Germán Garavano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri en la era del lawfare, pidió su sobreseimiento en la causa donde se lo investiga por el destino de 4,5 millones de pesos para direccionar el testimonio de Alejandro Vandenbroele, clave para el encarcelamiento de Amado Boudou. En su descargo criticó al inicio de este expediente a partir de la revelación de El Destape de que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele, deslinda toda responsabilidad del uso de fondos en Francisco Lagos, el ex director del Programa de Protección de Testigos, y dice que no podía saber si se violaba la ley en los montos y tiempos en el legajo del testigo clave contra Boudou ya que era secreto. Un decreto del propio Macri desmiente sus argumentos.
El escrito presentado por Garavano, al que accedió El Destape, intenta dar vuelta el expediente luego que la fiscala Paloma Ochoa requiriera su indagatoria, hasta ahora demorada por el juez Julián Ecolini. Garavano busca, por un lado, a desligar su responsabilidad como ministro en algo que sucedía bajo su órbita, como era el Programa de Protección de Testigos. Casi que le suelta la mano a Lagos, el otro funcionario al cuál la fiscala Ochoa pidió que se indague. Por el otro, Garavano apunta contra el actual ministro de Justicia Martín Soria, al cuál acusa de enviar información parcial a la fiscala Ochoa para apuntalar la acusación en su contra.
“La solicitud efectuada por la Sra. Fiscal para convocarme a prestar declaración indagatoria es improcedente, sesgada y arbitraria”, alegó Garavano. En varios pasajes de su presentación insiste en que el Legajo 753/17 que correspondía a Vandenbroele era secreto y, por ende, cada vez que intervino en el caso no sabía a quien se destinaban los fondos. “Del relato de la Sra. Fiscal se desprende que yo conocía las constancias de ese legajo, quién era la persona protegida, cuáles eran las medidas adoptadas, donde residía el alojado, las circunstancias relacionadas con sus traslados y el plazo temporal que duraron las medidas de protección. Nada de esto sucedió. No conocía el contenido del Legajo 753/17, ni el de ningún otro legajo de protección en trámite en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, dijo el ex ministro. A esta altura creerle sería una cuestión de fe, dado que la persona de su confianza, Lagos, sí sabía y le reportaba.
Dijo Garavano que:
- El inicio de esta causa fue ilegal, en referencia a la publicación de El Destape
- No se hizo nada en relación a Vandenbroele por órdenes suyas
- Todo era secreto por lo que no sabía a quién iban dirigidas las resoluciones que firmó para destinar fondos a Vandenbroele
- No podía saber si se habían excedido los 6 meses que marca la ley para darle fondos
- Las decisiones sobre los Testigos Protegidos eran del director del Programa, Lagos, y del juez Ariel Lijo, no suyas
- Los montos que autorizó para Vandenbroele no son distintos a otros que firmó durante su gestión
- El actual Ministerio de Justicia omitió informar sobre esos montos similares en otros casos de Testigos Protegidos
¿Ilegal?
El 3 de febrero del 2020 El Destape reveló que el macrismo le puso un hotel boutique a Vandenbroele, el testigo clave para lograr la condena contra Boudou en el caso Ciccone. Para Garavano eso es lo único ilegal de este expediente. “Haber filtrado su contenido a un medio de prensa específico, con indudables fines políticos, filtración que originó esta causa”, dijo el ex ministro de Macri. Pero la cronología lo desmiente.
Este medio accedió al legajo de Vandenbroele como Testigo Protegido cuando Lagos, funcionario macrista, estaba aún a cargo del programa. La aclaración es necesaria, ya que cuando se conoció este escándalo surgieron acusaciones de que fue una filtración por parte del entonces recién asumido gobierno de Alberto Fernández, algo que ahora Garavano repite. Las fechas lo desmienten: Lagos comandó el Programa de Protección de Testigos hasta finales de febrero de 2020, aún después de la publicación de El Destape del pago a Vandenbroele y a varios meses de iniciado el actual gobierno.
Secreto a voces
Garavano repitió que la situación de Vandenbroele era secreta. Es un libreto falso. Cuando El Destape reveló el pago del hotel boutique, la prensa que fue parte de la persecución a Boudou coordinó una entrevista con Vandenbroele para intentar desmentir la noticia. Clarín, La Nación e Infobae publicaron que forma coordinada reportajes con Vandenbroele cuyo contenido no se sostiene. Acusaron a su vez a El Destape y a este periodista de poner en riesgo la seguridad personal de Vandenbroele al revelar su destino, el hotel boutique La Masía en Chacras de Coria, Mendoza. Lo mismo que ahora Garavano.
Lo cierto es que Vandenbroele subía fotos con sus inquilinos a redes sociales, su presencia en Mendoza era pública y conocida por periodistas de la zona e incluso violó varias veces las medidas de seguridad de su custodia y hasta manejó ebrio junto a su hija.
Más aún: la inclusión de Vandenbroele en el programa de Testigos Protegidos fue tapa del diario Clarín. Menos secreto imposible.
Otro dato desmiente a Garavano: él mismo reconoció que se reunió con Leonardo Fariña, otro de los Testigos Protegidos durante el macrismo. Si todo era secreto, ¿por qué se reunió con Fariña? ¿Fue el único caso?
6 meses
Una de las claves del pedido de indagatoria que hizo la fiscala Ochoa es que la ayuda económica a Vandanbroele excedió los 6 meses. Lo mantuvieron 2 años y 3 meses, y se fue luego de que El Destape revelara todas estas irregularidades.
“No conocí ni debía conocer la extensión en el tiempo de la asistencia la representante del Ministerio Público me atribuye una responsabilidad en situaciones que en modo alguno me era posible conocer. Reitero que todos los legajos de protección son secretos, que no conocía el contenido del Legajo 753, ni las medidas de protección que allí hubiesen sido adoptadas, tampoco por supuesto su extensión temporal”, alega Garavano.
La pregunta es sencilla: ¿como podía desconocer el tiempo que llevaba Vandanbroele en el programa si lo publicó Clarín en tapa?.
Para sostener su argumento, Garavano dijo: “Mis dos únicas intervenciones se dieron por fuera de ese legajo, con el dictado de las resoluciones 2018-331-APN-MJ y 2018-937-APN-MJ. La primera resolución fue dictada el 4 de mayo de 2018 y la segunda el 19 de octubre de 2018. Entre esas fechas no se verifica un plazo mayor a los seis meses”. Pero la cuestión no es el plazo entre sus resoluciones. Vandenbroele ingresó al programa de Protección de Testigos el 13 de noviembre de 2017. Los 6 meses que marca la ley vencían en mayo de 2018. La primera de las resoluciones que cita Garavano es 9 días antes de ese vencimiento, la segunda ya está varios meses excedida.
Lo más contradictorio, sin embargo, Garavano lo omite, y es que quisieron tapar esta irregularidad con un decreto del propio Macri. El 29 de noviembre de 2019, a pocos días de dejar la presidencia, Macri firmó el decreto 795 que creó una Agencia Nacional de Protección de Testigos fuera del ámbito del Ministerio de Justicia y amplió el plazo de asistencia económica a 24 meses con excepciones de hasta 36 meses, es decir, 3 años. Es evidente que querían que el nuevo gobierno no pudiera controlar los desmanejos y además justificar casos como el de Vandenbroele. El presidente Fernández derogó ese decreto luego de que El Destape revelara el caso del hotel Vandenbroele.
Culpa de Lagos
“Todas las decisiones atinentes a la protección del imputado o testigo dependían del Director, no teniendo intervención en ninguna de ellas el ministro”, planteó Garavano. O sea, para desligarse del caso Vandenbroele le tira la responsabilidad a Lagos, que estaba a cargo del programa de Protección de Testigos.
“Las características de las acciones de protección ofrecidas a los beneficiarios del Programa y los gastos en los que incurría el Estado para solventarlas resultaban decisión exclusiva del director del programa quien, por lo demás, era la persona que contaba con la información necesaria para hacer una evaluación de necesidad de las medidas y adecuación normativa”, insiste Garavano. Y agrega: “el Director no precisa autorización, consulta, apoyo ni intermediación del Ministro para ninguna de sus amplísimas facultades. En esa misma dirección, del Protocolo de Actuación se desprende que todas las decisiones vinculadas al Programa dependían del Director, no teniendo intervención en ninguna de ellas el Ministro”.
Para la fiscala Ochoa los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala dice que tiene por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”. Lo encuadra dentro del delito de administracioń infiel en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, que tienen penas de 2 a 6 años de prisión.
Más plata
La fiscala Ochoa comparó también lo que se gastó en Vandenbroele con otros testigos protegidos. Al testigo clave contra Boudou le dieron un total de $4.478.559. De los 124 legajos similares, solo 14 registraron gastos por más de $500.000s, sólo 8 por más de $1.000.000, sólo 4 por más de $1.500.000, sólo 3 por más de $2.000.000 y uno por más de $3.000.000. El único que superó los 4 millones fue Vandenbroele.
En su defensa, Garavano dice que hubo otros casos en los que se gastaron sumas similares. Explica que guardó copia de todas las resoluciones que firmó como ministro y menciona dos en las que destina fondos millonarios para otros testigos protegidos. Sostiene, además, que el actual ministro Soria omitió enviar esas resoluciones a la fiscala Ochoa y pide que se lo cite a declarar.
Garavano también criticó el tuit de Soria donde mostró que el mismo día que Vandanbroele ingresó al programa de Testigos Protegidos hubo una reunión en Casa Rosada entre Macri, el ex ministro y Lagos. Garavano dice que ese día hubo un encuentro grande de funcionarios del ministerio de Justicia y algunos legisladores con el entonces presidente, no exclusiva del área de Testigos Protegidos. Pide que se cita a varios de los asistentes para que lo corroboren.
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