Rescate a Vicentin: las claves del nuevo escenario político

El gobierno de Alberto Fernández dio un importante paso hacia la soberanía alimentaria al anunciar que el Estado se hará cargo de Vicentin, una de las firmas más importantes del sector. El Presidente decidió la intervención de la compañía, que se encontraba en concurso de acreedores e investigada por maniobras fraudulentas, y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para declararla de utilidad pública y expropiarla. El interventor será el exsecretario de Agricultura, Gabriel Delgado, y el grupo estará administrado por YPF.

“Estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional”, aseguró Fernández desde la Casa Rosada. El rescate de Vicentin es la primera decisión del gobierno que revela indicios de cómo será el país que afronte la salida de la crisis. Haciéndose con el control de la empresa, que tiene intereses en toda la cadena productiva del sector alimenticio, el Estado podrá contar con resortes clave en áreas estratégicas como la producción de alimentos para el mercado interno, la exportación de granos y el mercado de divisas.

La medida garantiza, además, la continuidad de más de siete mil puestos de trabajo directos, trae alivio a más de dos mil quinientos productores y PyMEs que emplean a veinte mil personas más y permitirá que el fisco recupere los 18 mil millones de pesos adeudados por la firma al Banco Nación, fruto de una serie de préstamos irregulares por los que están imputados exfuncionarios del gobierno de Cambiemos y directivos de la empresa, con el extitular del BN Javier González Fraga a la cabeza.

A pesar de haber crecido durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en diciembre del año pasado Vicentin se declaró insolvente y entró en concurso de acreedores con deudas por casi 1500 millones de dólares a productores, empresas proveedoras de servicios y bancos. “Iba a la quiebra”, dijo Fernández. “Si Vicentin no hubiera tenido ese problema, el Estado no hubiera intervenido”, explicaban ayer en la Casa Rosada, recordando los casos de Aerolíneas Argentinas e YPF, rescatadas por el Estado y puestas en valor.

Justamente YPF, a partir de la empresa YPF-Agro, será la encargada de gestionar los activos del grupo bajo la intervención estatal. Ayer, después del anuncio, las acciones de la petrolera tuvieron una suba importante. El gobierno decidió hacer la operación en el marco de una empresa que cotiza en Wall Street y es controlada por la SEC como señal para ahuyentar acusaciones de autoritarismo y llevar tranquilidad a empresarios locales y posibles inversores. La primera reacción desde el sector PyME e industrial fue positiva.

El grupo Vicentin tiene operaciones en toda la cadena de producción, distribución y exportación de alimentos: gestiona puertos, fábricas de envases, acopiadoras y procesadoras de granos, frigoríficos, hilanderías y una planta de biodiesel, entre otros emprendimientos vinculados al agro. Es uno de los jugadores importantes en el comercio exterior de granos: según uno de los proyectos privados que se estaban preparando, podría vender al mundo 2500 millones de dólares en un año, incluso durante la pandemia.

Al intervenir la compañía, el Estado adquiere una manija para regular desde adentro la oferta de alimentos, cuya suba de precios es una de las principales amenazas a la estabilidad social tiempos de recesión. Además, tendrá herramientas para limitar el acopio de granos que algunos productores hacen para presionar por una devaluación. Por último, tendrá acceso a divisas que hoy resultan escasas porque los exportadores no liquidan sus ventas en tiempo y forma. Resortes indispensables para planificar la Argentina post-coronavirus.

La designación de Delgado como interventor (seguiría al frente después de los 60 días si el Congreso aprueba la expropiación) es otra señal positiva al sector rural. Su paso por la secretaría de Agricultura durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó buenos recuerdos en sus interlocutores, que lo recuerdan como una figura conocedora del rubro y dialoguista. Con una trayectoria de décadas en el INTA, es considerado uno de los principales economistas especializados en asuntos agrícolas del país.