“Demoniza alimentos”. “Llevará a la pérdida masiva de empleos”. “Asusta en lugar de educar”. Estos son algunos de los argumentos que se esgrimen en contra de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la inclusión de un sistema de octógonos negros que advierten cuándo los productos contienen exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías, todos asociados con un aumento del riesgo de obesidad y otras patologías no transmisibles.
Sin embargo, nada de eso parece ser cierto, de acuerdo con la experiencia reunida en el grupo de países de la región que ya implementaron normas similares. Representantes de cada uno de ellos (Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay), además de funcionarios de organismos internacionales como las Naciones Unidas, OPS, Unicef y FAO expusieron ayer las evidencias que respaldan esta afirmación durante una jornada virtual dedicada a “Cómo se aplica y qué pasa con el etiquetado de advertencias en otros países. Aporte de la experiencia y la evidencia internacional”.
“En la Argentina, este desorden es responsable de 135.000 muertes anuales, pero además representa costos para la industria y el comercio. A los empleadores, puede significarles entre 14.000 y 28.000 dólares por año”, detalló Fabio Sa Silva Gomes, asesor de Nutrición y Actividad Física, Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental (OPS/OMS). Solo para mencionar un dato, en México se estima que, con un descenso del 15% en la obesidad, el ahorro derivado de la prevención de patologías asociadas rondaría los 8000 millones de dólares.
En Chile, que fue pionero en la región, el proceso desde la tramitación hasta la reglamentación no fue fácil, llevó 12 años. “La buena noticia es que se puede –sostuvo Cristian Cofré Sasso, Asesor Técnico del Departamento de Alimentos y Nutrición/División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud de Chile–. Sufrimos amenazas y presiones, pero los resultados fueron sistemáticamente positivos. Hoy, más del 80% de la industria alimentaria cumple las reglas, y la gran mayoría de los consumidores perciben que es una buena política, con una valoración de 5 a 6 en una escala de 1 a 7. Más del 90% reportan que vieron los sellos y les importan en el momento de elegir un producto, que son claros y fáciles de entender, y del 65 al 73% escogen productos con menos ‘altos en’. Además, esto impacta particularmente en la percepción de los niños”.
Más allá de las declaraciones en las encuestas, en ese país disminuyó la compra de bebidas azucaradas y la de postres entre un 17 y un 23%. Y el etiquetado tuvo impacto en la reformulación de los productos, que ya seis meses después de promulgada la ley empezaron a tener menos contenido de nutrientes críticos.
Algo similar ocurrió en Perú, donde hace alrededor de una década se avanzó en una ley que dispone el etiquetado frontal de los alimentos, contó Alexandro Saco, Director de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Perú.
En Uruguay rige una norma parecida a la argentina. “A 10 días de la entrada en vigor del primer decreto, ya el 87% de los encuestados conocía la medida, el 94% la consideraba de buena a muy buena y el 87% dijo que influía en su decisión de compra –contó Cristina Lutemberg, Diputada y ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública de Uruguay–. Trabajamos mucho para que esto se mantuviera en la transición de un gobierno a otro”.
En Colombia, tras siete años de trabajo, hace algo más de un semestre que cuentan con una ley de etiquetado de los alimentos, relató Mauricio Toro, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. “Las evidencias nos permitieron demostrar la importancia de implementarla –aseguró–. Ahora estamos avanzando con la regulación de las bebidas azucaradas y los entornos escolares. Se trató de confundir a la población diciendo que ‘procesamiento’ era sinónimo de ‘inocuidad’, y que ya Colombia tenía sistemas que garantizaban la seguridad de los alimentos. Se alegaba que los ‘agregados’ eran positivos y que no había que confundir con más advertencias. Se difundió que iban a quebrar muchísimas actividades y que no se podían prohibir productos aprobados, cuando la intención de esta norma no es prohibir sino informar”.
El economista Guillermo Paraje, investigador en economía de la salud en países en desarrollo y Profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez que declaró no tener ningún conflicto de interés, estudió el caso del etiquetado frontal y el mercado laboral en Chile y concluyó que no se había cumplido la premonición de que “caerá la demanda de los productos con advertencias, y eso se traducirá en pérdida de empleos y caída de salarios”.
“Lo que dice la teoría económica es precisamente lo contrario –subrayó Paraje, que publicó su estudio en Food Policy–: que no deberían caer ni el empleo ni los salarios reales. Lo que deja de gastarse en alimentos etiquetados, pasa a los no etiquetados, o a otros bienes y servicios. Incluso es probable que ni siquiera caiga el empleo sectorial, ya que el sector alimenticio es oligopólico, dominado por empresas multinacionales que tienen un portafolio amplio de bienes (que potencialmente incluye ‘etiquetados’ y 'no etiquetados’). Analizamos el cambio antes y después de la ley, a partir de lo que dice el servicio de impuestos internos que tiene información de empleo y salario de todas las empresas formales de Chile. Lo que encontramos fue que no hay ningún efecto. Y en el caso de los salarios, lo mismo. Ocurrió igual con el impuesto a las bebidas azucaradas en México”.
En Chile, el consumo de bebidas azucaradas se redujo casi 25% (una de las mayores caídas registradas en el mundo). Y la proporción de productos “altos en azúcares” pasó del 80% al 60%, mientras que los “altos en sodio” pasó del 74% al 27%.
“Esta ley tiene que ver con las capacidades del Estado para proteger a su sociedad –expresó Roberto Valent, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en la Argentina–. Está vinculada con los principales factores de riesgo en nuestra región: hipertensión, obesidad, diabetes, impulsados en gran medida por azúcares, grasas saturadas y trans, y sodio agregados a los comestibles. El etiquetado es solo un mecanismo que visibiliza información trascendente y obliga a poner en marcha un nuevo tipo de compromiso. Modificar no solo cómo nos alimentamos, sino también cómo producimos, comercializamos… y se debe regular principalmente con el criterio del interés público. Saber qué contiene cada alimento es un derecho”.
“La creciente epidemia de obesidad y enfermedades no transmisibles tiene mayor impacto en los sectores más vulnerables –agregó Eva Llopis, representante local de la OPS–. La Argentina se ubica en los primeros puestos en sobrepeso y obesidad en la región. Según los últimos datos, estas patologías fueron responsables de casi el 40% de todas las muertes e implican tres millones de años de vida perdidos, además de otros impactos como la reducción de la probabilidad de empleo… La educación alimentaria es importante, pero no suficiente. Necesitamos leyes que protejan a los niños y niñas de la publicidad, y que los entornos escolares sean seguros”.
Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el 65% de los adultos y el 41,1% de los chicos de entre 5 y 17 años tienen exceso de peso, un nivel que se encuentra al tope del ranking en la región y viene creciendo de manera sostenida y sistemática. “Es en la población de menores recursos donde la inseguridad alimentaria y el hambre conviven con la obesidad –dijo Luisa Brumana, representante de Unicef–. Uno de los motivos es que estas personas suelen estar inmersas en entornos no saludables donde tienen mayor acceso a productos ultraprocesados; entre ellos, la escuela. Además, estos son fuertemente publicitados y muy efectivos cuando se dirigen a niños, niñas y adolescentes. En las encuestas realizadas, uno de cada dos en esta franja de edad reconoció que había pedido un alimento porque lo había visto en una publicidad. Eso da una idea de la importancia de las redes sociales y las plataformas digitales. El estado argentino y todos nosotros tenemos la obligación de actuar para que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes y para que no sean discriminados. Tenemos que elaborar políticas que permitan regular el derecho a la información nutricional”.
“Esperamos que esta ley sea una realidad muy pronto –coincidió Tito Díaz, representante de FAO Argentina–. La sociedad demanda información clara y precisa sobre los alimentos. Esta norma puede impulsar un cambio en los hábitos alimenticios, pero también puede significar oportunidades para la industria. La experiencia de otros países corrobora que es posible tener ese impacto social, económico y ambiental”.
En la Argentina, la ley, que tiene media sanción del Senado casi por unanimidad y en la que confluyen 30 proyectos, contempla la información nutricional con octógonos de advertencia de exceso de nutrientes en el frente de los envases, la prohibición de publicitar esos productos para niños o de utilizar personajes infantiles, y la prohibición de su venta en entornos escolares. Aun sin fecha para ser tratada en Diputados, debe hacerse antes del fin de octubre para que no pierda estado parlamentario, y fructifique el esfuerzo de muchos años de legisladores y la sociedad civil.
“De aprobarse prontamente, la Argentina dará un paso sustantivo en materia de salud pública, en la protección de derechos y en la mejora del sistema alimentario”, destacó Llopis.
Por su parte, Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, también destacó que “Esperamos que se pueda sancionar y ya estamos trabajando para su regulación. El ministerio de salud está comprometido porque esta ley garantiza el derecho a la salud”.
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