Este miércoles, la Cámara 8ª del Crimen de los Tribunales II de Córdoba comenzó con la lectura de la acusación contra los 13 policías que asesinaron a Blas Correas (17) y luego conspiraron para que el crimen quedara impune, fingiendo un enfrentamiento con delincuentes que nunca existió. Esta semana será clave en el desarrollo del juicio, a dos años del homicio del adolescente.
La mamá de Blas, Soledad Laciar llegó a Tribunales II acompañada por su hijo Juan y los amigos que iban la noche fatal en el Fiat Argo baleado por la Policía de Córdoba: Juan Cruz Camerano, el chico que manejaba; Cristóbal Bocco y Mateo Natalí, iban sentados al lado de Blas; y Camila Toci, novia de Juan Cruz, quien se ubicó en el asiento del acompañante. Los chicos salvaron sus vidas milagrosamente. “Estos pibes que están acá corrían a salvar a su amigo y eso no lo olvide nunca nadie. Siempre los voy a defender y en ellos encuentro la fuerza en seguir adelante”, dijo la madre de Blas antes de ingresar a la sala de audiencias de la Cámara 8ª.
Los principales acusados de haber asesinado a Blas Correas son los autores de los disparos, los cabos primero Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36), imputados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”. Las pericias confirmaron que la bala que mató al adolescente salió de la pistola de Gómez, un policía que no debería haber estado patrullando y mucho menos armado, por haber encubierto años antes, a un violador serial.
Luego de la lectura de la acusación, Gastón Schonfeld defensor del policía Lucas Gómez –es socio del estudio Carlos Nayi- solicitó a los jueces de la Cámara 8ª que no se le dé participación a Claudio Orosz, abogado de la Secretaría de DDHH de la Nación en su rol de amicus curiae. Mientras que Martín Cafre, defensor del policía Walter Soria, afirma ante el Tribunal que quienes se constituyeron en amicus curiae han adelantado posición y valoraciones en medios periodísticos. El fiscal Marcelo Hidalgo rechazó el planteo de los defensores, en particular el del Estudio Nayi, y sostuvo que “la participación del Estado en los procesos como garante del cumplimiento de pactos internacionales en materia de Derechos Humanos es una política pública”. Los jueces Marcelo Jaime y Juan Manuel Ugarte deben resolver la cuestión.
Otros imputados
También están sentadas en el banquillo de los acusados las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Wanda Esquivel (33) y Yamila Martínez (24), quienes son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). La policía Esquivel declaró que le ordenaron plantar un arma para inculpar a las víctimas. En las recorridas, se halló un viejo revólver inutilizado que había tirado Esquivel envuelto en una bolsa.
El cabo Leonardo Martínez (28) y el agente Rodrigo Toloza (26) están acusados de “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente”; mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (25) y el cabo Leandro Quevedo (30) tienen la misma imputación, pero por otro hecho. El comisario Juan Antonio Gatica (45) completa la nómina de los 13 policías que irán a juicio y está imputado por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.
Inexplicablemente, no será juzgado el oficial motociclista Ezequiel Henot, quien esa madrugada cacheteó a Juan Cruz Camerano, el amigo que llevaba a Blas malherido hacia un hospital en su Fiat Argo.
Otro de los responsables del crimen de Blas Correas y que no estará en el juicio es el comisario mayor Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad Capital, quién fue sobreseído en un juicio de tramite rapidísimo. Con el sobreseimiento de Cumplido, se cortó la cadena de responsabilidades funcionales y políticas que llegaban hasta el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Por este fallo, horas antes de iniciar el juicio por el crimen de Blas, la mamá de la víctima le apuntó al sistema político y judicial provincial: “Cumplido se fue de la Policía acusando al Gobierno de distintas presiones. Y nadie del Gobierno lo desmintió. Este juicio será el lugar donde le vamos a pedir explicaciones a Cumplido sobre las acusaciones que dio. No nos conformamos con las explicaciones que nos dieron, acá deben ser juzgados todos los responsables por el asesinato de Blas, no sólo los 13 que estarán sentados hoy en el juicio”, le dijo Soledad Laciar a El Destape.
La madre de Blas señaló que “acá hay que cambiar el sistema, Córdoba no es modelo de nada, 25 años del mismo signo político contamina todos los poderes, no tenemos una Justicia independiente. En estos dos años desde que asesinaron a Blas, no cambió nada. A los chicos los siguen matando”.
Un dato que no pasó desapercibido es que los policías que dispararon contra el Fiat Argo y mataron a Blas, Javier Alarcón y Lucas Gómez, no se sentaron en primera fila, sino en el medio de los otros 11 policías, quienes están acusados de encubrimiento.
Caso testigo para Amnistía Internacional
Ayer, la sede argentina de Amnistía Internacional organizó una rueda de prensa para visibilizar este caso de gatillo fácil: “El caso de Blas marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba. La sociedad no admitirá que se trate de otro caso más de impunidad”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. En el evento participaron soledad Laciar, su hijo Juan; el papá de la víctima, Blas Correas y el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno.
García Rey agregó que “este juicio es un paso fundamental para combatir la institucionalización del abuso de la fuerza y la violencia policial. Hoy la confianza de la sociedad en la justicia y fuerzas de seguridad está fracturada. El Estado tiene que mostrar que es capaz de investigarse a sí mismo, y con ello estar dispuesto a romper la trama de poder que subyace a estos casos. Los resultados de este proceso pueden constituir una oportunidad en la dirección correcta para poner fin a la impunidad en Córdoba y Argentina”.
Hace un año, cuando se cumplió el primer aniversario del crimen, Amnistía Internacional realizó una campaña gráfica nacional visibilizando el hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Conurbano y en ciudades del interior, como Rosario. En Córdoba, las empresas de cartelería le informaron al organismo internacional que no había espacios disponibles. Esta semana ocurrió exactamente lo mismo en Córdoba: “Quisimos colgar carteles en Córdoba respetando los procesos de pauta del espacio público, pero las agencias encargadas recibieron presiones para no hacerlo. Lo que debiera ser una oportunidad para la reflexión social, hoy se transformó en censura”, denunció Paola García Rey.
Y Juan, hermano mayor de Blas, confirmó que “es la segunda vez que nos censuran en Córdoba los carteles que piden justicia. No puede ser que el Gobierno nos esté haciendo esto”. La mamá de Blas consignó que “lo que pasó con Blas dejó al descubierto la manera de obrar de la Policía de Córdoba y la falta de compromiso del Gobierno porque eso cambie”. En las redes sociales #JusticiaPorBlas fue tendencia y el Gobierno de Córdoba monitorea el impacto del juicio en la imagen del gobernador Juan Schiaretti.
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