Las 7 causas en las que Comodoro Py favoreció a Macri en los últimos días

En los últimos días la maquinaria de Comodoro Py benefició al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gestión en diversas causas comprometedoras. Y hubo movimientos en casos que involucran a CFK. El caso paradigmático que refleja el estado de situación fue el cierre definitivo de la pesquisa conocida como “Operación Olivos”, donde se investigaban las reuniones de Macri con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Tal como publicó El Destape, los encuentros se daban justo cuando ambos magistrados tenían que definir expedientes clave contra CFK y otros ex funcionarios. Todo indica que esta ráfaga judicial de los tribunales de Retiro, que incluye resoluciones en una misma dirección en al menos 7 expedientes, es un nuevo reacomodamiento de cara a la campaña electoral que se avecina.

En las dos semanas pasadas hubo varios movimientos en causas judiciales que son seguidas de cerca por el macrismo. Una breve cronología muestra a funcionarios judiciales relacionados con Macri tomando decisiones que benefician al espacio opositor:

• 10 de junio. Operación Olivos I.

Este viernes, el fiscal interino ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe desistió de impulsar el caso, lo que dejó firmes los sobreseimientos de Macri, Borinsky y Hornos que dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi sin investigar las reuniones en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada que denunció este medio. Para Martínez de Giorgi la mayoría de los encuentros denunciados no existieron. No revisó los registros de acceso a la quinta de Olivos, es decir, más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan las 16 visitas de Borinsky y las 2 de Hornos (que se suman a 6 a la Casa Rosada). Martínez Di Giorgi limitó la pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano y que son en su mayoría de ingresos a la Casa Rosada. 

La fiscala Alejandra Mángano había apelado los sobreseimientos pero ahora su circunstancial e interino superior jerárquico, Agüero Iturbe, no sostuvo esa apelación. En los hechos significa el final de la causa, que quedó cerrada definitivamente. Agüero Iturbe es fiscal interino, no concursó para el cargo. Fue designado allí por otro interino, el procurador Eduardo Casal.

Para enterrar este caso clave, el fiscal Agüero Iurtbe –el mismo que pidió anular el procesamiento de Macri en el caso del espionaje al ARA San Juan - afirmó que no hay que investigar más porque “no arribaríamos a ningún puerto y solo profundizaríamos la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”. E intentó quitarle peso a las reuniones: “Es necesario indicar que la reunión de un magistrado con quien ejerce el poder ejecutivo (de carácter unipersonal) en un período determinado no representa de por sí acción u omisión alguna reprimida por el catálogo penal de la nación”. Con total impunidad sostuvo que aquí no ha pasado nada.

• 10 de junio. Vuelos al sur, una causa derivada del caso Cuadernos.

Este viernes también se conoció que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé, otro visitante de Macri en la Quinta de Olivos, presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revoque el fallo de Casación que hace dos semanas anuló el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa en que se investigaba el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de muebles hacia el sur del país.

El expediente cobró notoriedad en una jornada icónica del Lawfare: fue uno de los ocho procesos a los que el fallecido juez Claudio Bonadio había sometido a la expresidenta en una insólita maratón de declaraciones indagatorias, el 25 de febrero de 2019 (precisamente, el día de nacimiento de Néstor Kirchner). En el marco de este caso, Bonadio terminó dictando el procesamiento de CFK por el delito de peculado, sentencia que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal porteña. ¿Quiénes la confirmaron? Tres jueces nombrados por Macri: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos a dedo, y Mariano Llorens, quien concursó para el cargo a diferencias de sus colegas. Llorens fue denunciado penalmente por visitar a Macri en la Quinta de Olivos. Su caso es uno de los que tuvo movimientos en esta semana.

El 26 de mayo pasado, la Cámara de Casación Penal revocó el procesamiento de CFK en este caso y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Ahora Pleé pretende que la Corte intervenga y vuelve a complicar a la actual vicepresidenta. Pleé era uno de los candidatos de Macri para ocupar la Procuración General de la Nación.

• 10 de junio. Gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta.

La oposición realizó tres denuncias penales en pos de que se investigue si hubo un direccionamiento de dos licitaciones vinculadas a la obra pública más importante que tiene para afrontar el gobierno de Alberto Fernández: el Gasoducto Néstor Kirchner. La oposición cuestionó la licitación del gasoducto en sí y la de la fabricación de los tubos que se necesitan para la obra. El disparador fue un off que salió del ministerio que conducía Matías Kulfas. El caso lo investigan el jue Daniel Rafecas y el procesado Carlos Stornelli. Kulfas declaró como testigo en Comodoro Py este viernes y negó haberse referido a hechos de corrupción. “En ningún momento quise señalar o hacer mención a actos de corrupción”, aseguró en su testimonial bajo juramento de decir verdad.

Según reconstruyó El Destape, el exministro aclaró que sus expresiones, tanto en “off the record” como en público, no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta.

También reconoció errores en el comunicado off the record y los "atribuyó al apuro por emitir una respuesta". La mayoría de las preguntas las realizó Stornelli. El exministro fue contundente: “Respecto de la firma Techint, no tengo elementos para hablar de direccionamiento”. Sus afirmaciones complicaron la estrategia de la oposición de avanzar con esta causa en pos de machacar una vez más con la tesis de la corrupción de cara a un año electoral.

La semana próxima el caso del Gasoducto seguirá dando que hablar: habrá una nueva testimonial y dos audiencias con expertos.

• 8 y 7 de junio. Operación Olivos II.

En esta pesquisa se hace foco en la visita del camarista porteño Mariano Llorens a Macri en la Quinta de Olivos el 6 de septiembre de 2019. Un grupo de abogados cuestionó la justificación que dio el juez a ese encuentro. El juez nombrado por Macri dijo que fue de “estricto índole institucional”. Su respuesta fue en el marco de una recusación en una causa de espionaje ilegal. Para los denunciantes “esa afirmación resulta absolutamente falsa”, aseguran que incurrió en “falsedad ideológica” y que “Llorens no estaba capacitado ni autorizado para hacer esa reunión por razones funcionales”. De acuerdo a los registros de ingreso a la quinta presidencial –resaltaron los denunciantes-, el camarista entró junto con Pierre Pejacsevich en un mismo vehículo. Pejacsevich es presentado como el “jugador más joven de las mesas de bridge de Franco Macri”.

Esta causa tramita como expediente paralelo al de Hornos y Borinsky. Fue recientemente archivada en primera instancia con una falta de mérito por parte del juez Sebastián Casanello. La Cámara Federal porteña se preparara para confirmarla. Este 7 y 8 de junio quedó conformado el tribunal que abordará el tema con Martín Doctrina Irurzun y Roberto Boico (el único camarista porteño que ingresó durante el gobierno de Alberto). Si no hay acuerdo entre ambos deberá desempatar un juez de la otra sala del tribunal porque Eduardo Farah se excusó de intervenir. Como Llorens no puede revisar su propio caso, el desempate quedará en manos de Bruglia o Bertuzzi, los dos jueces designados a dedo por Macri en la instancia revisora de Comodoro Py.

• 6 de junio. Hotel Vandenbroele, caso en que está imputado el exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano.

Esta causa se abre a partir de una nota de Ari Lijalad en El Destape que reveló cómo el gobierno de Mauricio Macri le pagó más de 4,5 millones de pesos -incluido un hotel boutique - a Alejandro Vandenbroele, el testigo clave para meter preso al exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.

Este lunes, la Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens (visitante de Macri en Olivos) y Bruglia (puesto a dedo por Macri en ese tribunal), dejó la causa sin querellantes. Los dos camaristas apartaron al exvicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Rafael Resnick Brenner del caso. Sin querellas el caso no tendrá impulso. Ese movimiento coincide con la decisión que tomó hace unos días el juez Ercolini de quitar la investigación a la fiscal Paloma Ochoa, quien tenía delegada la pesquisa. Entre otras cosas, Ochoa había pedido la indagatoria de Garavano, solicitud que Ercolini evadió y dejó prácticamente suspendida. Esta decisiones evidencian que se acerca un intento de cierre del caso.

•  3 de junio. Gestapo antisindical.

El viernes de la semana pasada, se conoció que el fiscal subrogante ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, dictaminó para que la causa en la que se investiga el armado de causas por parte de Cambiemos contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina, pase a los tribunales de Comodoro Py. La investigación actualmente se encuentra en la justicia de La Plata, en el jugado a cargo de Ernesto Kreplak.

El fiscal, relacionado al macrismo y la DEA, apoyó los plantos de exfuncionarios de María Eugenia Vidal procesados en el caso y consideró que la investigación debe tramitar en el juzgado porteño a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo que sobreseyó a todos los acusados del caso Operación Olivos. Ahora deben resolver la cuestión los camaristas platenses.

El caso Gestapo antisindical es una causa de alto impacto político que involucra al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora bonaerense Vidal. El 28 de abril pasado, Kreplak  procesó a los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci y a los exfuncionarios bonaerenses Marcelo Villegas y Adrián Grassi por violar la Ley de Inteligencia Nacional y por considerarlos partícipes necesarios del delito de prevaricato. La medida también incluyó al actual intendente de La Plata Julio Garro y al senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se planeó el armado de causas contra el Pata Medina.

• Avanzada contra el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

A fines de mayo, el fiscal Carlos Stornelli le dio impulso penal a una de las tres denuncias que la oposición había presentado en Comodoro Py contra el legislador del FdT por su accionar en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI). Finalmente, Rafecas frenó esa jugada al enviarle el expediente a su par Ariel Lijo, quien terminó nucleando las tres denuncias y debe resolver qué hace con el caso.

¿De qué se acusa a Moreau? De intervenir, desde la CBI, en un caso que tramita en la justicia de San Nicolás, donde se investiga a integrantes del gremio Camioneros. A principios de mayo, Moreau hizo un pedido a la justicia desde la comisión para determinar si hubo escuchas ilegales y espionaje en el expediente que se abrió contra los sindicalistas. Ese planteo de Moreau fue considerado por el macrismo como una presión a la justicia y presentó tres denuncias en los tribunales de Retiro.

Para Moreau, estas presentaciones  son “la vendetta mafiosa. No soportan que hayamos contribuido a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina”, escribió en Twitter.

La serie de resoluciones suscriptas en Comodoro Py en los últimos días evidencian que no es gratuito que sigan en funciones todos los jueces y fiscales del lawfare.