Un informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) muestra que el mayor porcentaje de inquilinos de la Argentina se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Tierra del Fuego. El relevamiento advierte que un cambio en el plazo de actualización de los alquileres como quiere la oposición y las inmobiliarias generará inflación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el 32 por ciento de los hogares son inquilinos, el mismo porcentaje que tiene Río Cuarto en Córdoba. En la ciudad fueguina de Ushuaia, el porcentaje se eleva al 34 por ciento de los hogares. "En algunos aglomerados puntuales la proporción de hogares inquilinos es muy elevada (Usuahia, CABA, Córdoba). Lo cual pone de manifiesto que la problemática alcanza a una franja considerable de la población", sostiene CEPA.
En el caso de Capital Federal además el alquiler se lleva un 10 por ciento más de los ingresos de los inquilinos que en otras regiones del país. En la ciudad más rica de Argentina, los locadores pagan de alquiler el equivalente al 35% de sus ingresos, mientras que en Rosario destinan solo el 22% de sus ingresos. "En ese contexto de caída del salario real, el peso del alquiler en los ingresos familiares se incrementó en los últimos años (salvo Rosario)", informa.
Los jefes y jefas de hogares inquilinos son mayoritariamente jóvenes. Cerca del 70% son menores de 49 años, lo cual revela una dificultad en el acceso a la propiedad de la vivienda. "Entre 2016 y 2019 los salarios perdieron cerca del 20% de poder adquisitivo. En 2020 comienza una recuperación, luego abortada por el efecto de la Pandemia", indica CEPA.
"Los precios de alquileres se incrementaron en términos reales a partir de febrero 2020, en el comienzo de la pandemia, para estabilizarse a partir de agosto 2020, cuando comienza a aplicarse la ley. También puede observarse el encarecimiento relativo de los alquileres respecto a los salarios dada la caída de ingresos reales analizada previamente, la cual también se estabiliza alrededor de agosto - septiembre 2020", relevan.
El informe niega que haya caído la oferta de propiedades en alquiler tras la aparición de la ley y pidió que se regule el precio inicial y no solo la variación interanual. "Existe la opinión que la ley de alquileres redujo la oferta, volcando las unidades hacia la venta y aumentando los precios de alquiler. Sin embargo, los datos en CABA muestran que la caída de oferta tuvo lugar a fines de 2019 y, especialmente, entre marzo y mayo de 2020 (fase 1 del ASPO). Son todos períodos previos a la sanción de la ley 27.551. De hecho, a partir de junio 2020, cuando se sanciona la ley, la oferta se estabiliza aunque por debajo de los valores prepandemia", afirmaron.
Para CEPA no hay que ceder a la presión de la industria
El Centro de Economía Política afirmó por qué no se deben cambiar algunos aspectos de la ley de alquileres como el tiempo de actualización y el plazo de los contratos.
Plazo de contratos: Actualmente es de 3 años. Se estima conveniente no reducirlo, porque plazos menores implican una mayor rotación de las viviendas en el mercado locativo, contribuyendo a una mayor volatilidad de precios. Adicionalmente, hay que considerar el gran impacto negativo en la estabilidad de vida de los hogares inquilinos que implica tener que afrontar una mudanza cada dos años.
Ajuste anual: Algunas voces plantean volver a un esquema de ajustes semestrales como era previo a la ley. Se considera conveniente mantener la periodicidad anual de los ajustes. Hay que tener en cuenta que, en un contexto de elevada inflación, ajustes menores a un año implican un mayor impacto en términos de inercia inflacionaria.
Registro en AFIP: Actualmente la ley establece la obligatoriedad de registrar los contratos en AFIP. Se estima conveniente mantener esta regulación. De cumplirse con la registración, se generará información muy valiosa para los decisores de política pública, dada la escasez de datos estadísticos que caracteriza al mercado locativo de viviendas.
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