Una jueza porteña sostiene que la Justicia de la Ciudad está viciada para investigar la corrupción PRO

La denuncia que realizó el gobierno nacional contra el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, por los delitos que surgen de la segunda supuesta filtración de chats provocó un sismo en la justicia porteña.

La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5, María Fernanda Botana, se declaró incompetente para abordar el caso y planteó que la causa debe volver a la justicia nacional, donde se había radicado originalmente. ¿Qué esgrimió Botana? Entre otras cosas, sostuvo que la Justicia de la Ciudad no es objetiva para investigar al funcionario porteño denunciado porque en la justicia local rige el sistema acusatorio, donde los fiscales están a cargo de la investigación, y el jefe de los fiscales es Juan Bautista Mahiques, compañero de D’Alessandro en el viaje a Lago Escondido, travesía por la que está imputado junto al ministro y otras 8 personas (entre las que se destacan 4 jueces federales, un exespía y dos altos ejecutivos del Grupo Clarín).

Botana expresó en su resolución del 16 de enero que el sistema acusatorio imperante en la justicia porteña “presentaría cierta dificultad de orden técnico” para impulsar la investigación sobre el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, a la luz de la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal local. El problema que menciona nace de la imputación que tienen tanto Mahiques como el ministro ahora de licencia por su viaje a la mansión de Joe Lewis. Botana destacó que en esa pesquisa, que se inició en la justicia federal de Bariloche, “se da cuenta de una relación de familiaridad, amistad u otro tipo…entre el aquí denunciado y el Fiscal General, Juan Bautista Mahiques” por lo que la jueza considera que resultaría “prudente” que la investigación vuelva a la justicia nacional, donde se había radicado la denuncia del gobierno el 6 de enero pasado. Luego la justicia nacional se declaró incompetente y envió el caso a la jurisdicción porteña.

Uno de los argumentos que se desprenden de la resolución de Botana es que la justicia porteña no está en condiciones de investigar a un funcionario de la Ciudad por un acto de corrupción dado el rol central que tiene Juan Bautista Mahiques en el sistema judicial local, donde los fiscales comandan las pesquisas.

La jueza también señaló: “Definir a esta altura del proceso que la causa debe tramitar ante esta órbita citadina, resulta, por lo menos, antojadizo y prematuro, sin perjuicio de lo que surja del devenir del trámite”. Por ejemplo, mencionó que Soria no fue citado a ratificar la denuncia, que no se investigó el modo en que ocurrió la interceptación de las comunicaciones de D’Alessandro ni se definió su licitud así como tampoco se determinó si los intercambios de mensajes son reales o fraguados.

Como era de esperar la resolución de Botana fue apelada por los fiscales porteños que intervinieron en el caso y que consideraron que la denuncia debe tramitar en el fuero porteño.

El fiscal ante la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, Martín Lapadu, que está relacionado al operador judicial Daniel “Tano” Angelici, enfatizó en su apelación, fechada el 25 de enero: “Sorprende al suscripto que la a quo haya introducido, de forma inconexa con su argumentación previa, la noción de que una supuesta (y ni siquiera demostrada) relación de amistad entre el Sr. D’Alessandro y el Sr. Fiscal General de este MPF Dr. Juan Bautista Mahiques haría ‘conveniente’ que el caso se mantenga por fuera de la jurisdicción local. Al respecto, de manera aún más llamativa, la Dra. Botana sostiene que tal circunstancia daría cuenta de una ‘dificultad técnica’ generada por el proceso acusatorio y, particularmente, por la organización jerárquica de este Ministerio Público Fiscal”.  “Sobre éste punto, coincido con el Sr. Fiscal de grado en cuanto a que el argumento reseñado no tiene ningún tipo de asidero en los hechos ni relación con la discusión en trato, es decir, si la competencia material del fuero local abarca al presente caso”, agregó y pidió a la instancia revisora que revoque la resolución de Botana.

En la misma línea, Lapadu criticó a la jueza por adjudicar “una supuesta discapacidad de orden moral” a “la totalidad de los miembros de este Ministerio Público Fiscal para juzgar hechos como los que se denuncian en autos”. Y añadió que “tampoco se ha demostrado de qué modo podría verse comprometida la objetividad de esta institución (art. 6 del CPPCABA), particularmente cuando, en definitiva, la influencia del Fiscal General en la organización jerárquica invocada para fundar tal supuesto de parcialidad se refiere, específicamente, a la posibilidad de elaborar criterios generales de actuación, más no directivas particulares dirigidas a afectar el curso del presente caso”.

Lapadu también sostuvo que los delitos que se le adjudican a D’Alessandro fueron transferidos a la justicia porteña por lo que la justicia nacional no tiene competencia para abordar esta denuncia.

Con este contrapunto, el caso escaló a la Cámara Penal Contravencional y de Faltas, que deberá definir si le da la razón a la jueza o al fiscal Lapadu. ¿Quiénes resolverán el diferendo?  Los camaristas Jorge Franza, Marcelo Vazquez y Fernando Boach. De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Destape, todo indica que no se apoyará el planteo de la jueza Botana. Es decir, hay grandes chances de que el caso quede en la justicia local, donde el macrismo tiene una importante injerencia.

Se trata de la misma Cámara en la que fue postulado Ignacio Mahiques, el hermano de Juan Bautista, cuyo pliego debe aprobar la Legislatura porteña (sino se aprueba, igual podría acceder al cargo en abril mediante una maniobra que evita el paso por el Poder Legislativo). Ignacio es fiscal y colaboró en Comodoro Py. Por ejemplo, actuó en la instrucción de la causa Vialidad, que el juez Julián Ercolini (que también fue uno de los invitados a Lago Escondido) elevó a juicio y el año pasado terminó en una condena de Cristina Kirchner, que prácticamente hoy actúa como proscripción de hecho.

La denuncia del gobierno contra D'Alessandro

Tras la segunda supuesta filtración de chats, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció el pasado 6 de enero a D’Alessandro por instrucción del presidente Alberto Fernández. La acusación se realizó ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y fue “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”. No se incluyeron delitos federales, por eso la denuncia no se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py.

En su escrito, Soria destacó que los supuestos chats filtrados “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”. No obstante, en la presentación solo se ciñó a los hechos que se cometieron en la Ciudad y tuvieron por protagonistas a funcionarios y empresarios porteños.

Por ejemplo, según la supuesta filtración, D’Alessandro mantuvo chats con Marcelo Violante, quien tuvo el negocio de las grúas en la Ciudad hasta mediados de 2022. En sus presuntos intercambios, que datan de 2019 y 2020, se habla de juntar la plata, de que ahora tiene “60 verdes” y de que están en “dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno.” Soria se hizo eco de estos presuntos intercambios y sostuvo en su presentación que “de acuerdo a los transcendidos periodísticos, el Sr. D’Alessandro habría recibido ‘retornos’ a cambio de no actualizar las tarifas –congeladas desde 2014- ni de impulsar la nueva licitación que ponga fin a una relación que se encontraba fenecida desde hacía 20 años”. Es decir, sostuvo el ministro, existiría un “circuito de recaudación ilegal que funcionaría de forma paralela o ‘bajo la mesa’”.

Según constató El Destape, la denuncia del gobierno nacional pasó a la justicia de la Ciudad el 10 de enero pasado. El juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, donde había recaído la denuncia, siguió la línea de lo dictaminado por el fiscal Marcelo Solimine y se declaró incompetente para intervenir en el caso. Giró el escrito de Soria al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a la mentada justicia porteña, donde el macrismo juega más de local aún que en Comodoro Py.

¿Qué se había esgrimido para el cambio de fuero? Que en el marco de la transferencia de competencias de la justicia nacional a la justicia porteña, los delitos denunciados ya fueron traspasados y por ende deben investigarse en la justicia local.

Ahora, por el rol de Mahiques, una jueza de la Ciudad dice que no está en condiciones de realizar una investigación objetiva.

Quién es Juan Bautista Mahiques

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Juan Bautista Mahiques se convirtió además de subsecretario de Justicia de la Nación en el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y sanciona jueces. Desde allí, Mahiques fue una pieza clave en el plan macrista de presionar a los magistrados que no se alineaban a los intereses de la Casa Rosada. Por esas presiones hoy es investigado en la causa de la Mesa Judicial PRO. No es la única causa donde Mahiques (h) está involucrado. También fue imputado en la justicia federal de Bariloche por el vuelo del Lawfare, caso que ya pasó a Comodoro Py. En esa misma causa está imputado también D'Alessandro, ya que ambos viajaron juntos el 13 de octubre pasado a la mansión de Lewis en Lago Escondido, invitados por Clarín.

Los pasajeros de ese vuelo del Lawfare fueron: Mahiques (h), el ministro porteño D’Alessandro; los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista), Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exespía Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. Todos fueron imputados por posibles dádivas. La imputación también alcanzó a dos altos ejecutivos de Clarín, que recibieron a los viajantes en el aeropuerto: Jorge Rendo, CEO de Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Jurídicos de Telecom. Según se desprende de los mensajes de D’Alessando, Casey fue quien invitó el viaje.

La primera filtración de los presuntos mensajes que involucran al ministro porteño muestran que todos los participantes del viaje a Lago Escondido compartían un grupo de chat e intentaron crear diferentes coartadas para esconder lo que a todas luces aparece como el delito de dádivas. Es decir, Mahiques compartía al menos un grupo de chat con D’Alessandro. De los mismos supuestos chats filtrados (que D'Alessandro dice que fueron manipulados) surge que el Fiscal General porteño cometió diversas maniobras ilegales, entre las que aparece el intento de torcer la investigación judicial que se sustancia en Bariloche.

En esa primera filtración, Juan Bautista Mahiques aparece como quien se encarga de conseguir facturas truchas y reunir el dinero para intentar tapar la invitación que había recibido el grupo de jueces y funcionarios luego de que el viaje se difundiera en los medios. “Juan qué tenemos que hacer?”, le preguntó el 18 de octubre a Mahiques el exespía Leo Bergroth. “Depositar 120 ahí. Vos 60”, le respondió Mahiques (h) al exespía. Y le contó al grupo: “Yo ya Transferí ayer. Y la factura es del 13”. El “ayer” es el 17 de octubre, día en que sale la nota de Página12 y la de El Destape con la documentación que acredita la existencia del vuelo a Bariloche.

Mahiques también aparece intentando direccionar la investigación que se había abierto en la justicia federal de Bariloche. “Muchachos. Acordamos que la fiscal pidiera la lista de pasajeros del vuelo a la psa, y con eso, el oficio a la empresa para pedir las facturas”, anunció en el grupo, el 31 de octubre pasado, según surge de la filtración. Y el 11 de noviembre le dice a Casey: “La fiscal va a pedir la factura de lago. Está ok no?”. El directivo de Clarín confirma que está todo encaminado para armar la coartada.

Luego, el jefe de los fiscales porteños comenta lo que le va a preguntar la fiscal de Bariloche, María Candida Etchepare, a un testigo, que según surge de los presuntos mensajes, debía ser “preparado” con un “libretito”. En referencia a esa declaración, Casey anunció en el grupo: “Le preguntaron lo esperado y nada mas”. El testigo era Nicolás Van Ditmar, administrador de la mansión de Lewis.

Si los chats son ciertos y Mahiques (h) llegó a interceder en la justicia de Bariloche, ¿Qué se puede esperar que realice en la justicia porteña? Todo indica que la declaración de incompetencia de la jueza Botana sigue esa línea.