En un discurso cuyo punto de partida fue “empezar a dejar atrás la pandemia”, Alberto Fernández incluyó varios párrafos dedicados al desarrollo científico–tecnológico. Prometió fortalecerlo con “un enorme impulso (…) para lograr una creciente autonomía que permita aportar a la resolución de los problemas del país”.
Entre los anuncios, figuran “actualizar la Red Federal de Fibra Óptica para incrementar 10 veces la capacidad del tráfico de banda ancha” y avanzar en la construcción de un cuarto satélite de comunicaciones, Arsat SG-2 (que se fabricará simultáneamente con el Arsat SG-1, actualmente en marcha), para exportar servicios de valor agregado en América del Sur y brindar soluciones de conectividad en banda ancha.
“Uno de los grandes objetivos del presente año será iniciar un proceso de federalización de la ciencia”, dijo. Y más adelante agregó que en los próximos días estará enviando al Congreso el proyecto de Ley del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030, debatido y concertado con integrantes de la comunidad científica, universitaria y productiva.
Una premisa para poder avanzar hacia ambas metas es el cumplimiento de la Ley 27. 614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (aprobada el 24 de febrero de 2021), que establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia técnica hasta llegar al 1% del PBI en 2032, o cuatro veces el que rige en la actualidad.
Este año, ese crecimiento debería comenzar pasando del 0,28% al 0,31% del PBI. En términos absolutos, eso equivale a 187.944 millones de pesos para el conjunto de entidades que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología. En pesos constantes 2022, todavía por debajo, pero cerca del monto de 2015.
Dentro de la “función ciencia y técnica” del presupuesto figuran el Conicet, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación i+D+I y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y las fundaciones Manuel Sadosky y de Nanotecnología. También, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que está en el organigrama del Ministerio de Producción, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en Energía, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Agricultura. Además, aparece con presupuesto propio la Agencia I+D+I y el Servicio Meteorológico Nacional.
Aunque versiones oficiosas aseguran que el ministro Martín Guzmán prometió que los aportes se concretarán igual, la situación es más incierta sin la ley promulgada. El desarrollo de vacunas, radares, buques, drones, la industria satelital, el lanzador satelital, todos planes en marcha, exigen una financiación que se acerque a los niveles mínimos como para traccionar la inversión privada en un país en el que empresarios y compañías privadas son mayormente renuentes al riesgo.
Una prueba de lo difícil que es traducir en hechos un rumbo (el de agregar inteligencia, conocimiento, valor a las riquezas naturales del país) que a esta altura ya no se discute en el mundo, es que muchas de las promesas que hoy se escucharon son de larga data y todavía no pueden concretarse.
El presidente también volvió a hablar de movilidad sustentable, de las ganancias y los puestos de trabajo que le pueden dejar al país sus reservas de litio, pero en cambio pasó por alto proyectos emblemáticos de tecnología nuclear, como el Carem, un pequeño reactor modular de baja potencia, el primero en su tipo íntegramente diseñado y construido en la Argentina, el programa de medicina nuclear, que está instalando el Centro Argentino de Protonterapia (un proyecto conjunto de la CNEA, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Oncología Angel Roffo), el reactor RA-10, una gran obra que se construye en Ezeiza para abastecer las necesidades locales y aumentar las exportaciones de radioisótopos de uso médico.
Otro segmento del discurso que merece atención por la urgencia del problema, especialmente ante las conclusiones del nuevo informe del IPCC, que se presentó ayer, es lo que el presidente consideró “un tema prioritario” para el gobierno: “los eventos climáticos que estamos atravesando y sus catastróficas consecuencias a nivel humano, natural y productivo”.
Además de los compromisos asumidos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow (limitar un 27,7% más las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, lo que implica tomar complejas decisiones políticas en materia de nuestra matriz energética y productiva), anunció un Plan Nacional de Forestación que plantará 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023. Cabe destacar que esa medida deberá realizarse con las debidas precauciones para que en lugar de contribuir a la captura de dióxido de carbono, termine por aumentar su liberación, como advierte el organismo internacional. Ya tenemos una ley de bosques que no se cumple y es importante tener en cuenta que tan o más importante es no deforestar, una tragedia que no se detiene. Y sigue pendiente la sanción de la Ley de Humedales, que ya perdió estado parlamentario tres veces.
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