En la víspera de la Navidad, el juez federal Sebastián Ramos le hizo un regalo judicial a los ejecutivos de Clarín y magistrados que viajaron a la mansión de Joe Lews en Lago Escondido, que estaban siendo investigados por ese vuelo del Lawfare del 13 de octubre de 2022. El juez con despacho en Comodoro Py –absorbió el caso que se había iniciado en la Justicia de Bariloche- declaró la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los imputados. Fundamentó su decisión en la difusión de un documento que expuso ese viaje y versaba sobre la lista de pasajeros de la aeronave que trasladó a los investigados. Esa publicación la hizo El Destape. Ramos, sin temor al rídiculo, dijo que allí hubo una práctica de “espionaje” sobre los viajeros por parte del Estado. Es decir, no se negó el viaje sino que se transformó a los acusados en víctimas, tesis que se había mencionado como coartada en un chat filtrado del que participaban los que fueron parte de ese “tour”.
¿Quiénes se beneficiaron con esta decisión de Ramos? La casta empresaria y judicial:
- Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los “presuntos” chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessnadro fueron quienes financiaron el viaje.
- El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa y el desalojo de la AFSCA.
- Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño.
- Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la estratégica Cámara de Casación y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis.
- El juez penal económico Pablo Yadarola, quien fue, de acuerdo a la filtración de "presuntos" chats de Marcelo D'Alessandro, el que propuso provocar una investigación que tuviera a los participantes de este vuelo del Lawfare como víctimas de espionaje ilegal, que fue lo que terminó pasando.
- Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
- El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
- El juez Pablo Cayssials, que manejó más de 80 expedientes del Grupo Clarín. Como publicó El Destape, 24 de ellos se movieron post viaje a Lago Escondido. Cayssials es quien en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
- Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, a quien le vulneraron el celular, lo que provocó una filtración de “presuntos” chats que expuso vinculaciones que parecerían non-sanctas y maniobras que fueron denunciadas en sede judicial. El exministro dijo que los mensajes de su celular que se difundieron fueron manipulados y estuvieron editados. Hizo una denuncia penal que a diferencia de la del vuelo del Lawfare avanza en Comodoro Py.
La imputación contra ellos era por el presunto delito de dádivas y el de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El juez Ramos, que intercambió mensajes con Marcelo D’Alessandro tal como reveló una filtración, decidió este viernes anular toda la causa en base a un documento que revela la lista de pasajeros del vuelo gestionado por la empresa Flyzar y en su momento publicó El Destape. El documento fue expuesto en el artículo “El vuelo del lawfare: el documento con los nombres de los jueces y fiscales que viajaron a Bariloche”. Ese documento complementó una información que había dado previamente Página 12 sobre una reunión de jueces y empresarios en la mansión de Lewis en Lago Escondido. Se trata de una prueba que complicaba a los acusados. La decisión la tomó en medio del escándalo por el MegaDNU de Javier Milei.
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En una resolución de 73 páginas, Ramos decidió anular todo el proceso que comprometía a los viajeros del Lawfare: “Frente al insalvable vicio que tiñe de ilegal el origen de la hipótesis acusatoria que dio inicio a este proceso, esto es la notitia criminis obtenida mediante procedimientos ilegales, corresponde que se dicte la invalidez de dicho acto promotor, y que la misma se proyecte a todo lo actuado en esta investigación, y se declare así la nulidad de la presente causa, de conformidad con los argumentos que serán desarrollados a continuación”.
El magistrado con despacho en Comdoro Py sostuvo que “ha quedado demostrado en autos que existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”. Para Ramos “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y se “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios. Así fue como se dio inicio a esta investigación, los denunciantes recogieron todo el contenido de esos artículos periodísticos, y con más o menos juicios de valores al respecto, formularon la notitia criminis en los diferentes ámbitos judiciales”. Con esa construcción apuntó a la lista que reveló los pasajeros del vuelo y expuso el encuentro sobre el que nunca se dio respuesta.
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En la resolución, el juez consideró “de suma importancia destacar que no se están cuestionando aquí las notas periodísticas y el derecho a la libertad de expresión” y distinguió lo publicado de la investigación penal que tenía a su cargo. Buscó hacer foco en el documento que muestra a los pasajeros del vuelo del Lawfare. Y se refirió a una responsabilidad estatal –la achaca al organismo encargado del registro de pasajeros- para poder dar rienda a la tesis del espionaje.
Para justificarse, escribió: “Dicho de otro modo, el Juez se puede nutrir de información periodística relativa a hechos bajo su análisis, pero no puede dejar evaluar si el Estado puede proceder o no, y si fuere así cómo debe hacerlo”.
La resolución de Ramos coincide con lo que planearon los acusados cuanto estalló el escándalo. Ellos buscaron presentarse como víctimas de un espionaje ilegal. Así surge de la filtración de los “presuntos” chats de D’Alessandro. Yadarola planteó impulsar una causa como víctimas. Carlos Mahiques ratificó esa línea. El resto acompañó. Incluso se refieren a una “contraofensiva”. Aclaramos que desde El Destape decimos “presuntos chats” porque en la actualidad no hay certeza de que fueran reales. El hecho de que la filtración fuera selectiva indica una edición. Lo notable es que se filtraron en diciembre de 2022 y ahora, un año después, pasó exactamente lo que se lee allí.
Ramos se hizo de la causa luego de que la causa se sacara de los tribunales federales de Bariloche donde la pesquisa avanzaba. Fue una de las tantas causas comprometedoras para el macrismo que avanzaron fuera de la órbita de Comodoro Pu y se disolvieron una vez que fueron absorbidas por el edificio de Retiro. Por ejemplo, hubo un dictamen de la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare en el que imputó a los 8 pasajeros del vuelo del escándalo y a los dos ejecutivos de Clarín que los invitaron a pasar dos noches en lo del magnate Joe Lewis. En ese dictamen se confirmaron distintas partes del intercambio de mensajes que se había filtrado (la filtración fue posterior a la nota de El Destape). Por ejemplo, el documento judicial confirmó lo que planificaron los acusados para cubrir el presunto delito de dádivas y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público que se estaba investigando. Entre otras cosas, la fiscal constató que Jorge Rendo y Pablo Casey, de Clarín y quienes no viajaron en el vuelo de Flyzar, estaban en el aeropuerto de Bariloche y recibieron a los pasajeros del vuelo del Lawfare, lo que confirma su preocupación en el chat de que se revelara su presencia.
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Con la anulación del proceso dispuesta por Ramos, todo quedó en la nada.