A un año de gestión como vicepresidenta, Cristina Kirchner destrozó al Poder Judicial haciendo puntual hincapié en la continuidad del lawfare en Argentina. Apuntó directamente hacia la Suprema Corte y aseguró que "esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".
Con una foto suya junto al presidente Alberto Fernández el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2019, CFK publicó "A un año... balance". En el comienzo de la misiva, Cristina Kirchner realizó un balance de la gestión del Poder Legislativo, en particular del Senado, y se refirió al trabajo realizado desde el Poder Ejecutivo frente a las dos pandemias: la crisis económica que dejó Mauricio Macri y el coronavirus. Un 2020 realmente complicado, atravesado por una pandemia que no obstaculizó el funcionamiento del Congreso, como muchos desde la oposición quisieron instalar. "Desde que asumimos, hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces. Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo", dijo Cristina.
En esa línea, agregó: "¡Pero ojo! No fueron sólo las 32 sesiones. En este año se hicieron 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. No hay registros históricos de semejante actividad legislativa. Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados". Y puntualizó las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y tratadas en el parlamento.
Sin embargo, apuntó que "no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial". Sobre éste, marcó: "Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".
La vicepresidenta aclaró, para quienes suelen tergiversar sus palabras, que el Gobierno no busca una "justicia adicta" sino "todo lo contrario". Recordó que "somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la “mayoría automática de la Corte”, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas"
Pero, lanzó, "de aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada". Después del fallecimiento de Carmen Argibay y la jubilación de Raúl Zaffaroni, dijo, quedaron dos miembros con actitudes que merecen "mayores comentarios" de su parte. Hace referencia a Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.
El primero, "se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío". Moro, recordó, fue el que encarceló a Lula Da Silva, expresidente de Brasil, sin pruebas y le impidió volver a ser candidato. Eso permitió "la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia". Bonadio, "nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los “jueces de la “servilleta”. Bonadío se autodefinía como un practicante del “derecho penal creativo”: aberración jurídica si las hay", sostuvo Cristina.
Lorenzetti presidió "ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo".
Sobre Highton sostuvo que "no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos", lejos de lo que mandan las normas argentinas.
Un cuadro que se completó con el macrismo "cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema". Esas personas "debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el País" pero "aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes". Algo que luego se frenó por el rechazo masivo y debieron pasar por el Senado, como corresponde.
Por eso, analizó, actualmente "la Corte esta integrada por esos cuatro funcionarios más el Dr. Juan Carlos Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente. Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país".
Ante ese panorama, sostuvo, "a nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno".
Y concluyó que "de los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo". Analizó que si ese poder, además de lo descrito, "sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno" vamos a estar "muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas".
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