Desde 1920 el aborto no es punible en dos causales: si corre peligro de vida la mujer o si el embarazo es producto de una violación. En 2012, la Justicia a través del conocido Fallo FAL regularizó ese artículo del Código Penal y le pidió al Gobierno nacional que establezca un protocolo para proceder en determinados casos. En la provincia de Buenos Aires, en 2020 se actualizó y una mujer o persona gestante puede acceder a un aborto legal no solo en esas dos causales sino también cuando el embarazo representa un riesgo psicológico para la persona.
Pasaron 100 años desde que el artículo 86 que despenaliza el aborto en dos causales figure en el Código Penal, pasaron 13 años desde que la provincia de Buenos Aires tuvo su primer protocolo sobre aborto punible, pero ¿qué sucede en la práctica? El acceso a interrumpir el embarazo se vuelve tortuoso, violento y negligente. Como respuesta a la violencia médica y a la resistencia de profesionales del sistema de salud surgieron las redes de profesionales y militantes feministas.
Es que el marco legal solo queda de adorno si no se toma la decisión política, si no hay capacitación en género y salud integral para médicos y profesionales de la salud, si no hay campañas de comunicación que difundan que existe un protocolo de aborto no punible, y ante la ausencia del Estado, queda la militancia feminista, las consejerías, las socorristas, las redes de profesionales que tejen de forma transversal en el territorio para acompañar y asesorar a la persona gestante y a la mujer que quiere abortar y no morir en el intento.
Pero ¿Qué pasó en pandemia? las redes se volvieron virtuales y el trabajo de hormiga fue doble y minucioso.
Abortar en pandemia
“Se trabajó de la mejor manera posible para garantizar el ILE, pero todo a fuerza de compromiso y voluntad de las trabajadoras. En los hospitales donde se logran conformar equipos, las cosas funcionan mejor, pero un equipo no se forma de la noche a la mañana y ese es nuestro reclamo de que hay que garantizar personal, presupuesto y formación”, advirtió la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud bonaerense, Marta Márquez, en una entrevista con El Destape.
Subrayó que “hace años que las compañeras vienen garantizando el acceso al ILE” en los centros de salud, pero advirtió que en pandemia “hubo problemas con la entrega de medicación que es algo que no fue del todo solucionado y que se padeció bastante durante el Gobierno de María Eugenia Vidal”. “Siempre peleamos para tener los medicamentos y la cantidad de profesionales suficientes para poder atender porque el trabajo que se realiza es muy integral. Hay una consejería, una intervención y tiene que haber un seguimiento y acompañamiento a quien decide acceder a un ILE”, planteó.
“Claramente que esté escrito nos ayuda mucho porque nos da un marco legal y siempre peleamos para que el protocolo esté actualizado, pero no es suficiente como no va a ser suficiente cuando se sancione la ley de IVE. Va a ser excelente, pero después hace falta presupuesto, nombrar personal, capacitación porque todo lo que se logró hasta ahora es básicamente por el compromiso y la militancia de las compañeras”, aclaró.
¿Cómo fue acceder al ILE en pandemia?
Al inicio de la nueva gestión de salud a cargo del ministro Daniel Gollán, se realizaron dos compras de misoprostrol al Laboratorio Industrial Farmacéutico -LIF- de Santa Fe por un total de 192.084 comprimidos, lo que representa aproximadamente unos 16.000 tratamientos. Esa compra ayudó a dar respuesta al ILE en los hospitales donde se garantiza. Pero llegar al hospital o al centro de atención de salud no fue una tarea fácil cuando comenzó a regir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
“Al inicio del ASPO hubo algunas restricciones por la recomendación oficial de no concurrir a centros de salud y dedicarse exclusivamente a la urgencia y a la atención del COVID-19”, indicó la subsecretaria de Política de Género y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense, Lucía Portos, a El Destape. Explicó que esa situación “fue una excusa que encontraron algunos médicos y direcciones en centros de salud para no cumplir con el protocolo”, entonces la repuesta del Ministerio fue “trabajar en conjunto al Ministerio de Salud y a muchas compañeras militantes de los territorios para que se cumpla la norma y se garantice la interrupción legal del embarazo”.
Desde esas áreas de la Provincia “se realizó un diagnóstico y se trabajó con cada una de las regiones sanitarias y la compra de misoprostrol ayudó para garantizar que la medicación llegue a todos los centros” y aseguró que “el resultado fue bueno”.
Agudizar la estrategia territorial
En Necochea, desde Socorristas en Red Feministas que Abortamos el trabajo territorial tuvo que modificarse por la pandemia y adaptarse a la virtualidad para acompañar y asistir a mujeres y personas que querían acceder al ILE. El trabajo se volvió más agudo porque de por sí, en Necochea de un total de diez centros de salud, solo uno garantiza la interrupción legal del embarazo.
“Desde hace 6 años que nosotras nos encontramos con las personas y damos un taller presencial, ahora tuvimos que empezar a hacerlo por videollamada y a veces esa videollamada era dentro de la casa que la mujer vive con el agresor o con personas que no quería que se enterara que estaba por abortar. Entonces tuvimos que agudizar la estrategia para encontrar el momento y el espacio. Los talleres que eran cara a cara en lo mejor de los casos era una pasadita en una plaza o en el peor de los casos un mensaje de Whatsapp”, explicó Eugenia Ferrario de Socorristas en Red Feministas que Abortamos y Socorro Rosa en Necochea a este medio
Señaló que “en pandemia se recurrió más al sistema de salud y se profundizaron las articulaciones con profesionales”, pero advirtió: “En Necochea, hay un solo centro de salud con un solo equipo que garantiza el ILE en el primer trimestre, sino tenés que ir al hospital, someterte a un martirio porque en muchos no se garantiza aborto en el segundo trimestre, y fue fuerza de meter presión para que no haya malos tratos, dilataciones con los tiempos, sino lo podés hacer desde el sistema de atención primaria porque hay un trabajo de hormiga que terminó de cuajar, terminó de hacer sentido para muches después de la marea verde”. Pero si esa profesional no está, el aborto legal no se garantiza.
“La accesibilidad depende de profesionales que no están jerarquizados, que están mal pagos”
“Es voluntad y militancia de las trabajadoras”
En el centro de salud de San Fernando, la médica Daniela Trecco que es parte de Red de Profesionales por el Derechos a Decidir, garantiza la ILE, cumple con la norma, pero durante la pandemia el lugar donde atiende tuvo que reducir los equipos que garantizaban el aborto y la demanda aumentó porque se recibía pacientes de otros municipios donde no se cumple la ILE.
“La redistribución del personal, compañeros aislados o con licencia, toda la estructura se abocó a enfrentar la pandemia, hizo que se disminuyeran los equipos que hacen interrupción legal del embarazo y generó que muchas personas no tuvieran el acceso que venían teniendo. En el centro de salud solo pudimos sostener un espacio de tres que había y se disminuyó la oferta de atención y fue un vendaval de personas porque vienen de otros municipios que no tienen ILE”, relató la profesional.
Además, advirtió que “hubo una irregular baja en la repartida de métodos anticonceptivos que generó embarazos no deseados”. Ante este panorama, Trecco destacó que vienen “construyendo desde hace años desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que es una intercomunicación para sociabilizar la información y derivar a las personas”. Y aclaró: “Es una voluntad y militancia de las trabajadoras”.
“No se puede esperar los tiempos del sistema público”
En zona sur, desde la Campaña por el Aborto Legal se trabajó “en pandemia muy fuerte con la Red de Profesionales y consejería que están por fuera del sistema de salud” porque es la forma en la que “las mujeres y personas con capacidad de gestar podían acceder al ILE que es a través de la red de feministas”. Pero si una mujer o persona gestante desconoce las redes feministas y en el hospital se le niega el ILE, el camino es un aborto inseguro.
Durante el ASPO, relató la integrante de la Campaña regional zona sur, Anamá Cardozo, “la situación fue que no había misoprostol en las salitas que son el primer nivel de atención” y advirtió: “Más que brindar información o acompañar, no tenemos la posibilidad de comprarlo porque estamos hablando de que el misoprostol está entre 5 a 8 mil pesos”. También, otro problema fue que “el mensaje del Gobierno era que no se acerquen al centro de salud, cuando se insistía a la mujer o persona gestante a que se tenía que acercar al hospital, no se querían acercar por miedo a contagiarse”. “Ahora nos encontramos con la problemática de que los hospitales no dan abasto”, alertó.
En ese último punto, la referente de la Campaña planteó que “es tanto el atraso que la respuesta del sistema es lenta y la realidad es que las compañeras se enteran que están transcurriendo embarazos con fechas avanzados” y aseveró: "El tiempo tenemos que usarlo a favor. No se puede esperar los tiempos del sistema público”.
Redes feministas como respuesta a la lentitud del Estado
En un informe de gestión que elaboró el Ministerio de Salud al que accedió El Destape, como diagnóstico se advirtió que al inicio de la gestión del Frente de Todos se “dejó en evidencia que, previo a diciembre de 2019 en la provincia de Buenos Aires, el acceso a la práctica de ILE fue sostenida por algunos equipos de salud distribuidos de un modo desigual en el territorio, las colectivas feministas y el equipo técnico del programa de SSR, sin la presencia de un Estado provincial que asegurara las condiciones materiales, técnicas y políticas para acceder a un aborto seguro”.
Ese análisis no está alejado de la realidad territorial ni del trabajo que las redes feministas y de profesionales realizan desde hace años por la falta de respuesta del Estado. No obstante, las entrevistadas coinciden en que hubo un llamado de atención desde la ola verde de 2018 cuando se discutió el proyecto de aborto legal de cara a la sociedad.
“Hay mucha resistencia, pero desde el 2018, con la salida a la calle, hubo algunos equipos en algunos hospitales que empezaron a responder a la demanda, aunque sea por presión”, destacó Trecco, pero admitió que “existe todavía resistencia en el sistema de salud” y remarcó: “Muchas veces tenemos que ir algunas a acompañar para que realicen el aborto en el segundo trimestre, tenemos que acompañar a la persona al hospital porque le cierran la puerta en la cara, las violentas y le hacen pasar un mal momento”.
“La red por abajo es fundamental, sin eso, lo institucional no funcionaría”
En la misma línea, Porto aseguró que “el trabajo en red es fundamental” y señaló que desde el Ministerio trabajan “con socorristas, con la Campaña en toda la provincia y es algo con lo que se trabaja muy bien y de forma articulada con el Ministerio de Salud y con el de Mujeres”.
Otra coincidencia es la resistencia que sigue latente en el sistema de salud, tanto en el privado como en el público. “Si una mujer tiene que ir 3 veces con su bebe a upa al hospital de Necochea y bancarse que le digan que ‘no te voy a atender porque no estoy de acuerdo’, hasta que el jefe del servicio responda, esa mujer se podría haber muerto en la casa”, advirtió Eugenia de Socorro Rosa de Necochea.
“Existe todavía resistencia en el sistema de salud, quizás en el primer nivel de atención se respeta bastante, pero porque hay una militancia y voluntad de los trabajadores, pero en los hospitales hay mucha resistencia porque prima el modelo médico hegemónico paternalista y patriarcal”, advirtió Trecco.
Al respecto, la funcionaria del Ministerio de Mujeres aseveró que “esa resistencia es ideológica y moral de objetores que cuyo poder hace que esa posición personal se transfiera a las instituciones es una actitud antidemocrática y excluyente”, pero advirtió: “La tenemos detectada y hacemos un trabajo muy fino junto al Ministerio de Salud para darla vuelta”.
Lo que se viene
Desde el Gobierno provincial reconocen el atraso en políticas públicas con perspectiva de género y las dificultades para que el ILE se cumpla en cada hospital. No obstante, en el informe de gestión, el Ministerio de Salud marcó que existe un aumento de interrupciones legales del embarazo desde 2018 a partir de la ola verde que generó los feminismos. “Hubo un número récord del acceso a la práctica ILE estos meses y hubo una registración que es importante, hubo un acompañamiento del Estado y sinceramiento de la práctica y realización que nos lleva a tener estadísticas más fiables. En medio de la pandemia se quintuplicó la cantidad de procedimientos”, afirmó Portos.
Otro dato que se desprende del informe, es que en los centros de atención primarias, las salitas, es casi imposible acceder al ILE, en los hospitales la situación mejora, pero no tanto. El acceso es limitado.
“Si llegan casos puntuales que no pueden acceder al ILE, se trabaja con la región sanitario para derivar el caso a otro lado y trabajar en paralelo con el centro de salud que se negó. Obviamente hay mayor cauce en algunos municipios. El primer nivel de atención es municipal y en algunos casos es muy complejo, pero el diagnóstico que hacemos con las redes en el territorio, tenemos información fehaciente y cómo se construye”, explicó la funcionaria.
Desde la Campaña, en tanto, Cardozo apuntó a que para lograr que el acceso a un aborto legal sea real, “es indispensable la producción de misoprostrol” ya que se vuelve dificultoso e inaccesible comprar la medicación si cuesta 8 mil pesos. “Nosotras no damos abasto por eso la producción de misoprostrol es indispensable y es clave que se genere en el primer nivel de atención donde las personas nos acercamos a acceder a la salud, allí tiene que haber una consejería sí o sí”, planteó. Además, debe reforzarse la capacitación para profesionales y el refuerzo del sistema de salud, para que no dependa del azar que se cumpla con tu derecho a abortar de forma segura.
Aunque exista la Ley de aborto legal, la militancia feminista no dejará de estar presente porque la resistencia a que se cumpla un derecho no va a dejar de existir.
Si querés acceder a ILE llamá al 0800-SALUD SEXUAL