Tras la aprobación general de la Ley Ómnibus, la Cámara de Diputados volverá a sesionar este martes, desde las 14, para debatir el rango particular de la iniciativa que el Poder Ejecutivo llevó al recinto. En este contexto, se conoció en las últimas horas que el acuerdo entre los Gobernadores y el presidente Javier Milei "está costando mucho" debido a cinco puntos específicos que frenan el consenso.
"En algunos vamos a tener muchos votos, en otros no tanto, y será cuestión de que empiece a rodar la pelota", apuntó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las últimas horas. Los cinco puntos principales que, luego del cuarto intermedio, siguen generando roces y rispidez en el Congreso, son: privatizaciones, facultades delegadas, implicancias fiscales, Impuesto PAÍS y el FGS
Privatizaciones
"¿Quiere hacer caja, evitar el déficit, mejorar la prestación de los servicios de las empresas, darle continuidad a una narrativa refundacionista y revolucionaria que no es nueva en el país? Nos faltan elementos para que sepamos que quiere hacer", se preguntó Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical (UCR), antes de ingresar al Congreso. Mientras que marcó: "No nos casamos con las empresas, son instrumentos de una política pública. El mundo observa la utilización de empresas públicas, puede ser una herramienta u otra, pero uno tiene que saber para qué diseño de política se implementa. ¿Cual es la política aerocomercial o en materia de ferrocarriles?".
El punto "Privatizaciones" fue uno de los que más rechazos generó. La idea inicial del Presidente era poder avanzar en la privatización de un total de 41 empresas públicas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. Sin embargo, ante el rotundo rechazo, el Gobierno cedió ante las presiones y dio marcha atrás con la petrolera estatal. Finalmente obtuvo luz verde para privatizar 15 empresas mientras que las 25 restantes deberán ser discutidas durante las siguientes jornadas.
Las principales empresas que tendría a disposición para privatizar si acepta los cambios serían: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio Nacional, TV Pública, TELAM, EDUCAR y Ferrocarriles Argentinos. En tanto, con el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., el Estado deberá quedarse con la participación mayoritaria de las acciones, pero podrá vender el resto.
En esa línea, De Loredo señaló que estas dudas se generan por las fallas comunicacionales del Gobierno y por la propia "desorganización" que mostraron al discutirse rápidamente la megaley. "Capaz viene, explica, trae el diagnóstico patrimonial de las empresas, nos dice cuál es la política del sector y conviene que no esté más en mano del Estado", acotó mientras que sostuvo que desde el radicalismo están de acuerdo con que muchas de las empresas mencionadas no estén más en manos del Estado.
"En algunos casos somos bastante amigos -del sistema mixto-, porque Europa fue por ese camino. Si vos vas a privatizar, lo tenés que hacer bien, no podes rematar el erario público. Necesitamos que el gobierno explique un poco", señaló el cordobés, presidente de bloque UCR en Diputados. Y sentenció: "Los radicales no somos amigos del todo o nada, somos amigos de la racionalidad y la sensatez. Eso no significa ir lento, nosotros queremos ir rápido. Hemos despachado rápido las cosas, hemos dado nuestra opinión sobre este paquete normativo que es muy grande".
Impuesto PAÍS
Por su parte, el diputado Cristian Ritondo se mostró esperanzado por "avanzar bastante en sacar la ley" durante la jornada de este martes, ya que tuvo mucho debate en general y quedan tan solo "algunos temas" planteados entre bloques y los Gobernadores. "Vamos a hacer el intento de que avance todo lo posible hoy, entendiendo que es una herramienta que necesita el Gobierno y que nosotros queremos acompañar", dijo el hombre del PRO.
De todas maneras, señaló al Impuesto PAÍS como uno de los temas discutidos. "Creemos que es un impuesto distorsivo y creemos que si se hace coparticipable, es difícil sacarlo después. Entendemos que está costando mucho que los Gobernadores y el Gobierno lleguen a un acuerdo, nosotros es a lo que apostamos: un acuerdo entre quienes la responsabilidad de gobernar cada una de sus provincias, que han sido desbalanceadas a partir de lo que planteamos cuando se votó la rebaja de ganancias", sostuvo. Además subrayó que las provincias tienen déficit y no pueden pagar salarios.
"Mayoritariamente, vamos a apoyar. Entendemos que debe haber un acuerdo entre gobierno y provincias para garantizar que no se desfinancien las jurisdicciones, sin que esto provoque un déficit fiscal en la Nación", concluyó Ritondo.
Más allá de las propuestas, el presidente Javier Milei no quiere coparticipar el tributo y avisó a los mandatarios provinciales que si es aprobado, lo vetará. Actualmente, Nación se queda con el 70% de lo recaudado mientras los Gobernadores quieren repartir el 30% restante que le corresponde al Renabap (obras en barrios populares) para hacer frente al ahogo fiscal que propone la gestión. Si bien había una "concordancia" para que se trate a futuro, Córdoba empujó y anticipó el debate, incorporándolo en este proyecto de ley. Además de lo expresado, el Presidente marcó que también irá reduciendo el porcentaje que le corresponde a los barrios populares.
De todas maneras, en Diputados la coparticipación del impuesto PAÍS es el plan B. La primera opción para financiar a las provincias es el flujo hacia sus cajas jubilatorias. Esto está incorporado en artículos vinculados al fondo de los jubilados y su liquidación.
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Facultades delegadas, implicancias fiscales y Fondo de Garantía Sustentable de ANSES
Quien también se expresó fue Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, bloque a cargo de Miguel Ángel Pichetto. El diputado aseguró que, al acompañar "en general" la ley, también lo harán con "la mayor parte del articulado" aunque señalando que quedan "cuatro o cinco cuestiones que son de final abierto" y que deberían resolverse antes del inicio de la sesión de este martes, que se inicia a las 14. "En materia de facultades delegadas puede sufrir modificaciones el articulado, en materia de privatizaciones también y de autorizaciones de deuda, hay algunas autorizaciones o dificultades delegadas que no le van a salir. Obviamente están las implicancias fiscales, la discusión abierta sobre la vigencia abierta de Impuesto PAÍS y por último la discusión de los títulos públicos en poder del Fondo de Garantía Sustentable de la ANSES", enumeró.
Más allá de las disidencias y los problemas de comunicación denunciados por De Loredo, Massot marca que desde los funcionarios del Gobierno "intentan establecer un diálogo" y muestra "una buena predisposición". Pero alertó: "Me da la impresión, no me consta porque no estoy dentro del Gobierno, que esa buena predisposición se acaba con la intransigencia del propio presidente. Creo que un mal signo de muchos diputados es que le teman y no se animan a decirle que está equivocado, que este no es el camino. Mientras que denunció: "Las provincias están ajustando mucho, es difícil porque son 24. Algunas lo están haciendo, incluso más que Nación. El planteo es que el esfuerzo fiscal tiene que ser proporcional y el equilibrio fiscal lo tiene que alcanzar la Nación pero también las provincias y municipios. Están elaborando un programa de cerrar la brecha fiscal, dividido en gastos e ingresos. En los gastos, está bajando partidas que van a las provincias".
"El miedo a la reacción desmedida, que como hemos visto es una particularidad del Presidente, creo que los inmoviliza y genera esto. Hay un diálogo social pero no un diálogo conducente en términos políticos. A uno no le gusta nada cuando lo intimidan, lo aprietan, lo amenazan o lo extorsiona públicamente el Presidente. Pero no estamos acá a título personal, estamos acá representando ideas", dijo al explicar por qué vota a favor.
"No negociamos lo que se prometió: la libertad de los argentinos y no inflación; dentro de ese paquete no hay nada que se pueda negociar", aclaró Menem en La Nación +. Y sentenció: "La sesión puede durar entre 100 y 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo. Es voluntad de este Gobierno de hacer lo imposible para que esto mejore".
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