El actor clave para cambiar las cosas fue, es y será el pueblo movilizado. Lo vimos en la marcha del 2x1 hace unos años cuando los organismos de derechos humanos y la gente en las calles lograron cambiar una decisión de la Corte Suprema e incluso impulsar una ley en el Congreso para evitar la aplicación del calculo privilegiado de prisión preventiva a acusados de delitos de lesa humanidad. Lo vimos ahora con las pibas que lograron revertir la decisión del Senado y hacer realidad el aborto legal, seguro y gratuito. Estos ejemplos evidencian que el movimiento popular es el espacio privilegiado para lograr políticas transformadoras, incluso cuando existen grandes poderes operando en contra.
Claro que, desde las universidades, centros de pensamiento y desde el Estado también se puede accionar para lograr cambios y enfrentar el lawfare. Lo primero y fundamental será investigar rigurosamente y producir información. ¿Se dan cuenta de lo poco que sabemos de las acusaciones contra nuestros más altos funcionarios? El desafío es entonces combatir noticias falsas y manipulación mediática con datos fiables y claros. Se precisan estudios cualitativos y cuantitativos sobre causas de lawfare e incluso sobre las causas que involucran a dirigentes políticxs y jerárquicos de corporaciones en general, y ver qué pasa en esos casos, quienes son lxs imputados, quiénes son lxs que presentan los casos, qué normas se aplican, en que tiempos, con atención al género, los partidos, los intereses en juego. Es urgente saber qué esta pasando en los sistemas penales de nuestra región; saber cuales son los mecanismos que perpetúan la injusticia y la judicialización de la política.
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En segundo lugar, se trata de transmitir toda esa información. Que no quede en reportes que nadie leerá, sino que llegue a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo? Por medios alternativos y con un abordaje didáctico. Y con la tan demorada desconcentración de los medios de comunicación. Dirán algunos que se intentó y no se pudo. Con la experiencia de lo difícil que es enfrentar a los poderes mediáticos y sabiendo que la concentración de medios y su utilización política son una problemática regional (y que incluso hay corporaciones mediáticas que operan en varios países), ¿no será tiempo de una estrategia regional para procurar la pluralidad de voces y pensamientos en los medios de comunicación? ¿Se podría pensar que, desde los Estados, IPPDH, CIDH o Grupo de Puebla pensar en una normativa regional para lograr la tan necesaria democratización de los medios de comunicación?
En tercer lugar, este proceso precisa ser acompañado por la necesaria democratización de la justicia, no solo para evitar el lawfare sino para tener menos selectividad en general y más respeto por los derechos de todas las personas sometidas al sistema penal. Esta transformación requiere de mecanismos de rendición de cuentas con control cívico desde ONGs y organizaciones populares, un poder judicial interdisciplinario (¡incluso para transmitir las sentencias en forma clara!) y diverso, con participación indígena, paridad de género, gente de los barrios vulnerados y personas trans. Hoy, menos del 10% de los jueces federales son mujeres. ¿Será que otra composición de género puede dar mejores resultados? La justicia también precisa democratizar su lenguaje y hacerlo accesible (buenas excepciones las vimos en el fallo Arriola de la otrora Corte Suprema y en los entrañables escritos del juez Mario Juliano). Para que lxs nuevxs jueces puedan estar a la altura de una cultura de derecho precisamos cambiar la formación de lxs juristas: se necesitan abogadas y abogados en universidades populares, formadxs interdisciplinariamente y al servicio del pueblo. Y no se trata solo de abogadxs: el país precisa de formación cívica y en derechos accesible a todxs para, de una vez por todas, democratizar el saber.
Por ultimo, necesitamos monitoreo. Las transformaciones que se precisan en el mundo jurídico y mediático son complejas y requieren del acompañamiento de observatorios desde los centros de investigación y la sociedad civil con perspectiva de género, clase y etnicidad.
Pueblo movilizado, información clara sobre nuestra justicia, medios desconcentrados, democratización de los tribunales, formación critica e interdisciplinaria con enfoque de derecho y monitoreo desde la sociedad civil. Nada fácil. Pero el premio es grande: desconcentración y democratización del poder para cambiar de raíz el actual juego de fuerzas.
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