La reestructuración de los tribunales de Comodoro Py es uno de los pilares de la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. El Destape se contactó con jueces y fiscales con despacho en el edificio de Retiro para conocer su visión de la transformación que pretende realizar el gobierno nacional.
“Una incoherencia absoluta”. “Está absolutamente mal concebida”. “No es el momento para la reforma”, afirman distintos funcionarios judiciales con asiento en Comodoro Py, centro del Lawfare durante los últimos cuatro años. Incluso un camarista porteño desafía la voluntad del Poder Ejecutivo: “No necesariamente nos diluye el poder”. Pero la crítica más repetida, incluso en interlocutores cuyo posicionamiento político-ideológico es muy distante, es que “no tiene sentido crear juzgados porque debe darse impulso al sistema acusatorio. Es necesario aumentar la cantidad de fiscalías”.
El presidente anunció el pasado miércoles los pasajes centrales de la reforma judicial que al día siguiente enviaría al Congreso (este martes se espera su primer abordaje en una comisión conjunta del Senado). Una de las columnas vertebrales del proyecto es la transformación del fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como adelantó este medio, el gobierno propuso unificar los fueros Criminal y Correccional Federal (con sede en el edificio de Comodoro Py 2002) y el Nacional en lo Penal Económico y a la vez duplicar la cantidad de juzgados de primera instancia. También se pretende crear fiscalías y tribunales orales federales.
En los tribunales de Retiro hay 12 juzgados de primera instancia, con dos secretarías cada uno. La intención es desdoblar esas secretarías para crear el doble de juzgados. Pasarían a ser 24. En Penal Económico hay 11 despachos. Con la aplicación del mismo mecanismo ascenderían a 22. En total, el nuevo fuero Penal Federal pasaría a tener 46 juzgados y la misma cantidad de fiscalías. Así, el Gobierno busca diluir el poder de los 12 magistrados que habitan en Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. El rol de muchos de estos jueces durante el macrismo quedó muy expuesto por la persecución de la que formaron parte. El caso de Claudio Bonadío fue paradigmático.
Ante este panorama, ¿qué dicen en Comodoro Py?
“No me parece el momento. Para que empecemos a funcionar mejor hay que apuntarle a otras cosas. Y no a crear cargos. A nosotros esta reforma no nos diluye el poder”, advirtió un camarista ante la consulta de este medio. Acto seguido, retrucó en referencia es a los fueros Civil y Comercial y al Laboral: “La realidad de la gente pasa por otro lado”.
“Si quieren más jueces, hay 400 vacantes para cubrir rápido”, añadió. “Esta reforma no la veo bien. Nos pone a nosotros en un lugar importante y la justicia federal tiene que dejar de ser importante para la gente y para el poder”, aseguró. Lo que sí destacó de la reforma es la revisión de los concursos para acceder a la magistratura.
Un fiscal histórico opina que la reforma “está absolutamente mal concebida y no va a resolver los problemas que pretende”. Por el contrario, considera que “los va agravar”.
Las resistencias en los tribunales de Retiro, que es el epicentro del cambio, son esperables. El accionar judicial de los últimos años en ese edificio es uno de los disparadores de la transformación que se busca implementar. En ese marco, no sorprende que el fiscal procesado Carlos Stornelli, una de las caras visibles del Lawfare, considerase a la reforma “inconstitucional”.
Lejos de la visión de Stornelli, en Comodoro Py el cuestionamiento que se repite entre las fuentes consultadas (que integran las diferentes instancias que habitan esa sede judicial) es que se crean juzgados cuando se busca implementar el sistema acusatorio, que empodera a los fiscales, que son quienes pasarán a impulsar las investigaciones. Una decenas de funcionarios judiciales consultados para este nota coinciden en que se debían haber creado solo fiscalías.
“Creo que se debe aplicar el código acusatorio y punto. No tiene sentido más juzgados porque el trabajo para los juzgados va a disminuir”, indicó una de las fuentes consultadas. “Debiera haber más fiscalías que juzgados. Un código acusatorio es parecido al de las películas yanquis. ¿Cuántos jueces ves? Todo se agota en la fiscalía”, graficó. Por su parte, destacó como positivo el impulso al “tema jurados. Es cumplir con un mandato democrático y constitucional”, señaló.
En el primer piso de Comodoro Py tiene asiento la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, que no fue alcanzada por la reforma. Fuentes de aquel tribunal respondieron a la consulta de este medio: “Veo bien la unificación de Penal Económico con Criminal Federal”, indicaron. Entienden que ordenar Comodoro Py “es la condición para la gobernabilidad democrática de la Argentina”. Sobre todo, a la luz de la persecución que se desató en los últimos cuatro años contra la oposición política.
No obstante, no se mostraron del todo de acuerdo con la duplicación de juzgados: “Para imponer el nuevo Código hacen falta más fiscales no mas jueces. Eso es un conflicto”, aseguraron.
Luego dieron un paso más allá de Comodoro Py y agregaron: “Es imprescindible ampliar la Corte y modificarla”. “Si se no toca la Corte y la Casación y solo se hacen cambios ‘abajo’, no alcanza. ‘El pescado se pudre por la cabeza’”, sentenciaron. La ecuación es simple: el Lawfare que se desató durante el macrismo hubiera sido imposible de ejecutar sin el consentimiento de los tribunales superiores.
Por eso, las modificaciones que se avecinan no podrán disociarse de lo que resuelva el consejo consultivo que asesorará al Presidente en materia judicial. La comisión de once notables hará foco en el funcionamiento e integración de la Corte Suprema y en el desempeño del Ministerio Público Fiscal, entre otras cuestiones. Se tratan de puntos neurálgicos de la reforma que de una u otra forma sellarán los cambios que se buscan concretar en el fuero Penal Federal.
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