Todo indica que este lunes, el primer día hábil después de que CFK hablara en Chaco, se reactivó la persecución judicial contra la vicepresidenta. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que se deben revocar los sobreseimientos que resolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces y que debe hacerse el juicio oral. No es una causa cualquiera: apunta contra CFK y también contra sus hijos, Máximo y Florencia, a quienes se los acusa de asociación ilícita y lavado de dinero.
El fiscal Villar, designado por Mauricio Macri luego de un curioso cambio en la terna del concurso para el cargo, solicitó que se realice el juicio oral que fue anulado y se aparte a los dos magistrados que votaron en ese sentido. Las defensas y el Ministerio Público de la Defensa, por el contrario, reclamaron que se ratifique lo resuelto por el TOF. Ahora será la sala I del máximo tribunal penal del país la que deba tomar la decisión final. En esa sala hay una mayoría conformada por dos jueces también designados por Macri, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
El viernes pasado CFK brindó un discurso en el que sentó posición sobre el modelo de país que pretende y donde quedó claro que jugará políticamente -y fuerte- de cara a lo que se viene. Habló, tal como describió Nicolás Lantos en El Destape, de modelos, ideologías y consensos. La cuestión judicial y mediática no quedó afuera: CFK hizo una fuerte crítica a la Corte Suprema y a su escaso número de 4 personas, “dos de ellas entraron en clara violación al mandato constitucional”. Remarcó la contradicción del último golpe institucional encabezado por Horacio Rosatti y planteó: “Cuando alguien propone ampliar una Corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes... ¿Pero cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura que está solamente para seleccionar y sancionar jueces lo llevan de 13 a 20 y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran sólo cuatro personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le convienen poquitos para poder apretar y mandarles tapitas de diario?”
Tres días después el fiscal Villar –alineado con el macrismo- dictaminó para que se reavive una causa que el TOF 5 cerró el pasado 26 de noviembre. Otro fiscal que en lugar del Código Penal usa el calendario electoral: se ve que quieren una campaña con CFK sentada en el banquillo de los acusados.
El fiscal Villar fue designado por Macri el 12 de julio de 2018. Fue parte de la estrategia de retaguardia judicial del ex presidente, que copó con jueces y fiscales la Cámara de Casación, instancia clave que define el rumbo final de todas las causas de corrupción y espionaje. Lo curioso es que Villar no estaba en la terna inicial para el cargo, que integraban Marcelo Ferrante, Alejandro Alagia y Maximiliano Rusconi. Pero éste últimio, Rusconi, renunció a su postulación y Juan Bautista Mahiques, armador del lawfare, propuso que se integrara la terna con el que había salido cuarto: Villar. Y Macri eligió a Villar para el cargo. Ahora retribuye.
En su escrito de 105 páginas, Villar consideró que “no hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento en esta etapa procesal”. Así, rechazó la resolución que firmaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado (con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti) por la que sobreseyeron a todos los acusados en las causas Hotesur-Los Sauces y dieron por cerrado el caso, que estaba a un paso del juicio oral. La instrucción de esos casos había pasado por las manos de Claudio Bonadío y Julián Ercolini, los jueces del Lawfare
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El fiscal Villar –que en Casación juega en tándem con el macrista Raúl Pleé- agregó que la mayoría que votó por cerrar el caso “omitió valorar, en procura de obtener su conclusión, el resto de las probanzas obrantes en la causa que fueron evocadas con absoluta minuciosidad en los requerimientos de elevación a juicio de estas investigaciones y que justificaban la necesidad de someter al debate la hipótesis sostenida por la acusación”. Es decir, sostiene que el juicio se debe hacer.
En otro pasaje de su dictamen, Villar intenta diferenciar este caso del caso “Dólar Futuro”, comparación que se desprende de la resolución del TOF 5. El caso de “Dólar Futuro” también instruido por Bonadío fue cerrado por la sala I de Casación luego de un peritaje contable que en lugar de hacerse al inicio del expediente se hizo 6 años después en “la instrucción suplementaria”. La idea era tener acusados a CFK, Axel Kicillof y otros, no importaban las pruebas. “Los supuestos fácticos presentes en una y otra causa son absolutamente distintos”, sostuvo Villar en pos de intentar que la causa Hotesur-Los Sauces no corra la misma suerte que la de “Dólar Futuro”.
Así las cosas, Villar sostuvo que la resolución de anular todo del TOF 5 “debe ser descalificada como un acto jurisdiccional válido por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias y, por consiguiente, debe declararse su nulidad”.
El fiscal también pidió el apartamiento de Grunberg y Obligado, es decir, de la mayoría que cerró el caso. “En cada uno de los fundamentos se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa”, dijo respecto al voto de ambos magistrados. Y en otro fragmento cargó con mayor dureza: “Las sentencias arbitrarias enmascaran bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad, por ello no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”. Claro, Villar se presenta del otro lado de esa frontera que traza.
Finalmente, en búsqueda del juego mediático-político-judicial que pretende, es decir, de hacer un show con el juicio, Villar concluyó: “La solución del sobreseimiento tal como aquí nos es presentada, no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia, sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día, allí se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”. En esa línea, añadió que “la sociedad tiene derecho a tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos, responsables y comprometidos en el marco de un sistema republicano de gobierno”.
Los otros planteos
Además del de Villar hubo otros tres planteos. Todos contestaron la "vista del termino de oficina" del recurso de Casación que presentó el fiscal de juicio, Diego Velasco, en pos de lograr que se revierta lo resuelto por el TOF 5. A diferencia del fiscal ante la Casación, que mantuvo el recurso de Velasco, las otras partes reclamaron a la sala I de la Casación que rechace la apelación que realizó el Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público de la Defensa, representado por la defensora Daniela Villalón, planteó que “se rechace por inadmisible el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de fecha 26 de noviembre de 2021”.
Juan Martín Villanueva, abogado de Lázaro Báez, requirió que “se confirme la resolución dictada” por el TOF 5 “en cuanto dispuso el sobreseimiento de nuestro asistido por el delito de lavado de activos por el que fuera imputado en los requerimientos de elevación a juicio”.
Por su parte, los abogados de CFK, Máximo y Florencia Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, hicieron lo propio. “Venimos a desarrollar una serie de argumentos dirimentes que, sumados a los sólidos fundamentos jurídicos expuestos en la resolución en crisis, ratifican, fuera de toda posible discusión, el acierto del temperamento desvinculatorio arbitrado en la causa con relación a nuestros defendidos, el cual debe ser confirmado”, escribieron los letrados.
Quiénes resuelven y cuándo
Ahora, la Casación debe fijar audiencias ante la cámara, para que cada una de las partes exponga su postura frente a la apelación.
La sala I del máximo tribunal penal del país no tiene plazo para expedirse. Según pudo constatar este medio, el caso pasó a estudio de las vocalías.
¿Quiénes resolverán? Los tres integrantes de la sala I que está compuesta por la jueza Ana Figueroa (una de las magistradas perseguidas por el macrismo) y los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Estos dos últimos fueron designados en la Casación por Macri. El primero, como publicó El Destape, se excusó de intervenir en el caso D’Alessio por su “íntima amistad” con Germán Garavano, exministro de Justicia macrista, lo que revela sus aceitados vínculos con el mundo cambiemita.
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No obstante, esta sala ya cerró el caso Dólar Futuro, uno de los paradigmáticos del Lawfare, que se usó para perseguir judicialmente a Cristina. Y tiene para resolver otros tres, también emblemáticos: el mentado Hotesur-Los Suaces, el del Memorándum de Entendimiento con Irán e intervendrá en el de las Fotocopias de los cuadernos resucitados de las cenizas.
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