a buen puerto.
Según una encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos (se hizo en todo el país de forma digital y respondieron 3.984 personas), “el 43,9% del mercado inmobiliario sigue incumpliendo el artículo sobre bancarización obligatoria hasta el 30/9 de los pagos relacionados con el alquiler. Esto demuestra que sigue existiendo una gran evasión fiscal e impositiva sobre dicho mercado”. Ésto hace referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció la facilitación de medios de pago electrónicos. En caso de no tenerlo, se puede definir no abonarlo hasta la caducidad de la norma, de forma retroactiva.
Además, el estudio arrojó que “casi un 30% de inquilinas/os sufrió algún tipo de amenaza o maltrato por parte de las inmobiliarias o propietarios” cuando pidieron que se cumpla el DNU. Pese a que están suspendidos hasta el 30 de septiembre, por decisión del Ejecutivo nacional, “existieron amenazas de desalojo o desalojos efectivos (20,9%)”. Situación que no sólo golpea en el acceso a la vivienda sino también “a la salud emocional y psíquica de los inquilinos/as, que es el principal problema (36,1%)” detectado por el análisis. Ésto pone a muchas personas ante una potencial situación de calle o que deberán optar por “hacinarse en la casa de familiares y amigos para tener una vivienda que los proteja”.
Ante esta compleja situación el “59% de los inquilinos no podrá hacer frente” al gasto del alquiler de mayo, “lo que representa una suba de de casi 17% comparado con abril, donde el 42,1% no podía pagar”. Esto se explica por el impacto de la crisis económica (años de recesión durante el macrismo acrecentados por la pandemia), ya el 46,6% tiene menos ingresos o directamente dejó de percibirlos (27,9%), lo que implica que no sólo hay una incapacidad de pago en los compromisos de alquiler, sino también, para poder alimentarse”.
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El 50,1% de los encuestados manifestó que uno de los miembros de su hogar perdió el trabajo, un aumento del 16% respecto a abril. Panorama que es aún más oscuro donde existe un único ingreso, “como aquellos/as que viven solos/as (27,5%), o madres/padres solteras/os con hijos/as (10,6%). Pero también, en los hogares de parejas con hijos/as, que representan el 30,9% “.
Respecto a lo hogares monoparentales, la encuesta arrojó que el 87,5% está conformado por la madre y su hijo o hijos y sólo en un 11,6% por hombres. El 49,5% de éstos empezó a percibir menos ingresos por la pandemia, lo que agravó su situación.
Frente a ello, el endeudamiento apareció como la solución inmediata y un 60% manifestó haber recurrido a él con préstamos bancarios o el pedido de ayuda a familiares y amigos, lo que impactará en los ingresos futuros de los inquilinos, además de la angustia por no saber si podrán devolverlos o no. También se optó por “comerse” los ahorros, buscar salidas con emprendimientos o directamente solicitar las medidas de emergencia que aplicó el Estado para contener la situación.
Los jóvenes son los que más alquilan. El 52,7% tiene entre 18 y 35 años, seguidos por los de 36 a 50 años, lo que demuestra la dificultad, cada vez más marcada, de acceder a una vivienda propia. Un 39,8%, además, lo hace en barrios populares donde no existen servicios básicos esenciales garantizados, sostiene el informe, un 20,4% lo hace en habitaciones y un 12% en pensiones. Ésto implica vivir en espacios muy reducidos, a veces con baños y cocinas compartidas.
El estudio se enfocó en realizar un análisis por género y arrojó que el 45% de las mujeres vive en los barrios populares, mientras que el 30,6% lo hace en habitaciones y hoteles, donde “están más expuestas a los abusos de poder, el hostigamiento y amenazas de desalojo de los propietarios”.
De los hogares monoparentales – ya se explicó que la abrumadora mayoría está encabezado por mujeres -, hay madres que enfrentan a la falta de aportes por parte de los padres, lo que dificulta el panorama. El 79% de ellas vieron rebajados o cortados sus ingresos y tuvieron que recurrir a sus redes de cuidado para poder salir adelante. Pero, además, dentro del 33,2% de los casos que sufren amenazas o maltratos por parte de las inmobiliarias o los propietarios, en estos casos el hostigamiento y las amenazas de desalojo es el mayor de los problemas, con un 51,2%.
El sector LGBTTIQ+ es el que ve más dificultados sus ingresos y la posibilidad de pagar el alquiler, por lo que recurre al propio colectivo o a organizaciones sindicales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Las mujeres trans son las que más alquilan (69,8%), seguidas por otro (16,4%), travestis (10,3%) y varón trans (3,4%). Y “sólo un 50,9% vive en departamentos o casas, mientras que el 49,1% restante vive en condiciones mucho más precarias y expuestas/os a abusos de los propietarios”, considerando las “constantes situaciones de discriminación, tanto por el trabajo que ejerzan, como así también, por la identidad de género”.
El 84,5% manifestó no poder abonar el mes de mayo, situación que se hace más difícil en travestis (que aseguraron no poder hacerlo en el 100% de los casos) y mujeres trans (93,8%). Ambos dejaron de percibir ingresos durante la cuarentena (66,7% y 70,4% respectivamente). Una situación alarmante.
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