Miles de cordobeses se sumaron en esta Capital y las principales ciudades del interior a distintas marchas en automóviles, en apoyo a los médicos y otros integrantes de los equipos de salud, como enfermeros y paramédicos, que combaten la pandemia por el coronavirus. Muchos de los profesionales de la salud se movilizaron protegidos con sus barbijos y vestidos con sus ambos laborales. Los manifestantes rechazaron las imputaciones a los dos médicos del geriátrico Santa Lucía de la localidad de Saldán, uno de los focos más importantes de esta provincia, en la que murieron ocho pacientes. En Córdoba hay 28 víctimas fatales por COVID-19.
Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) –fue creada especialmente por decreto con la aparición de la pandemia del coronavirus- imputó el viernes pasado al médico Lucas Figueroa por infracción al artículo 202 del Código Penal, que prevé penas de 3 a 15 años de prisión al que propagare enfermedades peligrosas y contagios contra la integridad de las personas.
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Mientras que al director médico del geriátrico Santa Lucía, Marcelo Lázaro, el fiscal Godoy lo acusa de violación del artículo 203 del código que prevé además de escalas de multa condena de prisión de seis meses a cinco años en los casos que se producen muertes.
El médico Lucas Figueroa fue quién había advertido a su jefe Lázaro sobre la falta de medidas de seguridad y protección para los residentes y empleados. A principios de abril murió una paciente de esa residencia que padecía cáncer y otras patologías respiratorias: “En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos; solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”; denunció el médico en una carta pública.
Esa muerte impulsó las sospechas que en el geriátrico Santa Lucía podría haber un foco de Covid. El propio médico Figueroa había solicitado reiteradamente que lo someterieran al testeo para determinar si estaba sano o infectado con el virus corona.
Tras esa primera muerte y el resultado positivo para el médico, se supo que de los 75 ancianos residentes y los 35 empleados, se constataron 65 portadores de Covid-19 entre los que presentaban síntomas y los asintomáticos: 50 adultos mayores y 15 empleados.
Luego de conocerse el foco infeccioso, el Ministerio de Salud cordobés denunció penalmente el 15 de abril al dueño de la residencia Santa Lucía, Rafael López Peña y al director médico Marcelo Lázaro. Sospechosamente, el viernes pasado, el fiscal Godoy imputó a Lázaro y al médico denunciante; pero dejó fuera de toda sospecha al propietario López Peña.
Tras la imputación al médico Lucas Figueroa, sus colegas de las Sierras Chicas –las localidades de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos y Unquillo- comenzaron una campaña por whatsapp en solidaridad: “No somos héroes ni asesinos, somos médicos. Basta de maltratos. Basta de culparnos. Basta de amenazas”. Rápidamente se viralizó a colegas de toda la provincia de Córdoba y al resto del país.
En la Capital hubo varios miles de vehículos que partieron de la plaza Colón y recorrieron las principales avenidas con bocinazos y volanteadas. Se sumaron algunas amblancias con sus sirenas. La caravana de trabajadores de la salud, de tres carriles, llegaba hasta la avenida de Circunvalación, camino a Villa Carlos Paz.
El presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, Andrés de León rechazó las imputaciones: “Es una pésima noticia y totalmente incomprensible. Nos llena de estupor que la Justicia, que lleva dos meses parada, proceda así. El médico del lugar, Lucas Figueroa, con su buen accionar puso en alerta de que podía haber contagios; es más, él fue contagiado por alguien del geriátrico. Este médico actuó con responsabilidad al sospechar que había presencia de virus; de hecho no hubo casos afuera del geriátrico, solo su familia. Hoy está sin trabajo y encerrado en su casa. Yo me pregunto ¿por qué no imputaron al dueño del geriátrico y sí a los médicos?”.
De León agregó: “Esta imputación es un atropello a la dignidad profesional y un desmesurado accionar judicial que atenta contra el adecuado ejercicio de la medicina, más aún en momentos como los que atravesamos, manteniéndose vigentes las medidas de excepción, que hacen a los médicos encontrarse en el primer lugar para buscar restablecer la salud de la ciudadanía, siendo expuestos al escarnio público, criminalizando sus conductas”. El presidente del Consejo de Médicos de Córdoba fue recibido esta tarde por el ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, ante quién presentó una serie de reclamos por la situación de los trabajadores de la salud y contra la persecución judicial.
En declaraciones al canal de tevé El Doce –pertenece al Grupo Clarín-, el propietario de la residencia Santa Lucía, Rafael López Peña, dijo que el fiscal Andrés Godoy “es brillante” y estimó que “el fiscal va a desestimar la denuncia” presentada en su contra por el Ministerio de Salud a mediados de abril. En el ámbito de la salud no pasó desapercibido que las imputaciones sólo fueron contra los médicos, ya que Rafael López Peña es el padre de Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.
Por su parte, María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) señaló: “Es un hecho gravísimo que se inscribe en la preocupante política estatal, ya no sólo del Gobierno sino también del Poder Judicial, de culpabilizar a los trabajadores de salud, en lugar de escuchar a quienes denuncian sobre el grave estado del sistema de salud, como lo había hecho el propio Lucas Figueroa al director de la residencia. En vez de investigar a las empresas que lucran con la salud de los adultos mayores y hacen negocios con el PAMI, van contra los trabajadores y trabajadoras. Creemos correcto que se investigue de manera independiente sin buscar chivos expiatorios”.
La dirigente de federación sindical de trabajadores de la salud destacó que “con más de 1.100 enfermos y 10 fallecidos, los trabajadores de la salud estamos sufriendo con intensidad el impacto de la pandemia. Sin embargo, a contrapelo del reconocimiento social, hay funcionarios ejecutivos y judiciales que consideran a los trabajadores sanitarios como extraterrestres y los acusan de enfermarse y transmitir la enfermedad”.
Medardo Avila Vázquez de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), le dijo a El Destape: “La imputación del médico Lucas Figueroa, que denunció la falta de medidas de prevención en un lugar sensible como el geriátrico de Saldán es un atropello a las libertades de los ciudadanos; pero además es un ataque a los miles de trabajadores de la salud que poniendo en riesgo sus vidas, combaten diariamente la pandemia del Covid-19. Acá hay un responsable primario de la situación que es el Ministerio de Salud de Córdoba que no activó a tiempo los controles correspondientes en el geriátrico Santa Lucía, como tampoco lo hizo en otros geriátricos, clínicas y sanatorios. No se puede criminalizar a los trabajadores de la salud por los errores de quienes deben velar por nuestra seguridad”.
La presidenta de la Asociación de Auditoría y Calidad de Atención Médica de Córdoba, (ASACAM), Verónica Moreno, también se sumó a las críticas: “Nos preocupa mucho la imputación judicial a los colegas médicos que cumplían funciones en un geriátrico de Saldán, entendiendo que por la mayor exposición que tienen los trabajadores de la salud al virus, sumados al multitrabajo y la falta de lementos profesionales de protección, todos los profesionales de la salud quedamos expuestos a situaciones judiciales semejantes”.
“Entiendo que la imputacion a los dos médicos del geriatrico Santa Lucía es una medida apresurada que trae aparejado un mensaje peligroso, como es la estigmatización de los trabajadores de la salud. Son los médicos, las enfermeras, camilleros y otros tantos, quienes día a día se enfrentan a esta pandemia, a propio riesgo de sus vidas. A nadie se le ocurre que un médico puede haberse contagiado el virus y haber propagado intencionalmente el virus a su familia”, opinó el reconocido médico Daniel Pizzi, ex secretario de Salud de la Provincia y ex director del Hospital Pediátrico.
En la zona de las Sierras Chicas hubo más de 100 vehículos: “Los trabajadores de la salud no queremos que nos aplaudan a las 21, queremos un trato digno; nos oponemos al multitrabajo y a que nos estigmaticen como pasó en el caso de Lucas Figueroa”, señaló Julio Viscardi, que participó de la protesta en esta zona y es dirigente de ASACAM.
En Río Cuarto, en tanto, la caravana que partió desde el Centro Cívico y pasó por la plaza Roca, superó los 300 automóviles. El reclamo fue el mismo que en otros puntos de la provincia: "Contra la precarización y criminalización de los trabajadores de la salud".
Luego del generalizado repudió a las imputaciones, desde la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria que dirige Andrés Godoy, señalaron que las actuaciones judiciales “están vinculadas a dos profesionales médicos específicamente, y en una situación particular que es investigada”. Y aclararon: “De ninguna manera tiene vinculación con los equipos de salud que se desempeñan en el marco de la grave crisis sanitaria”.
El fiscal Godoy aseguró que “lo actuado fue análisis de material colectado durante la instrucción”, y especificó que se tomó en cuenta “la denuncia formulada por el Ministerio de Salud de la Provincia, al informe del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, a los testimonios receptados al personal de los equipos de trabajo que desempeñaban tareas en la residencia, a informes del PAMI y a abundante prueba informativa y documental incorporada”.
Godoy agregó que la investigación a su cargo detectó “graves y serios incumplimientos e irregularidades por parte del personal médico que desempeñaba tareas en el geriátrico mencionado respecto de los protocolos elaborados por la autoridad sanitaria”; a la vez que no se hizo caso a “la específica normativa que rige el desempeño de profesionales médicos, en particular, la de aquellos que llevan a cabo tareas en residencias geriátricas”.
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