Los jueces de Clarín: piden la detención de los participantes del viaje

La solicitud fue contra el administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar, del especialista en comunicación Tomás Reinke, del abogado del Grupo Clarín Pablo Casey y del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

06 de diciembre, 2022 | 12.57

Marcelo Hertzriken Velasco, el abogado de Bariloche y denunciante del vuelo del lawfare, pidió la detención de los participantes del viaje a Lago Escondido.  La solicitud fue contra el administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar, del especialista en comunicación Tomás Reinke, del abogado del Grupo Clarín Pablo Casey y del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

Hertzriken Velasco formuló hace semanas la denuncia penal ante la Fiscalía Federal de esa ciudad de Río Negro (a cargo de María Cándida Etchepare), en la que identificó la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales, admisión de dádivas y violación de los deberes de funcionario público.

Hertzriquen Velasco este martes le pidió a la Justicia que detenga a los participantes que no tienen fueros y arbitre las medidas necesarias para proceder al desafuero de los jueces que participaron y así detenerlos con prisión preventiva. El motivo que alega para la preventiva es que pueden llevar adelante "entorpecimiento investigativo" y pide que sean llamados a indagatoria "toda vez que han ofrecido dádivas cuyo valor promedia los U$D 5.000/10.000 por cada uno, ya sea como autores o partícipes necesarios". 

En la presentación, el abogado también apunta a los jueces Julián Ercolini, de Comodoro Py; Carlos Alberto Mahiques, presidente de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 y Pablo Yadarola, juez del Juzgado Penal Económico N° 2, participantes del viaje al sur.

En esos casos, le pidió a la fiscal Etchepare que solicite el allanamiento de sus despachos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires "para secuestrarles la totalidad de los teléfonos celulares que se hallen en su poder, para ser peritados, así como obtenga sus resúmenes bancarios del último mes". 

Además, el abogado le pidió a la fiscal que arbitre las medidas procesales para avanzar en el "trámite cautelar" de desafuero de los magistrados, "a los cuales con fueros puede citarlos inmediatamente a indagatoria y luego detenerlos en prisión preventiva requerida ante el juez por protagonizar análogas conductas a las enrostradas". 

También el denunciante va contra la fiscal y plantea duramente: "Si usted no puede, apártese del caso, entregue su celular y explique cómo mágicamente apareció Von Ditmar aportando facturas truchas al expediente". El planteo del denunciante es en el marco de la causa 17.869 "Ercolini y otros s/incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas". 

Los chats y audios del lawfare

El escándalo de "los jueces de Clarín" arrancó por los presuntos chats que fueron hackeados del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En ellos se puede observar el diálogo que mantuvieron jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín tras la publicación del documento que certificaba su viaje a Lago Escondido, Bariloche. El pasado 13 de octubre hubo un vuelo desde San Fernando hacia esa ciudad de Río Negro que compartieron jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista.

El Destape obtuvo la planilla de ese vuelo, con el detalle de los pasajeros. Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, invitaron a un grupo de funcionarios, jueces y fiscales directamente vinculados a la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner a pasar unos días en Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. Descubiertos, intentaron encubrir esta reunión a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga, dos delitos graves.

Se trata del tercer planteo que presenta el abogado que de entrada buscó convertirse en querellante con el argumento de que "como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometió". 

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