El Ministerio de Obras Públicas, liderado por Gabriel Katopodis, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, resolvió promover "la comunicación no sexista e inclusiva" como formas de expresión "válidas" en producciones, documentos, registros y actos administrativos en todos los ámbitos de dicha cartera para "desalentar el uso genérico del masculino". Además, proponen la "adecuación" de modelos de notas, planillas, formularios y documentación de comunicación externa. Esto se da en medio de la determinación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, en junio pasado.
A través de la Resolución 244/2022 del Boletín Oficial, publicado este jueves 28 de julio, invitan a su adhesión a los diferentes organismos descentralizados, entes y empresas que se encuentren en la órbita de dicho ministerio. Quienes consientan a la presente medida, "deberán designar, cada uno de ellos, a una persona para operar como enlace y capacitarse en el uso género inclusivo de la lengua", agregan. La designación deberá ser comunicada a la Dirección de Relaciones Institucionales, en el plazo de 10 días hábiles dictada la presente.
Para argumentar la utilización del lenguaje inclusivo en la cartera que lidera el ministro Katopodis, se basan en el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no-discriminación reconocidos en la Constitución Nacional, junto a los Convenios y Tratados Internacionales incorporados en el Art. 75 inciso 22 de la Carta Magna y otros compromisos asumidos por el propio Estado Argentino. Mientras que, citando a la Organización de Naciones Unidas (ONU), remarcarcan que los Estados se comprometieron a "poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas", asegurando su "participación plena y efectiva" junto a la "igualdad de oportunidades de liderazgo" en todos los ámbitos.
Asimismo, en dicha resolución, sostienen la importancia de "promover el empoderamiento de las mujeres" aprobando y fortaleciendo políticas y leyes que promuevan la igualdad de género y a su vez, que potencien las autonomías de estas. Por otra parte, el Estado argentino se comprometió ante la ONU a "garantizar la protección efectiva de las mujeres" ante actos de discriminación y adoptar medidas adecuadas -inclusive de carácter legislativo- para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que atenten contra ello.
Citando a la Ley N° 24.632, desde el Ministerio de Obras Públicas sostienen que el Estado Nacional se comprometió a adoptar políticas que prevengan y erradiquen la violencia contra la mujer. Será clave, sostienen, la "integración de una perspectiva de género" en las políticas generales que atraviesen a la sociedad. A su vez citan a los "Principios de Yogyakarta" -que prohíben y buscan eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género- y la "Declaración y la Plataforma de Beijing" -refuerza la promoción de la igualidad y aboga por mejorar la condició de la mujer-.
Basándose en que la Argentina es, tal como expresan, "pionera en el reconocimiento y promoción de derechos de la comunidad LGBT+" (ley de matrimonio igualitario, identidad de género, ley de cupo trans), es necesaria la perspectiva de género para garantizar políticas diseñadas en obras públicas que atiendan al impacto en las mujeres y diversidades. Mientras que, sobre las resoluciones de la UNESCO de 1987 y 1989, promueven la utilización del lenguaje "no sexista" evitando términos que refieran a un solo sexo.
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Lenguaje inclusivo en el Estado: los antecedentes
Es importante señalar que existen diversos antecedentes, tanto en el ámbito público como en el privado, de organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresas, universidades y facultades nacionales que abogan por la utilización del lenguaje inclusivo de género para modificar, de raíz, cómo se nombra y cómo calificamos a través de la lengua. Entre quienes aprobaron diferentes guías para su utilización aparecen el Directorio de Banco Central de la República Argentina (2020), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (2020), el Ministerio de Transporte (2021), la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo (2021), el Ministerio de Salud (2022) y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
"El lenguaje androcéntrico invisibiliza a las mujeres y diversidades, por lo que causa discriminación hacia estos grupos y la vulneración de los derechos protegidos por la legislación internacional y nacional", sostienen desde la Resolución. Y suman: "El lenguaje está en continua transformación y construcción y promover el uso del lenguaje inclusivo supone un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de des-aprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otros".
Por último, a efectos de promover la utilización del lenguaje no-sexista e inclusiva, se regirán a través de las pautas brindadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, liderado por Elizabeth Gómez Alcorta, en "(Re)Nombrar: Guía para una comunicación con perspectiva de género"; los aportes del "Manual de Estilo" de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la "Guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario" de la Cámara de Diputados de la Nación.
La Ciudad prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas
Dicha medida se da en medio de una batalla judicial que se está librando en la Ciudad de Buenos Aires luego de que, hace más de un mes, el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta prohibiera el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de su jurisdicción. El pasado 13 de julio se iniciaron las audiencias en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 1, a cargo de Romina Tesone, por la causa iniciada por amparos presentados en contra de dicha medida, llevada adelante por la ministra de Educación Soledad Acuña.
En medio de la disputa judicial, diferentes organizaciones solicitaron que se suspenda la medida adoptada por el gobierno porteño hasta que la Justicia escuche a todas las partes y determine un fallo. Por su parte, hace unas semanas, la Justicia de la Ciudad ya escuchó los argumentos del Ministerio de Educación local junto a los de las organizaciones sociales y políticas en contra de la nueva normativa.
Ahora, la jueza Tesone deberá determinar si hace lugar a los amparos aunque para ello deberá recibir el dictamen del Ministerio Público Tutelar que se encarga de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cabe resaltar que, hasta el momento, no hay novedades con respecto al tema ya que el lunes de 18 de julio inició la feria judicial que se extenderá hasta este viernes 29.
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