Alberto Fernández llegó al gobierno hace exactamente un año con una prioridad clara que estaba explícita en cada uno de sus discursos de campaña, terminar con el hambre en la Argentina. La historia lo sorprendió desde las primeras semanas de mandato, poniéndole enfrente una pandemia que obligó a recalcular y desviar esfuerzos en pos de preservar la vida de los ciudadanos de este país. Ningún balance de los últimos doce meses debería obviar esta circunstancia.
En ese contexto, algunas de sus promesas pudieron cumplirse de forma parcial, como la reactivación económica; otras, como la legalización del aborto, comienzan a saldarse por estas horas; algunas fueron honradas de forma cabal desde el primer día, como el saneamiento de los servicios de inteligencia y otras, por ejemplo el final del lawfare, todavía no se pusieron en marcha. Fernández cumple su primer año de gobierno con medallas, deudas y un horizonte más abierto que el que había cuando asumió, un año atrás.
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El compromiso del Presidente al comenzar la pandemia fue priorizar la salud antes que otras consideraciones. Una primera respuesta rápida y efectiva logró demorar el crecimiento de los números de contagio durante varios meses; el tiempo ganado sirvió para reforzar un sistema de salud que no llegó a colapsar (con algunas excepciones en el interior del país). Luego, no supo o no quiso sostener la marca personal sobre el problema, que fue delegado a los gobernadores, lo que implicó una suerte dispar a lo largo y ancho del territorio.
Cualquier balance sobre los costos humanos y económicos de la pandemia y de las medidas tomadas para combatirla es provisorio. Lo era cuando teníamos los mejores indicadores del mundo y también cuando comenzamos a aparecer entre los peores. Hecha la salvedad, las condiciones materiales y políticas del país lo hacían candidato a una catástrofe humanitaria que todavía no se corroboró y, si las vacunas siguen el calendario previsto, no debería suceder tampoco en los próximos meses.
Mucho se especuló sobre la posibilidad de que la depresión económica causada por el COVID-19 y que en la Argentina se montó sobre una recesión heredada del gobierno de Mauricio Macri causara un estallido social. Lo cierto es que nunca llegó. El esfuerzo realizado por el gobierno nacional, sumado a las administraciones locales y a organizaciones territoriales de la sociedad civil, en ese sentido, dio sus frutos. Programas como el IFE y el ATP cumplieron su rol y luego comenzaron a retirarse, mientras en paralelo aumentaban los planes sociales.
El desafío es convertir esos planes en trabajo, en lo posible formal. Los indicadores económicos de los últimos meses, en particular aquellos que correlacionan con el índice de pobreza, mostraron un repunte no sólo respecto a la peor etapa de la pandemia sino también a los últimos dos años del régimen neoliberal. La economía todavía no se encendió ni las heladeras están llenas pero si se consolida el rumbo (para lo cual es imprescindible que mejore el poder adquisitivo) son logros que Fernández podrá anotarse más pronto que tarde.
El acuerdo con los acreedores privados, que también aparecía al comienzo del mandato como una de las prioridades absolutas, tuvo una resolución efectiva; las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional avanzan en los plazos previstos. En el ínterin, y a pesar de algunos momentos de zozobra, pudo mantener la estabilidad del tipo de cambio oficial y torcer el brazo de los que intentaron forzar una devaluación especulando con los dólares paralelos. Gracias a eso, la inflación de 2020 terminará 20 puntos abajo que el año anterior.
En el plano político, el principal triunfo de Fernández fue haber consolidado el Frente de Todos, una coalición electoral cuya efectividad en el gobierno estaba por verse. A pesar de los tironeos esperables, el Presidente completa 366 días a la cabeza de un gobierno que no sufrió fisuras ni quiebres ni renuncias significativas. Los problemas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pertenecen más al área de la ficción o el deseo; Sergio Massa encontró su lugar; gobernadores, intendentes y sindicatos se sientan a la mesa.
Un reproche frecuente durante estos doce meses es que a esa mesa se sientan literalmente todos, incluso aquellos que conspiran con poco secretismo contra el propio Gobierno. Casos como el de Vicentin mostraron los límites de la estrategia de diálogo a ultranza del Presidente. Si el futuro del país trae crecimiento, la puja distributiva obligará al mandatario a ejercer con menos pudor el decisionismo. No está mal hablar con todos pero es imposible, además de poco deseable, que todos se queden contentos al final del día.
La interrupción del tránsito internacional a causa de la pandemia puso el freno a los planes de Fernández en materia internacional. Antes de que la enfermedad limitara los traslados, había tenido tiempo de hacer una primera gira, que lo llevó a Israel, España, Italia, Francia y Alemania. Una declaración de principios sobre cuál sería la línea que regiría la política exterior, lejos de las dicotomías que habían protagonizado esa materia durante los gobiernos anteriores. En la misma tónica, para el 2021 planea visitar Beijing y también Washington.
En la región, se diferenció lentamente pero con firmeza del Grupo de Lima, tratando de correr a Venezuela del centro de la escena. Estrechó lazos con México, pero también con Chile y Uruguay. La relación con Brasil, Bolsonaro mediante, se descongeló recién la semana pasada. Tuvo un rol clave en la recuperación de la democracia en Bolivia: su gestión le salvó la vida a Evo Morales, a quien luego se le brindó asilo político, incluso contra las voces que advertían que una decisión de ese tipo complicaría las negociaciones por la deuda externa.
Entre las deudas, después de un año, sin dudas ocupa un lugar predominante la continuidad del lawfare. Milagro Sala sigue presa, Amado Boudou puede volver a la cárcel de un momento a otro. La Corte Suprema de Justicia sigue funcionando como un órgano de cogobierno de los poderes concentrados. Sólo cabe anotar en el haber la reforma profunda de la Agencia Federal de Inteligencia, que destapó una serie de irregularidades que ahora deben ser debidamente investigadas.
El día que se cumple el primer aniversario de Gobierno, se debatirá en Diputados la Interrupción Voluntaria del Embarazo, otra de las promesas de Fernández. El coronavirus causó la demora en el tratamiento de un proyecto agendado para marzo. A medida que asoma en el horizonte el final de la pandemia cabe esperar que otras deudas puedan saldarse. Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y será la performance del gobierno, y no otra cosa, lo que evaluará la sociedad cuando ponga su voto en la urna.
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