La información oficial sobre los casos de violencia policial en la Argentina, y de los funcionarios de las fuerzas de seguridad asesinados, es deficiente o de acceso restringido, está dispersa o tergiversada en medios de comunicación. Y según la orientación política del gobierno, es relevada con responsabilidad o discontinuada para ocultarla.
La falta de datos unificados distorsiona la discusión sobre la problemática y perjudica la toma de decisiones para orientar o reformar las políticas de seguridad, uno de los debates que suele correr al ritmo del rating televisivo y provocar respuestas efectistas para calmar la ansiedad de la opinión pública.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lanzó una plataforma que reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por agentes del Estado con un registro propio, que comenzó en 1996, sobre los hechos de violencia en los que participan funcionarios de agencias estatales y privadas.
Entre los principales resultados se advierte que, en 2020, 81 personas murieron en hechos en los que intervinieron las fuerzas de seguridad, solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires: 72 particulares y 9 agentes. También que al menos 48 mujeres fueron víctimas de femicidios en los últimos 10 años, también en el AMBA, luego de ser atacadas por parejas o exparejas que eran policías.
El sitio es interactivo, permite navegar los datos y cruzarlos, los contextualiza con historias de personas asesinadas y analiza los principales problemas del uso de la fuerza letal. Profundiza con datos estadísticos que permite filtrar por lugar, institución, género y edad; aborda el drama de los femicidios cometidos por policías; las ejecuciones y el uso desproporcionado de la fuerza; las muertes bajo custodia en dependencias policiales; la represión con armas “menos letales” como las que disparan postas de goma y las pistolas Taser; y uno de los principales problemas, como el uso de armas de fuego fuera de servicio.
“El Estado adolece de información oficial. En la medida en que existe un desinterés por registrar, también representa un desinterés por controlar. No se considera la violencia policial como un problema de gobierno de las fuerzas de seguridad. La información es un insumo clave para diseñar políticas de reducción de la violencia”, explica Juliana Miranda, investigadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, en diálogo con El Destape.
Desde el organismo señalan que la cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad es un indicador importante ya que un número alto de intervenciones policiales letales “podría significar que las fuerzas de seguridad no están bien preparadas o que la violencia institucional es promovida o tolerada por las autoridades y por la sociedad”. Y advierten que, salvo pocas excepciones en el tiempo y algunos distritos, en general las autoridades no lo consideran como un problema relevante.
Los varones jóvenes son el grupo más afectado por la letalidad policial en el AMBA. Casi el 70 por ciento tenía entre 15 y 27 años. El 83% de los varones murieron en presuntos enfrentamientos armados -como suele indicar la versión policial-, y el 40% de las mujeres porque el policía utilizó el arma sin estar de servicio, tratándose casi siempre de femicidios.
La Policía Bonaerense acumula la mayor cantidad de hechos de violencia letal, un dato que se mantiene con el paso de las décadas y que se profundizó en los últimos años con la creación de policías locales, en general con una deficiente formación profesional.
En el caso de las cuatro fuerzas federales -Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria- provocaron un tercio de las muertes registradas en Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Los datos indican que entre los hechos de violencia policial más frecuentes están las persecuciones, la represión de protestas sociales y desalojos violentos que terminan en ejecuciones o en el uso desproporcionado de la fuerza. El CELS advierte que se reiteran con una “frecuencia preocupante” estos despliegues con extrema violencia en situaciones conflictivas, especialmente en barriadas y villas.
El uso de armas de fuego fuera de servicio, según el organismo, causa la mayoría de las muertes y es uno de los patrones principales de la violencia policial. Pone en el centro de la discusión el “estado policial”, que habilita a quienes integran o integraron las fuerzas de seguridad a portar el arma reglamentaria en todo momento.
Aunque pueda resultar increíble, una de las razones que explica esta problemática es que la mayoría de las dependencias policiales no tienen lugares específicos y protegidos para dejar las armas. Además de la idea establecida de que los agentes deben intervenir en cualquier circunstancia, algo que promueve, además, la violencia en sus hogares y sus barrios.
También es alarmante el problema estructural del uso de las dependencias policiales como lugares de detención por semanas y meses, con una violencia sistemática, en condiciones hacinamiento y una precariedad en muchos casos inhumana. Incendios que terminan en masacres, detenidos que aparecen ahorcados, golpes y torturas. Hechos que luego son investigados en primer lugar por quienes trabajan en esas comisarías, algo que dificulta la investigación de las responsabilidades.
También el sitio ofrece información sobre los policías muertos. Más del 40% prestaban servicio en la Policía Federal, un porcentaje apenas menor eran policías bonaerenses, y los agentes de fuerzas federales que fallecieron no representan un proporción significativa a pesar del despliegue territorial de Gendarmería y Prefectura en los barrios de Capital Federal y el conurbano.
Mientras la mayoría de las víctimas particulares son jóvenes, en el caso de los policías hombres representan un 25% los menores de 30 años. Un tercio de los fallecidos tenía entre 31 y 41 años. En el caso de las mujeres policías, la mayoría sí se ubica en la franja más joven: un 71% era menor de 30 años.
Para la construcción de esta base de datos, el CELS utilizó como fuente los diarios de mayor circulación, otros provinciales y causas judiciales. Es por eso que, posiblemente, haya un subregistro de hechos violentos de menor gravedad. Además, advierte que las torturas y los apremios ilegales no suelen ser noticia, ni denunciados públicamente, salvo en casos de conmoción social cuando involucran una desaparición, una muerte o lesiones graves.
Femicidios policiales: 48 mujeres asesinadas
Entre 2010 y 2020, al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Del total, 17 eran funcionarias de seguridad. El CELS advierte que los femicidios cometidos por agentes policiales representan un número importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional.
Una de las explicaciones a estos crímenes de violencia machista es la portación permanente del arma reglamentaria, que pone en riesgo a las mujeres que conviven con policías. En algunas fuerzas de seguridad se restringe la portación si el hombre fue denunciado.
Otro problema es el encubrimiento de esas muertes. Las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, como auxiliares de la justicia, y se detectaron casos en los que el asesino falsea el relato de lo sucedido con complicidad de sus colegas, y manipulan la escena.
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