Luego de promulgarse la Ley de Interrupción de Embarazo, en San Juan un hombre presentó una medida cautelar para evitar que su ex esposa pueda realizarse un aborto legal. La mujer ya ha solicitado a la obra social que autorice la práctica respaldada por la norma, sancionada en diciembre de 2020, pero la otra parte busca impedirlo a través de la Justicia.
El artículo 4º de la ley establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. La mujer que busca, en este caso, interrumpir el embarazo se encuentra en la semana 12 por lo cual, la Justicia deberá expedirse de manera inmediata.
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Aunque el hombre tiene expectativas en relación al resultado de su pedido, uno de los diputados que le dio luz verde a la ley, Francisco Guevara, explicó a El Destape: “La ley protege a la persona gestante psicológica, emocional y físicamente, aún después de haberse interrumpido el embarazo”. Al tratarse de una mujer mayor de edad, no necesita un consentimiento por parte de un tercero; tampoco se interponen los derechos del padre, en este caso, ya que esos derechos no son viables porque el ser gestado no es considerado “persona”, ante la ley.
Con respecto a la solicitud de la mujer sobre la obra social, la ley refleja con claridad los pasos a seguir: “Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.
Dentro de la ley también está aclarado que “deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros”. Mientras tanto, desde la defensa del hombre manifestaron que se trata de “un papá que está presente y devastado por la posibilidad de perder a su hijo”.
Consultado por el tema, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, manifestó a este medio que “la Justicia tiene que rechazar de inmediato la presentación porque un hombre no tiene ninguna legitimación para interponer ningún tipo de acción en términos de impedir que una mujer o persona gestante ejerza su derecho de interrumpir voluntariamente un embarazo”, explicó.
Sobre la postura de la abogada defensora, Mónica Lobos, de que el derecho a la vida es absoluto, pero el derecho de la mujer no, expresó que “eso ya se debatió en el Congreso con la Ley. Es una discusión que ya está, una discusión villanista. Lo podrá plantear porque tiene derecho a la justicia, pero no tiene ningún tipo de fundamentos ni constitucional ni convencional”.
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