A un día del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona criminalizó las denuncias de género durante una presentación en el Congreso. "Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona", afirmó el funcionario del gobierno que desfinanció todos los programas para combatir violencias, y que se negó a firmar compromisos de la ONU para garantizar el compromiso de Argentina para su erradicación.
Al defender en comisiones el proyecto de la UCR que impulsa la Casa Rosada para duplicar las penas por falsas denuncias en los casos que sean por violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, el ministro afirmó que "se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente" en los últimos años, al cuestionar el avance en derechos y protección de las víctimas que consiguieron los feminismos y que fueron ejemplo en el mundo. Criticó particularmente
Hasta llegó a cuestionar "el impedimiento de contacto inmediato con la sola denuncia". En Argentina, según el informe “Ahora que Sí Nos Ven”, al 25 de noviembre se registraron 227 femicidios en todo el país. "Este 25N volvemos a denunciar que la precarización de la vida de las mujeres representa un grave condicionamiento para salir de las relaciones de violencia, y que el gobierno de Milei niega e incumple las leyes y tratados internacionales de protección de nuestros DDHH", aseguraron.
El proyecto que salió a respaldar Cúneo en la comisión de Justicia y Asuntos Penales fue presentado por la senadora radical Carolina Losada, se comenzó a debatir este martes y propone modificar las penas por falsas denuncias, dice: "Se impondrá prisión de 1 a 3 años al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años".
"Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó el ministro.
Los ataques de Milei contra las mujeres
Hace tres semanas, Argentina fue el único país del mundo que votó en contra de una resolución de la Organización de Naciones Unidas que buscaba prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. A pesar del alineamiento de Casa Rosada, Estados Unidos e Israel tomaron una postura contraria a la del gobierno del presidente Javier Milei, que ya votó en contra de otra iniciativa por los derechos de los pueblos indígenas y que desde el atril de la última cumbre definió a la organización como "un leviatán de múltiples tentáculos".
Entre otros aspectos, el documento que Milei no quiso firmar reafirma que los Estados tienen "la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales" y señala que la discriminación por razón de sexo es contraria a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.
Un informe reciente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que en seis meses de gestión, el gobierno libertario desmanteló políticas que antes eran admiradas en el resto del mundo.
"Con aciertos, errores y muchos aspectos por mejorar, Argentina era reconocida en el mundo por las políticas públicas que pretendían encontrar respuestas a tiempo y garantizar los derechos de las mujeres y LGBTQ+ a una vida sin discriminación y libre de violencias. Sin una institucionalidad robusta, herramientas especializadas en el abordaje integral de esta problemática, ni el presupuesto y el personal suficiente, el Estado argentino no podrá asistir a mujeres y LGBTQ+ que están en riesgo", alertaron.
Las organizaciones mencionaron en su informe que el programa Acompañar, el más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas, se redujo 98,6% el presupuesto en los primeros tres meses, antes inclusive de que el Gobierno cumpliera con su promesa de campaña de eliminar el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades. El Presupuesto 2025 directamente no figura. Por otro lado, la Línea 144 de Atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género redujo 11% la cantidad de comunicaciones, 4% la asistencia y 25% el seguimiento de casos. Esta será la primera vez en 7 años que no cuente con presupuesto específico para 2025.
Los fundamentos del proyecto de Losada
En el texto, los senadores explicaron: "En muchísimos casos, la condena social frente a casos aberrantes denunciados, oficialmente o no, contra la integridad de un niño o en el contexto de violencia de género, no tarda en manifestarse, aun sin contar con las pruebas suficientes ni el proceso judicial correspondiente. Esto lleva a la exclusión, el rechazo y en muchos casos al escrache público de forma totalmente injusta y por un hecho falso y que hoy no posee una sanción penal adecuada debido a la exigua pena con la cual se encuentran conminadas estas conductas".
"La falsa denuncia es un tipo doloso que consiste en denunciar falsamente un delito ante la autoridad competente. Las consecuencias de este delito afectan la seguridad jurídica y generan un clima de incertidumbre para los ciudadanos, pues cualquier persona corre el riesgo de ser denunciada a pesar de no haber cometido ningún acto delictivo", siguieron y agregaron: "Entendemos que este tipo de conductas que ponen en marcha el andamiaje de administración de justicia a partir de un hecho falso y generaran consecuencias perjudiciales para la persona denunciada, deben ser hoy días valorados con mayor entidad por la ley penal y sujetos a una conminación de penas más graves que las de la redacción actual del art 245 del Código Penal, motivo por el cual consideramos necesaria la agravación del monto de pena de prisión, retirando la posibilidad de alternativa con la pena de multa para quedar solamente la pena de prisión como sanción".
Asimismo, la UCR propuso "una escala penal aún más gravosa, en caso que la falsa denuncia sea por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual y violencia contra niños, niñas o adolescentes". "La presentación de una falsa denuncia por abuso sexual genera que el denunciado, se vea envuelto en la vorágine de un proceso penal. Esta situación implica una carga muy gravosa para el denunciado, pues además de demostrar que no incurrió en el hecho del que se le acusa, existe el riesgo de que en muchos casos pierda el contacto con sus hijos, ponga en riesgo fuentes laborales y toda una serie de estigmas sociales graves de manera injusta y por un hecho falso", agregaron en el proyecto.
Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463
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