Comodoro Py concentrará las causas por el hackeo a D’Alessandro y el viaje a Lago Escondido

Tras 5 meses de manejar el caso, la Justicia porteña se declaró incompetente y mandó el expediente a Comodoro Py. Quedó en manos del juez Ramos, que tiene la causa Lago Escondido y figura en presuntos chats con D'Alessandro.

02 de mayo, 2023 | 18.10

La causa por el vuelo a Lago Esconcido de jueces, funcionarios porteños, un espía y un publicista invitados por Clarín y el expediente donde se investiga cómo se filtraron los supuestos chats de uno de los viajantes, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, quedarán en manos de Comodoro Py y del mismo juez, Sebastián Ramos. El primer caso ya estaba en la ciénaga de Py, el segundo pasó ahora por decidió de la Justicia porteña, que se desprendió de este expediente que manejaba desde noviembre de 2022 sin que nadie se lo pidiera. O si, pero no lo aclaran.

Que la intrusión del celular de D’Alessandro pase de la Justicia porteña a la federal de Comodoro Py no es extraño desde lo legal. Tal como adelantó El Destape, tanto los delitos investigados como las personas involucradas son del ámbito federal, por eso no era correcto que continuara en manos de los tribunales porteños. El viernes pasado la jueza porteña María Araceli Martínez coincidió con la fiscala Daniela Dupuy, que tuvo a cargo el caso hasta ahora y logró la confesión del supuesto hacker Elias Ezequiel Nuñes Pinheiro, y envió el expediente a Comodoro Py. Pero la jugada es más compleja.

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La situación ahora será más que extraña, por el juez y porque, en principio, se unificará con la investigación por el viaje a Lago Escondido. El juez Ramos, que tendrá ambos casos, apareció también en chats filtrados atribuidos a D’Alessandro justo después de que declarara ante el Congreso y bajo juramento de decir verdad que no tenían relación. Lo habían citado de la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema porque cerró de forma express otra causa para no investigar los supuestos chats de D’Alessandro con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti. ¿Como va a investigar el juez Ramos los chats filtrados de D’Alessandro si él mismo aparece en ellos?

Por otro lado, al enviar el caso del hackeo a D’Alessandro a Comodoro Py, la jueza porteña Martínez plantea que está vinculado a la causa por el viaje a Lago Escondido de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, el ex SIDE Leonardo Bergroth y el publicista Tomás Reinke, todos invitados por el Grupo Clarín que los recibió personificado en Jorge Rendo, su CEO, y Pablo Casey, abogado del holding. Del viaje, cuya existencia no está en cuestión ya que El Destape publicó el documento que lo confirma, participó también D’Alessandro, de cuyo teléfono intrusado se difundieron presuntos chats con los demás viajeros donde se lee como planificaban encubrir el delito de dádivas por ir de paseo al sur invitados por una empresa sobre la que resuelven causas, en especial los jueces Ercolini y Cayssials.

Comodoro Py absorvió el caso Lago Escondido sin ninguna justificación. Incluso el juez Ramos dijo en un principio que el caso tenía que quedar en Bariloche pero el camarista Eduardo Farah insistió y finalmente dos jueces nombrados por Mauricio Macri en la Cámara de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, trajeron el caso de los lagos del sur a la ciénaga porteña. La causa ya estaba avanzada en Bariloche y, aún si correspondiera una mudanza, le tocaba a los tribunales de San Isidro ya que los viajantes aceptaron la dádiva al subirse al avión en el aeropuerto de San Fernando. Pero Comodoro Py es más fuerte y ahora tendrá ambos: Lago Escondido y el hackeo a D'Alessandro.

En Comodoro Py tienen otro problema: D’Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, denunció el caso en la Justicia de CABA; Diego Santilli, también ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, denunció lo mismo en Comodoro Py. En el caso de D’Alessandro un joven de 22 años de Eldorado, Misiones, que se llama Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, confesó que lo contrataron para intrusar su celular junto al de Santilli y de otras personas, entre ellas los jueces de Comodoro Py Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Pero el mismo Nuñes Pinheiro declaró como testigo (o sea, bajo juramento de decir verdad) en la causa iniciada por Santilli en Comodoro Py y no djo nada. En algún lado mintió. El caso fue investigado por el fiscal Federico Delgado y archivado por la jueza María Romilda Servini. ¿Lo reabrirán?

¿Qué se sabe hasta ahora? La denuncia en CABA y que ahora pasa a Comodoro Py la inició el propio D’Alessandro el 7 de noviembre de 2022. La investigación arrojó que el mecanismo para captar los chats de D’Alessandro fue el de SIM Swap, por el cuál alguien logró duplicar su celular y acceder a sus intercambios vía Telegram. Algo fácilmente evitable si el entonces ministro de Justicia y Seguridad hubiera tenido doble factor de autentificación en sus aplicaciones. Se dedican a Seguridad y no manejan (o no aplican) nociones básicas.

La fiscala Daniela Dupuy, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña y es la que llevó adelante el caso hasta ahora, reconstruyó la maniobra hasta Nuñes Pinheiro, que confesó ser el autor de la intrusión sobre el teléfono de D’Alessandro y otras personas y dijo que lo contrató una persona anónima bajo el seudónimo de “ElJuanxd” en Telegram. Aún no se sabe nada de eso. La misma Dupuy pidió que el caso pase a Comodoro Py y habló de una “organización criminal que actuó coordinadamente”, es decir, una asociación ilícita.

La jueza porteña Martínez descartó por ahora que se puede tratar de una asociación ilícita pero coincidió en que el expediente pase al fuero federal porque se investiga la violación de secretos. La jueza compartió el criterio de la fiscala Dupuy de que el caso vaya a Comodoro Py y agregó que lo dijo desde el inicio del caso. La jueza Martínez aclaró también que avanzó con las medidas urgentes para que no se perdiera ninguna prueba pero que siempre insistió en que el caso era de competencia federal.