Caso D’Alessandro: del vuelo del lawfare y las filtraciones de presuntos chats a la operación “Espionaje en Eldorado”

“Voy a trabajar para que los que idearon esta operación vayan presos” repitió el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro en la serie entrevistas sincronizadas y pactadas para que no hubiera repreguntas complejas. Desde que se conoció primero el viaje que hizo con jueces y fiscales a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín y luego se filtraran los presuntos chats de su celular donde se lee que buscaban encubrir una serie de delitos y se ventilaban otras relaciones promiscuas con magistrados e incluso con la Corte Suprema, D’Alessandro busca instalar que es una víctima, que el problema fue el supuesto hackeo de su celular y que todo fue ideado por el kirchnerismo. Un cambio de eje que le conviene a él pero también a todos los involucrados en el lawfare.

Tan brutal es la estrategia de cambiar el foco del asunto que D’Alessandro llegó a decir que “estos grupos de tareas no se vieron ni en la dictadura”. No le repreguntaron qué punto de comparación existe entre que alguien se aproveche de su escaso conocimiento en materia de seguridad en celulares (era ministro de Seguridad y Justicia y no tenía el segundo factor de autentificación para sus aplicaciones, algo básico para proteger sus conversaciones) y las patotas clandestinas que secuestraron, torturaron, desaparecieron y robaron bebés durante la última dictadura empresario-militar.

Hay un primer punto que ya aplaca la operación de D’Alessandro y es que el viaje a Lago Escondido efectivamente sucedió. El Destape publicó el documento donde consta la planilla de pasajeros del avión que partió de San Fernando hacia Bariloche el 13 de octubre de 2022, donde los esperaban Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente. Los viajeros que acompañaron a D’Alessandro fueron:

• El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
• Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta
• Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la estratégica Cámara Federal de Casación, instancia que revisa las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido.
• El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la Vicepresidenta.
• Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
• El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
• El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y, como reveló El Destape, tenía cuando se conoció el viaje 82 expedientes vinculados a Clarín en sus manos.

Todos ellos junto a D'Alessandro, Casey y Rendo están imputados por ese viaje. 

En los chats atribuidos al grupo de Telegram que crearon los viajeros a Lago Escondido se habla de cómo encubrir los días de turismo luego de la difusión pública del hecho que hicieron Página 12 y El Destape. Hablaban de instalar que fueron víctimas de espionaje ilegal. A eso se dedica D’Alessandro por estos días, aunque es evidente que su estrategia es más bien colectiva: les conviene a todos los involucrados en el viaje y las filtraciones. Mejor que se hable de un presunto espionaje y no de las relaciones promiscuas que quedaron al descubierto con el viaje y luego se conocieron en las filtraciones, que el exministro ante la contundencia de las coincidencias de muchos mensajes con la realidad no desconoció sino que para defenderse dijo que los chats que se le adjudican fueron editados y manipulados.

El juez Yadarola, uno de los viajantes a Lago Escondido, ya consiguió que el caso madre, la causa por el viaje promiscuo a Bariloche, fuera absorbida por Comodoro Py. “No es mejor que la mande a Py?”, preguntaba Casey, sobrino de Héctor Magnetto y abogado del Grupo Clarín, en el presunto grupo de chat donde planeaban su estrategia defensiva en la que fue la primera de las filtraciones. Dos jueces nombrados por Mauricio Macri en la Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, definieron que así sea y la sacaron de la justicia federal de Bariloche. Poco importó que el juzgado de Bariloche ya tuviera avanzado el caso o que, si el delito investigado fue subirse al avión, eso sucedió en San Fernando y por ende la competencia le correspondía a los tribunales federales de San Isidro. La ciénaga de Comodoro Py es el paraíso de los ejecutores del lawfare.

Aparte de esa causa madre hubo otros expedientes tanto en Comodoro Py como en la justicia porteña. Hubo denuncias para que se investiguen los supuestos chats de D’Alessandro con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, donde coordinaban maniobras político-judiciales que beneficiaban a Juntos por el Cambio. También el gobierno nacional denunció a D’Alessandro para que se investiguen los presuntos delitos de corrupción que surgen de la segunda filtración. El exfuncionario porteño, por su parte, hizo una contradenuncia para buscar contener el escándalo.

Esas denuncias tuvieron respuestas disímiles. Por un lado el fiscal Carlos Stornelli pidió que no se investiguen los supuestos chats de D’Alessandro con Robles. En plena feria, el juez Sebastián Ramos archivó el caso, pero luego se filtraron chats de D’Alessandro con ese juez. Tenían al menos 56 intercambios. Causalidades de Comodoro Py: al pasar a los tribunales federales de Retiro, el caso del viaje de Lago Escondido se quedó radicado en el juzgado de Ramos. Llegó allí por una conexidad que pidió el viajante Yadarola.

Como las filtraciones de los supuestos chats complican todas las estrategias de encubrir el delito madre, el del viaje a Lago Escondido, D’Alessandro hace el trabajo que va a beneficiar a sus amigos huemules -como se autodenominaban los viajeros en el chat grupal que compartían-: el exministro busca cambiar el eje hacia lo que planificaron y mostrarse como víctima.

Tienen un punto a su favor: efectivamente alguien manipuló la línea de celular de D’Alessandro y de su predecesor en el ministerio de Seguridad y Justicia porteño, Diego Santilli –actual diputado nacional por el PRO-. Lo que muestra lo maniqueo de toda la situación es que D’Alessandro digita todo en la Justicia porteña mientras Santillo tramitó su caso en Comodoro Py. Y se trata del mismo hecho: la captura de la línea de telefónica vía la maniobra de Sim Swap.

El caso de Santilli, que denunció la intromisión a su celular antes de que se difundieran las filtraciones de D’Alessandro, se archivó. El fiscal Federico Delgado investigó, llegó hasta la localidad de Eldorado, Misiones, y ubicó a dos personas: Junior Yamir Gularte, que vendía Sim Cards de celulares, y a Elías Nuñes Pinheiro. Ambos fueron convocados en calidad de testigos. Nuñes Pinheiro dijo que compró varias de esas tarjetas y las repartió en ciudades aledañas. La pesquisa, que comprobó que la maniobra de acceso fue el Sim Swap, se trabó ahí y la jueza María Romilda Servini archivó el expediente.

Pero en el caso de D’Alessandro, que está en la justicia porteña, surgieron novedades. Hubo una confesión. El modus operandi fue el mismo que en el de Santilli: alguien que se hizo pasar por él, duplicó su línea de celular en otro aparato y pudo acceder a sus aplicaciones de chat. En este expediente que tramita en la justicia local, Elías Nuñes Pinheiro, que fue citado como imputado, se asumió como el supuesto hacker tanto de la línea de D’Alessandro como de la de Santilli y la del juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los que condenó a CFK en el caso Vialidad. En el marco de esa pesquisa, que lidera la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, se mencionan 12 víctimas, entre las que se destacan también los jueces Andrés Basso –compañero de Gimenez Uriburu en el tribunal que condenó a la vicepresidenta- y el magistrado de la Casación Gustavo Hornos. En esa pesquisa no surge que haya habido espionaje. Al menos, no hasta el momento. Por cierto, en la justicia porteña rige el sistema acusatorio y el jefe de los fiscales es Juan Bautista Mahiques, uno de los que viajó a Lago Escondido.

Esto abre diferentes escenarios y polémicas.

Por un lado, la novedad en la justicia porteña debería provocar la reapertura del caso archivado por la jueza Servini. Porque el Nuñez Pinheiro reconoció que fue quien abordó la línea de Santilli. Esto le plantea un inconveniente a D’Alessandro: el expediente que lo tiene por protagonista podría salir de la órbita de la justicia  porteña y pasar al fuero federal, que si bien también es muy amigable tiene más complejidades que los tribunales de CABA. Además, al haber jueces federales como presuntas víctimas (Giménez Uriburur, Basso y Hortnos) el traspaso pareciera casi obligatorio. Al tratarse de funcionarios federales debiera intervenir la justicia federal.

Concretamente, hay dos motivos para que el caso pase al fuero federal y deje la Justicia porteña: uno, por los involucrados; otro, por el tipo de delito. En su declaración, Nuñes Pinheiro reconoció que además de Santilli también intrusó, al menos, la línea de celular del juez Rodrigo Giménez Uriburu. En lo que hace al tipo de delito: la Ley Blumberg, la 25.891, establece que la comercialización de servicios de comunicaciones solo la pueden hacer las empresas habilitadas y  establece penas para quienes manipulen líneas telefónicas. El artículo 11 establece penas de 1 a 6 años de prisión para “el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de una tarjeta de telefonía”. Es lo que dijo haber hecho Nuñes Pinheiro a quien en la justicia porteña se le imputan otros delitos.

¿De qué se lo acusa a Nuñes Pinheiro en la Justicia de la Ciudad? De delitos menores con penas bajas y excarcelables. Se le achacan los artículos 153 y el segundo párrafo del 183 del Código Penal. El primero refiere al “acceso indebido a una comunicación electrónica”, que tiene de 15 días a 6 meses de prisión; el segundo por es “daño informático”, que tiene una pena de 15 días a un año de cárcel. Le agregan luego dos artículos del Código Contravencional, el 75 y el 78. El primero es por “difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas” y tiene como pena una multa, de 1 a 5 días de arresto y de 3 a 10 días de trabajo comunitario; el segundo es por “suplantación digital de la identidad” y tiene una multa de 1.000 a 5.000 pesos y prisión de 2 a 10 días.

Es decir, por los delitos que le achacan en la Ciudad, como máximo, Nuñes Pinheiro podría recibir una pena de 1 año y medio de prisión. Si es una primera condena en su contra, como es menor a 3 años, la pena queda en suspenso. Es decir, no sería detenido. Por eso ahora está en libertad, por ejemplo.

Y de todas formas, cualquiera sea el monto de la pena, si es menor a 3 años, y se la imponen de forma efectiva (es decir, no en suspenso), Nuñez Pinheiro podría obtener la libertad condicional a los 8 meses.

Todo esto, no obstante, puede estar sujeto a cambios si el caso pasa al fuero federal, es decir, a Comodoro Py.

Al declarar, el 27 de marzo pasado, Nuñes Pinheiro, que tiene 22 años y es de Eldorado, Misiones, confesó que tomó el control del celular de Marcelo D’Alessandro a pedido de un cliente no identificado a quien le entregó el acceso al Telegram del ahora ex ministro. Dijo que lo hizo a cambio de entre 12.000 y 15.000 pesos. En su declaración, a la que accedió El Destape, afirmó que se borraron los mensajes que mantuvo con quien le encargó la operación y que no tuvo nada que ver con la difusión pública de los supuestos chats de D'Alessandro. De hecho, afirma que no accedió a las conversaciones. También aseguró que no conoce a quien lo contrató y que actuó solo.

El Destape se comunicó con D’Alessandro para hacerle consultas sobre lo que dejó la declaración de Nuñes Pinheiro. No obtuvo respuesta.

Es evidente que el ex ministro impulsa el accionar de la justicia porteña porque lo que pase en esa causa lo utilizará para contrarrestar cualquier otro expediente que lo comprometa, como la causa de Lago Escondido a la de presuntos hechos de corrupción que surgen de la segunda filtración.