El proyecto de ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo, que tiene media sanción en Diputados, obtuvo este viernes en el Senado dictamen favorable en una reunión conjunta de comisiones de Legislación General y Derechos Humanos y Garantías, por lo que se habilita su tratamiento en el recinto y queda así a un paso de convertirse en ley. En caso de aprobarse, convertiría a la Argentina en el primer país de América Latina en sancionar una ley destinada a la protección de ese universo social.
"Esta es una gran noticia. Venimos de transitar días con mucho lobby por la ley de envases, con la imposibilidad de sesionar en Diputados porque algunos funcionarios defienden los intereses de unos pocos y sin dudas eso afecta a nuestra democracia. Pero también venimos de una marcha multitudinaria que, entre otras cosas, reclamaba el tratamiento del proyecto de calle”, aseguró el diputado Federico Fagioli, autor del proyecto en conjunto con organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de calle.
“Hoy estamos un paso más cerca de conseguir esta ley y de convertirnos en el primer país de Latinoamérica en tener una normativa para las personas en situación de calle”, dice Fagioli.
Este jueves se realizó una masiva movilización al Congreso de trabajadores de la economía popular urbana y rural junto a pueblos originarios para exigirle a diputados y senadores que sesionen y avancen con seis leyes fundamentales, trabadas en distintas instancias legislativas. Entre ellas, la ley para personas en situación de calle, además de la Ley de Envases con Inclusión Social, la Ley de Acceso a la Tierra, la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, la Ley de Tierra, Techo y Trabajo, y la Ley Bety Quispe, que crea la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.
“También estamos diciéndole a esa multitud de ayer que las y los escuchamos. Días como este ponen de manifiesto para qué ocupamos estos espacios: para legislar en pos de los sectores más postergados, para legislar para nuestro pueblo, el que nos eligió y el que no también. Es una alegría infinita", finalizó el diputado Fagioli, del Frente de Todos.
Entre los principales puntos que establece el proyecto está la creación de una red nacional de centros de integración social, con atención las 24 horas del día en espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral.
También establece un sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata; y capacitación obligatoria a todas las personas que intervienen en la atención de personas en situación de calle.
El ministerio de Desarrollo Social de la Nación sería la autoridad de aplicación de esta ley, con participación de los ministerios de Salud, de Mujeres, Géneros y Diversidad, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), además de los ámbitos universitarios, sindicales y organizaciones sociales.
Muchas de las personas que viven en estas condiciones no cuentan con documentos, un derecho básico a la identidad personal. Se encuentran tan fuera del sistema que ni siquiera fueron individualizados por el Estado mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad. Es por eso que el proyecto también establece que el Estado debe realizar acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, CUIL y CUIT y toda documentación necesaria para el reconocimiento de la identidad de las personas.
La ley aborda a las personas que habitan en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente. Y también al universo de personas en riesgo, es decir, al límite de quedar en esa situación. Quienes residen en establecimientos públicos o privados -sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros- de los cuales deban egresar sin disponer de una vivienda, o que estén en una situación de desalojo inminente.
Una de las dificultades para abordar esta problemática y que, al mismo tiempo, refuerza que sea invisible en el debate público, es la falta de información sobre la cantidad de personas que viven en la calle. Por eso la ley obliga también a la realización de un relevamiento anual, de alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas integradas por personas en situación de calle. Ese censo es clave para diseñar e implementar políticas públicas específicas, principalmente en los grandes centros urbanos y suburbanos.
Solo en la Ciudad de Buenos Aires, según un censo oficial que se realizó en abril del 2019 con voluntarios que recorrieron durante 24 horas las principales avenidas porteñas, había 1.141 personas. Los centros de integración, o refugios, no alcanzan ni para la mitad de los que viven a la intemperie en la ciudad más rica y desigual del país. Para la misma fecha, el Segundo Censo Popular realizado por medio centenar de organizaciones sociales durante cuatro días, reveló que había 7251 personas en las calles porteñas. El número, según advierten, es notablemente mayor.
Según la Encuesta Permanente de Hogares de fines de 2019, más de 1,4 millón de personas viven en condiciones de hacinamiento en aglomerados urbanos. El Censo Nacional de 2010 indicaba que el déficit habitacional en la Argentina es de 2,5 millones de hogares. La tendencia, diez años después, es ascendente.
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