Mauricio Macri utilizó todas las áreas del Estado para llevar adelante la persecución a opositores. Ya es conocido el uso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el espionaje por parte del Servicio Penitenciario y el uso irregular de Oficina Anticorrupción. Ahora se suma la AFIP, donde el Gobierno hizo una auditoría interna y encontró numerosas evidencias de “hostigamiento fiscal” contra Cristina Fernández de Kirchner durante la era Macri. Y no solo contra ella: durante el macrismo también apuntaron a sus hijos Máximo y Florencia.
El Gobierno encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia, que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso hubo grupos de seguimiento, que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías y que incluso se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.
La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, realizó una denuncia penal en febrero a partir de una presentación ante el organismo de la propia CFK. La vicepresidenta planteaba que en la era Macri la AFIP la había perseguido. Recayó en el juzgado N° 11 de Comodoro Py, donde reinaba Claudio Bonadio y que ahora está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Se ve que aún no habían actualizado el sistema de sorteos. En paralelo, Marcó del Pont abrió una investigación administrativa interna para determinar si hubo funcionarios que fueran parte de esa persecución y una auditoría para chequear si efectivamente sucedió. Todo eso fue lo que hoy remitió a Comodoro Py para ampliar la denuncia original de febrero.
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“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri. De las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, informaron desde AFIP.
El organismo que conduce Marcó del Pont informó que encontró “irregularidades en los procedimientos de determinación de oficio de deudas así como la evidencia sobre prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho”. Como diría CFK, “lawfare al palo”.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado... los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, dice un documento interno de la AFIP firmado por Marcó del Pont el 12 de noviembre y que derivó en la ampliación de la denuncia realizada hoy.
La AFIP también informó que “entre los años 2016 y 2019 se desplegaron en la AFIP acciones ilegales que han configurado un supuesto de aquello que podríamos denominar ‘hostigamiento fiscal’, compuesto por prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias –entre otros– del principio de igualdad, cumplidas con una finalidad de persecución contra la principal oponente política del entonces oficialismo, con una eventual afectación de derechos de difícil –sino imposible– reparación, tanto para ella como para sus hijos”.
Entre las irregularidades, prácticas arbitrarias y discriminadoras del “hostigamiento fiscal” contra CFK y sus hijos encontraron:
- La designación de funcionarios a dedo para llevar adelante los procedimientos contra CFK.
- Una “inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal” de CFK. Constataron miles de consultas sobre CFK, Máximo y Florencia, todo “sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo. A esta situación debe sumarse la probable eliminación de rastros informáticos sobre otras consultas practicadas de manera presuntamente ilegal”. Marcó del Pont enfatizó que “semejante nivel de intromisión de una agencia estatal en la vida de una persona constituye un atropello institucional”.
- Que hubo actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales sin estar autorizados por parte del organismo.
- La creación de grupos de seguimiento y control de contribuyentes específicos.
- Actuación “coordinada (e irregular) con juzgados y fiscalías federales".
- La falta de notificación de una fiscalización, es decir, no le avisaron a CFK que iban a revisar de oficio sus obligaciones tributarias. Eso, dice el escrito de Marcó del Pont, pone “en entredicho la garantía del debido proceso".
- El envío de notificaciones a un domicilio que no era de CFK a propósito. Para la actual AFIP “se omitió deliberadamente y con indisimulable mala fe proceder de tal manera”.
- Irregularidades en la determinación de deuda de CFK y sus hijos.
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