Se palpita que estamos en tiempos de aborto legal. Los largos años de Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito dieron un salto de cantidad y calidad con el debate y las multitudinarias movilizaciones del año 2018, contribuyeron para consolidar el consenso social respecto al cambio de Ley. Se discutió sobre la interrupción voluntaria del embarazo en las plazas, en las casas y en todos lados. Pero además hoy contamos con una diferencia sustantiva: por primera vez desde el Poder Ejecutivo se promueve una Ley y se envía al Congreso para su debate.
El Presidente Alberto Fernández asumió como compromiso electoral que iba a impulsar la legalización del aborto, rompiendo el mito del tema como “pianta votos” y demostrando que los apoyos políticos son a un proyecto en un sentido global, y no por un tema específico, por más importante que este sea. Porque sabemos que el apoyo al Frente de Todos también cuenta con sectores que tienen otra posición o que incluso no la tienen tomada. Pero además, lo ratificó el 1° de marzo en la apertura de sesiones planteando algo que es imprescindible restañar luego de cuatro años de puro márquetin político: que la palabra empeñada es compromiso político efectivo.
Es significativo que se promueva el debate junto a la iniciativa de la Ley de los 1000 días porque mejora el alcance de las políticas públicas frente a las decisiones reproductivas, o no, de las mujeres. Una política activa y de calidad tanto para quienes quieren continuar un embarazo como para quienes hayan decidido interrumpirlo.
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Las que militamos por los derechos humanos de las mujeres siempre defendimos una maternidad deseada, querida, buscada, cuidada. Estas dos iniciativas van en ese sentido. Junto a la educación sexual integral en todo el sistema educativo, el programa de salud sexual y reproductiva, la formación desde la Ley Micaela para todo el Estado es parte de una perspectiva integral que nos permitirá dar un salto de calidad en el derecho a la salud, la vida, la no discriminación y la igualdad para las mujeres y personas gestantes.
En el 2018 se escucharon más de 700 exposiciones, todas están accesibles para poder revisitarlas. Esta semana hubo tres jornadas intensas de debate. Sabemos que hay posicionamientos que son irreconciliables y que se deberá definir construyendo una mayoría. Así es la democracia y así debimos aceptar en el debate anterior el rechazo del Senado a la media sanción del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. A pesar de ese traspié, sabíamos que el saldo era altamente positivo, que estábamos más cerca de lograr en años venideros un número favorable, porque lo que ya no puede eludirse es la importancia de este debate. El negacionismo histórico respecto a los efectos adversos de la ilegalidad y clandestinidad del aborto ha ocultado toda su dimensión para la vida cotidiana de las mujeres. Pero esto ya es historia pasada. Muchas nos conmovemos en el debate, porque pensamos en nuestras abuelas, nuestras madres, en nosotras mismas. En cuantos silencios estigmatizantes, culpabilizadores, cuantas dudas, temores y preguntas que no se podían compartir, ni poner en voz alta.
Pero esto ya fue. Estamos asistiendo a un cambio de época en términos de poner en cuestión las estructuras patriarcales de poder, decisión y vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres. Porque cada vez tenemos una conciencia más cabal respecto a que no estamos discutiendo aborto si o aborto no, estamos discutiendo si vamos a seguir con la humillante clandestinidad del aborto o vamos a promover políticas de salud accesibles para todas.
La problemática puede ser abordada desde diversos puntos de vista: es un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos, de igualdad. Pero especialmente refiere al tipo de Estado y políticas públicas que queremos. En este punto no quiero eludir algo que suele quedar soslayado en la discusión y el otro día en su intervención la adorada Nelly Minyersky planteaba. Hablamos de sexualidad humana, hablamos de placer y parece que siempre queremos hacerlo desde la enfermedad y la muerte.
Decía en Diputados el martes 2 de diciembre que es claramente un tema de sexualidad. Sabemos que tenemos capacidad de gestar durante 30 a 40 años - desde los 12 hasta los 50 años. Un dato que nos confirma que muy excepcionalmente la genitalidad ligada al coito es ejercida para reproducirnos. Por más que existan todas las políticas preventivas, en 30 o 40 años algo puede fallar y efectivamente falla, porque no somos máquinas, de relaciones humanas se trata. Entonces siempre va a ser necesario, junto a políticas preventivas, tener acceso a la práctica del aborto en condiciones seguras. Lo que resulta inaceptable, es que se transforme a la gestación en una obligación o condena, por tener sexo. Es una forma de pretender anclarnos en el mandato de la biología, como forma de considerarnos un instrumento de la reproducción humana, más allá de nuestra propia voluntad y proyecto de vida.
El otro aspecto que necesitamos poner en debate es la responsabilidad de la decisión. Escuchamos agravios brutales contra las mujeres que abortan, desde irresponsables hasta asesinas e incluso genocidas y antipatria. Se afirma que si tuviste relaciones te la banques, que las mujeres interrumpen un embarazo por irresponsabilidad. En la inmensa mayoría de los casos es exactamente lo contrario. Las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de lxs otrxs, el 75 % de las tareas de cuidado familiar, comunitario y social lo hacemos las mujeres. No sólo cuidamos de lxs hijxs, también de las personas enfermas, de lxs ancianxs y de nuestras comunidades. Por toda esta experiencia de vida decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro. Estamos ante la enorme oportunidad de dejar atrás una normativa que además de ineficaz, es profundamente injusta en términos de género.
Pocas leyes tienen la oportunidad de hacer un cambio tan significativo en la vida y la salud de las mujeres de manera inmediata. Este proyecto salva vidas. Tiene múltiples impactos favorables. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo reduce el costo de las consecuencias de la clandestinidad para el sistema de salud, que frente a las complicaciones requiere de terapia, cirugías y diversas prácticas complejas y costosas. Se trata de una práctica ambulatoria y medicamentosa en el 95% de los casos, que puede realizarse en el primer nivel de atención. Se hacen menos abortos si es legal, porque se logra con la atención pos aborto el acceso a anticoncepción para evitar la repetición de las gestaciones involuntarias. La clandestinidad no permite operar sobre las causas que llevaron a los embarazos no intencionales y eso deja sin posibilidad de acción al sistema de salud, salvo para atender sus consecuencias devenidas de prácticas inseguras. En los casos en que los embarazos se producen en contexto de la violencia de género, posibilitan la oportunidad para la intervención desde el Estado.
Decíamos que también es un tema de justicia social. Como vivimos en una sociedad desigual, resulta ineludible ligar esta experiencia a las condiciones sociales, reales y concretas de posibilidad de su ejercicio. Hoy legisladoras y legisladores se les presenta una oportunidad de hacer historia, sancionar una ley que repito: de manera inmediata salva vidas y cuida la salud de las mujeres. Que reconoce derechos y marca un cambio de época. Una Ley no obliga a las personas, sólo garantiza derechos. Es justa y necesaria. Será Ley.
*Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires
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