El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, rechazó el proyecto del gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. El mandatario provincial remarcó estar a favor de que haya "imputabilidad" para adolescentes pero con una edad mínima de "16 años" que “es una edad más adecuada”. "Si podés votar y tenés esa gran responsabilidad también tenés la responsabilidad de hacerte cargo de tus actos", apuntó.
El Ejecutivo nacional presentó el pasado 15 de julio ante el Congreso de la Nación un proyecto para penalizar a niños, niñas y adolescentes de 13, 14 y 15 años. Esta franja etaria en la actualidad es no punible. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó la semana pasada que trabajaron junto al Ministerio de Justicia en el proyecto de baja de la edad de punibilidad por decisión del presidente Javier Milei, para "proteger a los argentinos de bien" y "con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente".
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El Gobierno giró a Diputados un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
El Gobierno de Javier Milei giró a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad hasta los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se prohíbe la pena de reclusión perpetua.
La Libertad Avanza argumentó el pedido de bajar la edad de imputabilidad, justificando que "los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes". Asimismo, sumaron que "esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general" y que "es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones".
Qué dice el proyecto
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del proyecto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años, aunque la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
"En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal", agrega. En ese sentido, apunta que "por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".
En tanto, indica que, desde la sanción de la ley penal juvenil, "el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.
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