La Cámara porteña confirmó a la jueza María Fernanda Botana al frente de la causa en que se debe investigar la denuncia que realizó el gobierno nacional contra el ahora exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, por los presuntos delitos de corrupción que surgen de la segunda filtración de chats. La magistrada había sido recusada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño luego de que se declarara incompetente para abordar el caso por considerar que la Justicia de la Ciudad está viciada para investigar la corrupción PRO dado que el jefe de los fiscales, Juan Bautista Mahiques, viajó con D’Alessandro a Lago Escondido. En la Ciudad rige el sistema acusatorio por lo que la investigación la impulsa el MPF.
La cámara porteña intervino en este caso en dos ocasiones. En una primera instancia, le dijo a la jueza Botana que el caso no puede cambiar de fuero por lo que no correspondía su declaración de incompetencia. Fue un guiño a la apelación que había hecho el MPF. Tras la ratificación de la competencia, el MPF volvió a la carga y pidió que se desplace a la magistrada de la causa por una supuesta falta de imparcialidad. Este último jueves la cámara rechazó ese planteo y mantuvo a Botana al frente de la pesquisa. Se trata de una jueza cuyo perfil no es del gusto del macrismo. De allí el intento (frustrado) de apartamiento que hizo la fiscalía.
“Afirmaciones infundadas, divagantes y conjeturales”
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada por Jorge Franza, Marcelo Vázquez y Fernando Bosch rechazó la recusación de Botana que planteó el fiscal subrogante Diego Espada. Según Espada, cuando se declaró incompetente, la jueza Botana “formuló afirmaciones que habrían afectado claramente su deber de imparcialidad”. Le achacó haber prejuzgado.
Botana, que es titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5, rechazó esa acusación y señaló que no se probó siquiera en forma mínima la existencia de “afecto, odio, o un interés particular” en el resultado del proceso.
Botana había sostenido que existía “una dificultad de orden técnico” para investigar a D’Alessandro en la Justicia de la Ciudad por el “vínculo de ‘familiaridad, amistad u otro tipo’ entre el imputado y el Sr. Fiscal General de la Ciudad”, es decir, Juan Bautista Mahiques, “por encontrarse ambos denunciados” en el caso de Lago Escondido. Recomendaba por eso “que la Justicia local y particularmente la fiscalía, no interviniera en el proceso”.
Según se desprende de la resolución a la que accedió El Destape, Franza fue el único que se hizo eco del planteo fiscal y se inclinó por apartar a Botana del caso. Vázquez lideró el voto mayoritario que terminó acompañando Bosch.
Para Franza “la opinión vertida por la Sra. Magistrada permite inferir que la totalidad del Ministerio Público Fiscal podría tener comprometido su deber de objetividad para con el caso, en razón del supuesto vínculo que se mencionó, a partir de la influencia que dicha relación pudiera tener con el devenir de la investigación” por lo que “la concepción planteada por la titular del Juzgado del fuero N° 5, podría sellar la suerte de cualquier pretensión que pudiera plantear esa parte”. Consideró que prejuzgó.
Es decir, los vínculos estrechos son del jefe de los fiscales, Juan Bautista Mahiques, y el acusado, es decir D’Alessandro, por lo que hay que correr a la jueza que resaltó esas relaciones. Un criterio bastante particular. De haber primado esta posición, lo que Botana explicitó cuando se declaró incompetente se habría concretado incluso antes de abrirse la investigación que tanto incomoda al macrismo. Tanto Mahiques como D’Alessandro están imputados en el caso de Lago Escondido (el viaje a la mansión de Joe Lewis invitado por el Grupo Clarín).
Vázquez no coincidió con Franza y remarcó que “la magistrada de grado se ha limitado a emitir opinión, exclusivamente, sobre la cuestión llevada a su conocimiento y que, no constituyó el fondo del asunto, sino que, versó sobre la asunción de la competencia en el caso, con base en la remisión que efectuara un magistrado nacional”. Esto es porque la denuncia del gobierno nacional se había realizado ante la justicia nacional, que se declaró incompetente y derivó el caso a la justicia porteña. Resulta que en el marco de la transferencia de competencias de la justicia nacional a la justicia porteña, los delitos de corrupción denunciados ya fueron traspasados y por ende deben investigarse en la justicia de la Ciudad.
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Para Vázquez “Botana no ha tomado, hasta el momento, una decisión de mérito sobre el caso, que pueda dar abrigo a la petición fiscal”. También señaló que “el recusante, no solo no ha aportado motivos serios, sino que, tampoco se advierte que el estado de las actuaciones permita una conexión lógica con lo invocado”. Y agregó: “Como bien señala la magistrada de grado, contamos con una presentación que posee afirmaciones infundadas y divagantes, a lo que sumo, exclusivamente conjeturales”.
Vázquez señaló “que la Fiscalía pareciera estar más preocupada por la aplicación, sin sustento, de mecanismos ordenatorios, que por asumir, de manera seria y diligente, una investigación que, por la temática que alcanza, es de suma importancia para los vecinos de esta ciudad”.
Bosch coincidió con Vázquez: “Lo cierto es que no se vislumbra circunstancia alguna que pueda llevar a apartar al juez natural de la causa”, dijo.
Mahiques, D’Alessandro y una justicia parcial
Botana había sostenido que la Justicia de la Ciudad no es objetiva para investigar a D’Alessando porque en la justicia local rige el sistema acusatorio, donde los fiscales están a cargo de la investigación, y el jefe de los fiscales es Juan Bautista Mahiques, compañero de D’Alessandro en el viaje a Lago Escondido, travesía por la que está imputado junto al exministro y otras 8 personas, entre las que se destacan 4 jueces federales, un exespía y dos altos ejecutivos del Grupo Clarín.
Botana expresó en una resolución del 16 de enero pasado que el sistema acusatorio imperante en la justicia porteña “presentaría cierta dificultad de orden técnico” para impulsar la investigación sobre el exministro de Horacio Rodríguez Larreta, a la luz de la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal local. El problema que menciona nace de la imputación que tienen tanto Mahiques como el exministro por su viaje a la mansión de Joe Lewis. Botana destacó que en esa pesquisa, que se inició en la justicia federal de Bariloche y por decisión de la Casación Penal pasa ahora a Comodoro Py, “se da cuenta de una relación de familiaridad, amistad u otro tipo…entre el aquí denunciado y el Fiscal General, Juan Bautista Mahiques” por lo que considera que resultaría “prudente” que la investigación vuelva a la justicia nacional, donde se había radicado la denuncia del gobierno el 6 de enero pasado. Luego la justicia nacional se declaró incompetente y envió el caso a la jurisdicción porteña. La mentada resolución de Botana del 16 de enero fue apelada y el MPF le dio la razón al MPF por lo que el caso quedó radicado en la Justicia local.
Uno de los argumentos que se desprenden de la resolución de Botana es que la justicia porteña no está en condiciones de investigar a un (ahora ex) funcionario de la Ciudad por un acto de corrupción dado el rol central que tiene Juan Bautista Mahiques en el sistema judicial local, donde los fiscales comandan las pesquisas.
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Mahiques y D’Alessandro están imputados por el vuelo del Lawfare a Lago Escondido. Sus consortes de causa son los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista), Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exespía Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. Todos fueron imputados por posibles dádivas. La imputación también alcanzó a dos altos ejecutivos de Clarín, que recibieron a los viajantes en el aeropuerto: Jorge Rendo, CEO de Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Jurídicos de Telecom. Según se desprende de la primera filtración de chats adjudicados al Telegram de D’Alessando, Casey fue quien invitó el viaje.
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Esa filtración expuso que todos los participantes del viaje a Lago Escondido compartían un grupo de chat e intentaron crear diferentes coartadas para esconder lo que a todas luces aparece como el delito de dádivas. Es decir, Mahiques compartía al menos un grupo de chat con D’Alessandro. De los mismos supuestos chats filtrados (que D'Alessandro dice que fueron manipulados) surge que el Fiscal General porteño cometió diversas maniobras ilegales, entre las que aparece el intento de torcer la investigación judicial que se sustancia en Bariloche.
En esa primera filtración, Juan Bautista Mahiques aparece como quien se encarga de conseguir facturas truchas y reunir el dinero para intentar tapar la invitación que había recibido el grupo de jueces y funcionarios luego de que el viaje se difundiera en los medios.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, Mahiques (h) se convirtió además de subsecretario de Justicia de la Nación en el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y sanciona jueces. Desde allí, Mahiques fue una pieza clave en el plan macrista de presionar a los magistrados que no se alineaban a los intereses de la Casa Rosada. Por esas presiones fue imputado en la causa “ Mesa Judicial PRO”.
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Denuncia a investigar
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció el pasado 6 de enero a D’Alessandro por instrucción del presidente Alberto Fernández. Fue tras la segunda filtración de chats adjudicados al exministro. La acusación se realizó ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y fue “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”. No se incluyeron delitos federales, por eso la denuncia no se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py.
En su escrito, Soria destacó que los supuestos chats filtrados “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”. No obstante, en la presentación solo se ciñó a los hechos que se cometieron en la Ciudad y tuvieron por protagonistas a funcionarios y empresarios porteños.
Por ejemplo, según la supuesta filtración, D’Alessandro mantuvo chats con Marcelo Violante, quien tuvo el negocio de las grúas en la Ciudad hasta mediados de 2022. En sus presuntos intercambios, que datan de 2019 y 2020, se habla de juntar la plata, de que ahora tiene “60 verdes” y de que están en “dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno.” Soria se hizo eco de estos presuntos intercambios y sostuvo en su presentación que “de acuerdo a los transcendidos periodísticos, el Sr. D’Alessandro habría recibido ‘retornos’ a cambio de no actualizar las tarifas –congeladas desde 2014- ni de impulsar la nueva licitación que ponga fin a una relación que se encontraba fenecida desde hacía 20 años”. Es decir, sostuvo el ministro, existiría un “circuito de recaudación ilegal que funcionaría de forma paralela o ‘bajo la mesa’”.
La denuncia luego fue derivada a la justicia porteña. Este jueves, la cámara ratificó a la jueza Botana al frente del caso.
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