Desde 2020 Argentina cuenta con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que contempla este procedimiento hasta la semana 14 inclusive. Según el último informe del proyecto Mirar (dependiente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y la organización Ibis Reproductive Health) encargado de monitorear la implementación de este derecho en el país, durante 2022 se registraron 96.664 interrupciones del embarazo en el sector público, lo que representa el incremento de un tercio respecto del año anterior (73.487).
“Esta tendencia de aumento en el número de abortos es similar al observado en otros países durante la implementación de políticas públicas de acceso al aborto. Inicialmente, el número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, explica el reporte.
Entre 2021 y 2022, casi todas las jurisdicciones aumentaron el número de interrupciones voluntarias del embarazo e interrupciones legales del embarazo realizados en servicios de salud públicos. En el caso de San Juan, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Chaco el incremento fue entre el doble y el triple.
La diferencia entre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) radica en el momento y motivo por el cual se realiza el procedimiento. Tal como se consigna en el sitio oficial del gobierno, la IVE hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana catorce inclusive de gestación. En cambio, la ILE hace referencia al derecho al aborto en caso de que el embarazo sea producto de una violación o si está en peligro la vida o salud de la persona gestante.
En esta dirección, el informe relata que creció un 98 por ciento la oferta de servicios tanto de IVE como de ILE. Según lo que detalla, antes de la sanción de la ley, eran 907 los efectores que brindaban acceso al aborto en centros de atención primaria de la salud y hospitales. El número creció a 1.327 en 2021 y a 1.793 en 2022. No obstante, esta tendencia no es la misma en todo el país, ya que en provincias como Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego mantuvieron la misma oferta o la disminuyeron.
Respecto de la mortalidad materna, se plantea que hubo un descenso de la proporción de muertes maternas por aborto: pasó de 23 en 2020 a 13 en 2021.
Producción nacional
Las políticas durante los últimos dos años estuvieron orientadas al suministro de insumos para acceder a un aborto. Así, en 2022 el Estado financió la adquisición de misoprostol (medicamento que produce contracciones en el útero y provoca así la expulsión del contenido uterino) y se distribuyeron 62.323 tratamientos.
También, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata acordaron el desarrollo y la posterior producción pública de mifepristona, un medicamento que combinado con el misoprostol aumenta la eficacia de las interrupciones de embarazo con tasas de éxito de hasta un 98 por ciento. Este convenio se suma a la producción de mifepristona que realiza el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe.
Asimismo, la cartera de Salud a nivel nacional inició ese año la distribución del tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol a través de REMEDIAR, programa que brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a los centros de salud de todo el país.
Este año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la comercialización de la mifepristona lo que permitió su distribución y venta con receta en farmacias y su uso en los sistemas de salud público, obras sociales y prepagas.
Estas políticas no solo acompañan la implementación de la Ley 26.710 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo sino que también van en línea con la OMS, que considero a la mifepristona y al misoprostol como drogas esenciales para proveer servicios de salud de calidad para situaciones de aborto.
Qué queda por hacer
Según reportó el proyecto Mirar, el número de abortos seguros creció, la mortalidad materna disminuyó y el Estado incrementó la producción y comercialización de medicamentos para realizar la interrupción del embarazo. Ahora bien, ¿cuáles son los próximos desafíos? El informe manifiesta que aún no existe un sistema de registro a nivel nacional que permita conocer el desempeño del servicio de IVE e ILE, el perfil de las personas que acceden y el tipo de tratamiento recibido; de igual manera sucede con la información de las provincias: aquellas que proporcionan datos (no todas) lo hacen con criterios distintos entre cada una. Los monitoreos que hay pertenecen a organizaciones civiles que observan la implementación de este derecho.
En este sentido, tambien se carece de un reporte sistemático de las prestaciones de aborto realizadas por las obras sociales y las prepagas. Si bien la Superintendencia de Servicios de Salud posee información de sus obras sociales, esta es parcial ya que no cubre el 100 por ciento de las que tiene el organismo bajo su jurisdicción.
Por último el reporte señala que todavía se debe avanzar en proporcionar educación sexual integral, las opciones de anticonceptivos que hay y las vías para realizarse un aborto en caso de ser necesario. Asimismo, destaca la existencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud. Esto “plantea interrogantes sobre la imparcialidad y neutralidad que deberían prevalecer en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, señala.
En un año electoral, a pocos días de las PASO y con algunos candidatos que abogan por la derogación de la ley de aborto se vuelve esencial el monitoreo y la vigilancia del cumplimiento de este derecho.
Con información de la Agencia de Noticias Científicas
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