La AFIP fue uno de los principales brazos ejecutores del Lawfare que tuvo el macrismo. Cada vez se acumulan más elementos que comprometen a quienes fueron los administradores del ente recaudador durante la era Macri, Alberto Abad y su sucesor Leandro Cuccioli, y a varios de sus funcionarios.
El lunes pasado, por ejemplo, procesaron a un alto directivo de la AFIP en el caso de la extorsión al Grupo Indalo –donde ya se indagó a Abad-. En la misma resolución en la que se dictó el procesamiento se dio cuenta del hallazgo de una herramienta informática ilegal para monitorear a dos grupos empresarios asociados al kirchnerismo. La semana anterior, se había conocido un nuevo pedido de indagatoria de Abad y seis integrantes del organismo en otra causa de persecución judicial que tiene por víctima a un excamarista federal. A estos casos paradigmáticos se suma el hostigamiento a CFK, Máximo y Florencia Kirchner.
El monitoreo ilegal de los grupos Indalo y Báez
La extorsión del gobierno de Mauricio Macri al Grupo Indalo es uno de los casos emblemáticos de persecución judicial. Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa terminaron detenidos. La administración macrista buscó desapoderarlos de sus principales empresas. Ambos fueron espiados en la cárcel de Ezeiza junto a dirigentes políticos.
Un actor clave de esta persecución fue la AFIP. Por eso fueron indagados en esta causa Abad y directores del organismo. La jueza María Servini comenzó a resolver la situación procesal de los indagados el pasado 9 de agosto. El primer procesado por la extorsión al Grupo Indalo –caso en el que se dio a la fuga el operador judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón- es Sebastián Omar Paladino, Subdirector de Recaudación de la AFIP.
¿Qué se le achaca a Paladino? “La creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico ‘Grupo Indalo’. La inclusión de las empresas o contribuyentes en la mencionada herramienta no habría obedecido a un criterio objetivo”, según describió la jueza. Esta herramienta se creó a los fines de la persecución que se desató contra ese grupo durante el macrismo.
Tal como surge de una auditoría interna de la AFIP, es “posible concluir que se había creado una herramienta que había surgido para monitorear en forma diaria el estado de dos grupos económicos específicos, distinguiendo su tratamiento del resto de los contribuyentes”. ¿Cuáles eran esos dos grupos? “El Grupo Indalo y el Grupo Báez”.
Servini resalto “que existió una discriminación de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos para con los grupos económicos denominados ‘Grupo Indalo’ y ‘Grupo Báez’, que determinó que sin motivo alguno fueran controlados/vigilados de una manera distinta del resto de los contribuyentes”.
De acuerdo a la magistrada, Paladino fue uno de los responsables de esta situación: “Ordenó la implementación de un sistema informático al solo efecto de vigilar a las empresas integrantes de un grupo económico”.
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Es de esperar que en el corto plazo, Servini resuelva la situación procesal de los restantes indagados. Entre los denunciados –no indagado hasta el momento- también figura el sucesor de Abad en AFIP, Leandro Cuccioli.
A la par, se siguen acumulando pruebas que complican a Mauricio Macri en este expediente. No es azaroso que la causa está caratulada como “MACRI , MAURICIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA”. Entre las últimas medidas de Servini se encuentra la citación de nuevos testigos. Para el próximo 26 de agosto se espera la declaración testimonial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, designado por Macri y cercano al prófugo Pepín, con quien mantuvo al menos 59 conversaciones telefónicas en momentos clave del caso Indalo.
Al entorno de Lázaro Báez no le sorprendió que se haya descubierto el monitoreo ilegal de sus empresas desde una herramienta informática irregular creada en la AFIP. Sostienen que hay un historial extenso de persecución contra el empresario patagónico por parte de Jaime Mecikovsky, un exfuncionario de la AFIP vinculado a Elisa Carrió e involucrado en distintas causas judiciales.
“Lo que se está destapando con esta información es la existencia de una asociación ilícita adentro de la AFIP que tuvo por objetivo perseguir a contribuyentes en función de sus afinidades políticas y con la intencionalidad de que esto le genere un rédito electoral a un sector particular de la política”, afirmó Juan Martín Villanueva, abogado de Báez, a El Destape. Y añadió: “Cada día que pasa van apareciendo más pruebas. La AFIP se usó de manera ilegal para perseguir gente”.
Aporte ilegal para destituir a un juez
Una investigación que realizó el fiscal federal Franco Picardi expone que el macrismo también usó a la AFIP, entre otros organismos, para destituir al camarista Eduardo Freiler.
Tal como publicó El Destape, Picardi requirió 19 indagatorias en el marco de este proceso en el que se investiga la vulneración del secreto fiscal, bancario y bursátil de Freiler y su familia a pedido del Consejo de la Magistratura que hegemonizaba el macrismo. Es que la AFIP al igual que el Banco Central facilitaron información al consejo de forma irregular. Los hechos ocurrieron entre finales de 2016 e inicios de 2017. Freiler fue destituido en noviembre de aquel año, en medio de un escándalo.
Freiler fue el primer juez de la estratégica Cámara Federal porteña desplazado por Macri. Su caso fue paradigmático por la forma en que se lo apartó. Y por el mensaje que implicó para sus colegas.
El entonces camarista era un juez molesto para Macri: fue uno de los camaristas que confirmó cerrar la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán por inexistencia de delito; insistió con la indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación por la compra de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar; y hasta votó por apartar a Claudio Bonadío del caso Hotesur.
En el marco del proceso disciplinario que se le inició en el Consejo de la Magistratura para destituirlo dos consejeros cambiemitas hicieron requerimientos a la AFIP, el BCRA, la Caja de Valores S.A. el Banco Provincia y un banco privado, que brindaron los datos requeridos violando los secretos que debían amparar. Para poder enviar la información se necesitaba una autorización judicial en el marco de una causa o una causal de excepción expresamente determinada en la normativa pero ninguna de las dos cosas existieron en el proceso contra Freiler.
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En este marco Picardi solicitó que el juez del caso convoque a indagatoria a 19 personas entre las que se encuentran Abad y seis miembros de la AFIP:
- El titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola
- Quien se encontraba a cargo de la Dirección General Impositiva -pero no era su titular-, Juan Carlos Santos
- El titular de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto
- El titular de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Leonardo Mecikovsky
- La abogada de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social, Moira Emma Orona
- El titular de la Dirección Regional Mar del Plata, Manuel Javier Rodríguez.
Este caso estaba en manos del juez Sebastián Casanello quien se inhibió de intervenir. La causa se sorteó y recayó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi pero no aceptó la inhibitoria de su colega por lo que será la Cámara Federal porteña la que resuelva cuál de los dos magistrados debe quedar al frente de la pesquisa.
El hostigamiento de la AFIP a CFK
El Gobierno denunció en diciembre pasado que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre Cristina Fernández de Kirchner y Máximo y Florencia Kirchner. También señaló que dentro del organismo se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento que actuaron de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías. Como corolario, se omitía de notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.
En el marco de este proceso, que está radicado en el juzgado federal Nº 11 que actualmente subroga Julián Ercolini (uno de los jueces del Lawfare), Abad y Cuccioli designaron abogados.
La presentación fue una ampliación de la denuncia que se había realizado a comienzos de febrero del 2020. La presentación judicial firmada por Marcó del Pont incorporó los resultados del trabajo realizado en forma conjunta por distintas áreas del ente recaudador.
Según informaron el año pasado desde la AFIP “los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”.
Se investigan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado... los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, expresó una providencia firmada por Marcó del Pont el 12 de noviembre del 2020.
Tal como se indicó desde la AFIP “la Subdirección General de Auditoría Interna contabilizó la realización de miles de consultas sistémicas sobre información fiscal de la vicepresidenta y sus dos hijos, sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo. A esta situación debe sumarse la probable eliminación de rastros informáticos sobre otras consultas practicadas de manera presuntamente ilegal”.
Con estas prácticas, la AFIP se sumó a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la persecución de opositores. Los cuatro organismos dependen del Poder Ejecutivo, que encabezaba Mauricio Macri.
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