La omertá judicial y el cierre definitivo del escandaloso viaje a Lago Escondido

Los jueces y fiscales de Comodoro Py se encargaron una vez más de contener un escándalo que involucraba a integrantes de esos tribunales, a dirigentes del macrismo y a altos ejecutivos del Grupo Clarín. Como sucedió con las visitas de los jueces y fiscales a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, ahora en los tribunales de Retiro se cerró de forma definitiva el caso que investigaba el viaje de magistrados, funcionarios porteños, el jefe de los fiscales de la Ciudad y un exespía a la mansión de Joe Lewis en Bariloche, adonde todos concurrieron invitados por ejecutivos de Clarín. El fiscal Ramiro González no apeló la decisión del juez Sebastián Ramos de sobreseer a los acusados y así dejó firma esa resolución. Al no haber querellantes la causa se cerró. Se investigaba el delito de dádivas y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez Ramos había logrado quedarse con esta causa sensible para el mundo político cuando la investigación avanzaba en la justicia federal de Bariloche y a pesar de que se conocieron chats suyos con el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que era uno de los acusados. El 21 de diciembre pasado este magistrado dictó la nulidad de todo lo actuado por considerar que se había espiado a los denunciados. En un giro de 180 grados convirtió a los acusados en víctimas. Básicamente, se hizo eco de lo planteado por las defensas. Días después, antes de la feria, su resolución quedó firme porque el fiscal González, que heredó la causa tras el fallecimiento del fiscal Federico Delgado y la excusación de Carlos Rívolo, decidió no apelar lo resuelto por el juez de primera instancia con asiento en los tribunales de Retiro. De esta forma, el caso quedó judicialmente obturado.

Como el acusador público desistió de la acción penal y no había acusadores privados, la decisión de Ramos quedó firme y el caso se cerró sin siquiera ser revisado en tribunales superiores.

¿Quiénes se beneficiaron con esta decisión de Comodoro Py? Todos los involucrados del caso, que estaban imputados y eran nombres de mucho peso en el mundo político-judicial-empresarial:

• Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín.
   
• Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina.
   
• El juez Julián Ercolini, emblema del Lawfare, que impulsó las causas Vialidad y Hotesur e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
   
• Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño.
   
• El juez Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Bautista, que es la retaguardia macrista en la estratégica Cámara de Casación y que ya había intervenido en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis. Además de juez, Coco Mahiques fue ministro de María Eugenia Vidal durante su paso por la gobernación bonaerense.
   
• El juez penal económico Pablo Yadarola.
   
• El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y, tal como reveló Ari Lijalad en El Destape, manejaba 82 expedientes del grupo Clarín (24, incluso, se movieron post viaje).  
   
• Marcelo D'Alessandro, entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño. A D’ Alessandro le vulneraron el celular, lo que provocó una filtración de “presuntos” chats que expusieron vinculaciones que parecerían non-sanctas y maniobras que fueron denunciadas en sede judicial. El exministro dijo que los mensajes de su celular que se difundieron fueron manipulados y estuvieron editados. Hizo una denuncia penal que a diferencia de la del vuelo del Lawfare avanzó en Comodoro Py.
   
• Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso.
   
• El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.

La vara mágica de Py: de acusados a víctimas

El 21 de diciembre el juez Ramos declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa (que había avanzado en la justicia federal de Bariloche) y sobreseyó a los imputados. Fundamentó su decisión en la difusión de un documento que expuso ese viaje y versaba sobre la lista de pasajeros de la aeronave que trasladó a los investigados. Esa publicación la hizo El Destape en una nota titulada “El vuelo del lawfare: el documento con los nombres de los jueces y fiscales que viajaron a Bariloche”. Ramos, sin sonrojarse, sostuvo que allí hubo una práctica de “espionaje” sobre los viajeros por parte del Estado. Es decir, no negó el viaje sino que transformó a los acusados en víctimas, tesis que se había mencionado como coartada en un chat filtrado del que participaron los que fueron parte de ese “tour”.

Ese documento que publicó este medio se complementó con una información que había dado previamente Página 12 sobre una reunión de jueces y empresarios en la mansión de Lewis en Lago Escondido. Era una prueba que complicaba a los acusados. Ramos, que intercambió mensajes con Marcelo D’Alessandro tal como reveló una filtración, tomó la decisión en medio del escándalo por el MegaDNU del presidente Javier Milei.

Con esta línea, Ramos decidió anular todo el proceso que comprometía a los viajeros del Lawfare: “Frente al insalvable vicio que tiñe de ilegal el origen de la hipótesis acusatoria que dio inicio a este proceso, esto es la notitia criminis obtenida mediante procedimientos ilegales, corresponde que se dicte la invalidez de dicho acto promotor, y que la misma se proyecte a todo lo actuado en esta investigación, y se declare así la nulidad de la presente causa, de conformidad con los argumentos que serán desarrollados a continuación”.

Para el magistrado con despacho en Comdoro Py “ha quedado demostrado en autos que existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”. Para Ramos “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y se “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios. Así fue como se dio inicio a esta investigación, los denunciantes recogieron todo el contenido de esos artículos periodísticos, y con más o menos juicios de valores al respecto, formularon la notitia criminis en los diferentes ámbitos judiciales”. Con esa construcción apuntó a la lista que reveló los pasajeros del vuelo y expuso el encuentro sobre el que nunca se dio respuesta.

La resolución de Ramos coincide con lo que planearon los acusados cuanto estalló el escándalo. Ellos buscaron presentarse como víctimas de un espionaje ilegal. Así surge de la filtración de los “presuntos” chats de D’Alessandro. En esos intercambios filtrados Yadarola planteó impulsar una causa como víctimas. Carlos Mahiques ratificó esa línea. El resto acompañó. Incluso se refieren a una “contraofensiva”. Desde El Destape aclaramos que decimos “presuntos chats” porque en la actualidad no hay certeza de que fueran reales. El hecho de que la filtración fuera selectiva indica una edición. Lo notable es que se filtraron en diciembre de 2022 y más de un año después pasó exactamente lo que se lee allí.

La decisión de Ramos no fue apelada por el fiscal González y el expediente quedó jurídicamente cerrado para siempre.

Los hechos que complicaban a los acusados

Ramos se hizo de la causa luego de que se sacara de los tribunales federales de Bariloche donde la pesquisa, con sus bemoles, avanzaba. Fue una de las tantas causas comprometedoras para el macrismo que avanzaron fuera de la órbita de Comodoro Py y se disolvieron una vez que fueron absorbidas por los tribunales de Retiro.

Por ejemplo, hubo un dictamen de la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare en el que imputó a los 8 pasajeros del vuelo del escándalo y a los 2 ejecutivos de Clarín que los invitaron a pasar dos noches en lo del magnate Joe Lewis.

En ese dictamen se confirmaron distintos hechos que, entre otra cosas, coincidían con partes del intercambio de mensajes que se había filtrado (la filtración de “presuntos chats” fue posterior a la nota de El Destape).

Entre otras cosas, la fiscal Etchepare avanzó sobre lo que planificaron los acusados para cubrir el presunto delito de dádivas. La fiscal constató vía cámaras de video del aeropuerto de Bariloche que Jorge Rendo y Pablo Casey, de Clarín, quienes no viajaron en el vuelo de Flyzar que transportó a los invitados, estaban en el aeropuerto y recibieron a los pasajeros del vuelo del Lawfare, lo que confirma su preocupación en el chat de que se revelara su presencia allí.

La fiscalía había detallado incluso que, según surge de las cámaras del aeropuerto, “todo el contingente es trasladado desde el aeropuerto (con destino desconocido pero presupuesto en aquél lugar) por dos camionetas de alta gama a las que abordan”.

A esto se suma, que de acuerdo a la fiscal, las facturas por el vuelo privado se fecharon el mismo día del viaje y se pagaron en efectivo (algo que también se mencionaba en los “presuntos chats”). Y la factura por la estadía en Lago Escondido era del 28 de octubre cuando el viaje fue del 13 al 15 de octubre de 2022. “Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ‘contado’ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, había destacado Etchapare. A esto se suma que también hay llamativas discrepancias de fechas en las facturas por la estadía en Lago Esondido: “Los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, detalló en su momento la fiscal de Bariloche.

Finalmente, no hubo facturas por la estadía ni para Tomás Reinke ni para el exespía Leonardo Bergroth, los únicos no funcionarios del grupo, tal como también se coordina en el “presunto chat”. “También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, dijo Etchepare en su dictamen.

Pero la causa luego fue sacada de los tribunales de Bariloche y llevada a Comodoro Py. Así comenzó a tejerse la maniobra para cerrarla.

En febrero de 2023, el camarista porteño Eduardo Farah, le ordenó al juez de primera instancia Sebastián Ramos que le pida el expediente al juzgado federal de Bariloche para que tramite en Comodoro Py. Como publicó El Destape, quién insistió para que esto suceda fue el juez Yadarola, uno de los viajeros. Lo hizo a través del estudio Cúneo Libarona, que lo patrocinaba. Es el mismo estudio que defiende a la familia Caputo en el caso del financiamiento del violento grupo Revolución Federal y del que formó parte el ahora ministro de Justicia de Milei, Mariano Cúneo Libarona. Finalmente, Comodoro Py se quedó con el caso.

Caso cerrado

Cuando Ramos se quedó con la causa se multiplicaron las suspicacias. Es que también se conocieron “presuntos chats” entre Ramos y D’Alessandro. En diciembre pasado, el juez Ramos dictó la nulidad mencionada y dio por tierra con la causa del viaje a Lago Escondido.

Ramiro Gonzalez no apeló la decisión de Ramos y la causa quedó sepultada en primera instancia. Los sobreseimientos quedaron firmes y los hechos como “cosa juzgada”.

Para esto fue clave que no hubiera querellantes. Al no haber acusación pública solo podía sostener el expediente una acusación privada. Pero la Justicia siempre rechazó esta posibilidad. Tal como se informó en su momento en este medio, fueron rechazados como querellantes el denunciante Marcelo Hertzriken Velasco y el ministerio de Justicia que comandaba Martín Soria. Curiosamente, en causas de persecución judicial contra dirigentes kirchneristas Comodoro Py actuó con criterios absolutamente diferentes. A esta altura eso ya no sorprende.