Diputados nacionales ampliaron la denuncia contra la mesa judicial macrista por los delitos de presión, intimidación y amedrentamiento hacia funcionarios del Poder Judicial durante el gobierno de Cambiemos. Mecanismo que, sostuvieron, fue diseñado y ejecutado por las máximas autoridades del país entre diciembre de 2015 y 2019. Entre los señalados están el "triunvirato Mauricio Macri - Marcos Peña - Gustavo Arribas" en sus roles de dirigente, coordinador y ejecutor. Por eso, solicitaron conocer los correos electrónicos enviados por sus integrantes, tanto a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como a Presidencia de la Nación, así como registros fílmicos de los lugares de las reuniones.
La mesa judicial, sostuvieron los denunciantes, fue conducida por José Torello, jefe de asesores del entonces presidente Macri, junto a Germán Garavano, ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Clusellas, ex Secretario de Legal y Técnica, Fabián Rodríguez Simón, asesor y abogado de Macri, Juan Bautista Mahiques ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo y subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del gobierno de Macri, Bernardo Saravia Frías, último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia y Daniel Angelici, el único sin un rol institucional.
En mayo, diputados y senadores presentaron la denuncia que hoy ampliaron Martin Ignacio Soria, Rodolfo Tailhade, y Eduardo Valdez para que se investigue esta operación ilícita que configura diversos delitos, entre los que están las amenazas, coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios público, privación ilegal de la libertad, encubrimiento, prevaricato, falsificación de documentos, cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y asociación ilícita en pos de garantizar la impunidad M y avanzar con la persecución opositora.. Como contó El Destape en varias ocasiones, la situación se reveló a partir de declaraciones de la camarista Ana María Figueroa en AM 750 y refrendada por diversos magistrados a este medio.
Los mails que complican a Peña
La intervención de la AFI dio con una serie de correos electrónicos con contenido, destinatarios y fechas coincidentes con el sistema denunciado por los legisladores. Son al menos 18 correos electrónicos enviados por el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, bajo el asunto “invitación coordinación de Justicia” a miembros de la mesa judicial, como Garavano, Torello, Clusellas, Arribas e incluso el propio Mauricio Macri. "Es allí en donde podría haberse digitado y monitoreado el sistema de persecución", analizaron en base a indicios hallados en las misivas.
Los correos electrónicos permitieron sospechar la existencia de una institucionalización de este sistema que involucró a Macri, quien fue el responsable del cambio de horario de uno de los encuentros, la presencia constante de Peña, a quien señalaron como el coordinador, y de Arribas, como el ejecutor del plan de persecución opositora e impunidad oficialista durante el gobierno de Cambiemos.
Según los mails, las reuniones tuvieron lugar entre el 15 de noviembre de 2017 y el 28 de enero de 2019. Algo que los denunciantes señalaron como "no casual", dado que coincide con la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, después de numerosas presiones M. La presentó el 30 de octubre para ejecutarse a fin de año. 18 días después de presentada la dimisión, empezaron los encuentros en Casa Rosada.
Por eso, pidieron que la AFI remita las copias de todos los correos electrónicos existentes en sus registros informáticos, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019, en donde figuren como destinatarios o remitentes José Torello, Germán Garavano, Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Juan Bautista Mahiques, Bernardo Saravia Frías, Gustavo Arribas, Daniel Angelici, Marcos Peña y/o Mauricio Macri. Medida similar a la solicitada a Presidencia de la Nación. En caso de que los mails hayan sido eliminados, arbitrar los mecanismos para recuperarlos. Además pidieron de los registros de visitas y los registros fílmicos de las dependencias en donde las reuniones se hayan llevado a cabo, de acuerdo a lo que conste en las invitaciones cursadas.
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La presión contra el camarista Eduardo Farah
Como en todos los casos investigados, la finalidad de las presiones apuntaron a "que el Poder Judicial utilizara políticamente sus investigaciones para perseguir a funcionarios, empresarios o ciudadanos que ellos consideraran opositores a sus intereses", sostuvieron los denunciantes. En esta situación particular, buscaban "mantener las prisiones preventivas de los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa", dueños de medios opositores al macrismo, a quienes el Gobierno anterior intentó controlar.
El 4 de septiembre, ante la Comisión del Acuerdos del Senado, el magistrado contó que sufrió presiones antes y después de decidir sobre las prisiones preventivas de ambos empresarios en la causa de “Oil Combustibles”. Según narró, y tal como replicaron los denunciantes, luego de dictaminar en contra de las mismas Macri dijo: “Esto no es lo que acordamos”, pese a que él no había acordado "nada, ni con Macri ni con nadie". Es el contenido de un fallo, que luego incluso sería ratificado en otras instancias, "lo que generó la persecución del Poder Ejecutivo hacia un miembro del Poder Judicial". Ese fue el inicio de una maniobra que terminó con el traslado del camarista a un Tribunal Oral, con ataques en los medios, y el entonces oficialismo se hizo del control de la Cámara Federal.
"La mesa judicial no quería jueces que actuaran de acuerdo al orden jurídico, sino que pretendían jueces que actuaran tal como les indicara el poder de turno", aseguraron y agregaron que mediante una campaña de desprestigio y presiones públicas obligaron a Farah a pedir su propio traslado a la Justicia de San Martín. La operación "fue tan evidente" que el propio Garavano dijo, días después de concretada la solicitud del excamarista, que fue "muy positivo" ya que "descomprime la situación en uno de los tribunales más críticos del sistema". Algo que fue explicado en una nota del diario La Nación en el que uno de los integrantes de la mesa judicial reveló que hubieran "preferido que renunciara, pero no estaba dispuesto" pero que "lo importante era sacarlo de Py".
Otras medidas
Además de solicitar la declaración de Farah, los denunciantes pidieron conocer si el camarista Martín Irurzun (el de la doctrina) tiene un número de teléfono asociado a su nombre y, de ser así, el registro de llamados recibidos y realizados durante el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019. Lo mismo con el operador Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
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