La AFIP desistió de la querella en la causa contra la empresa Oil Combustibles, una de las firmas más importantes del Grupo Indalo, tras una investigación interna que evidenció “graves hechos de corrupción administrativa” en la constitución del caso. Con esta decisión, las autoridades del organismo buscan “no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior”. Cada vez hay más elementos que acreditan que la AFIP fue uno de los principales brazos ejecutores del Lawfare que tuvo el macrismo.
La presentación, con la firma de la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, se realizó ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini. En el escrito se informa de la baja de la acusación en el marco del juicio que tiene como principales imputados a los accionistas de Oil Combustibles por las graves irregularidades detectadas. Este jueves, en la audiencia en la que la AFIP debía hacer su alegato, se leyó el desestimiento, en el que también se destacó la regularización de la deuda reconocida al fisco por parte de la petrolera.
La decisión de la AFIP es un golpe muy duro para la acusación y deja la causa al borde de su caída. “Es un absurdo que el supuesto organismo damnificado, que impulsó la causa desde el día cero desista y la fiscalía quiera avanzar, pero es posible”, explicaron fuentes con acceso al expediente.
La causa se inicia en 2016, durante la gestión de Alberto Abad, y tuvo por eje una nota de La Nación donde se menciona una supuesta deuda de Oil Combustibles de $8 mil millones con la AFIP que se habría contraído por evadir el impuesto a la transferencia de los combustibles.
La decisión de la AFIP de dar de baja la querella se basa en auditorías internas y sumarios disciplinarios así como denuncias administrativas y requerimientos judiciales, “que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”, informaron desde el organismo recaudador.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el escrito presentado.
En la investigación interna que realizó la AFIP por este caso se identificaron:
- La designación para actuar en procedimientos de funcionarios distintos de aquellos que resultaban competentes.
- La actuación en causas judiciales sin representación institucional o por parte de funcionarios no autorizados.
- La creación de una herramienta sistémica para monitorear la situación de grupos económicos específicos, como fue el caso del Grupo Indalo y el Grupo Báez.
- Accesos indebidos a las bases de datos del organismo.
En la decisión que tomó el organismo, se advierte sobre “el papel que habrían desempeñado en estos hechos ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri”.
La decisión del organismo es considerada un acto “de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la AFIP al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019”.
Brazo ejecutor del Lawfare
Distintas causas dan cuenta del rol de la AFIP como uno de los brazos ejecutores del Lawfare durante el macrismo.
El pasado 9 de agosto un alto directivo de la AFIP, Sebastián Omar Paladino, Subdirector de Recaudación del organismo, fue procesado en el caso de la extorsión al Grupo Indalo –donde ya se indagó a Abad y está prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón-. En la misma resolución en la que se dictó el procesamiento la jueza María Servini dio cuenta del hallazgo de una herramienta informática ilegal creada en la AFIP para monitorear a dos grupos empresarios asociados al kirchnerismo: Indalo y Báez. Paladino tuvo un rol central en la creación de ese instrumento. Con estos antecedentes, no debiera sorprender la reciente decisión de la actual gestión de la AFIP de desistir la querella en la causa Oil Combustibles –perteneciente al Grupo Indalo-.
Días antes se había conocido un nuevo pedido de indagatoria de Abad y seis integrantes de la AFIP en otra causa de persecución judicial que tiene por víctima al excamarista federal Eduardo Freiler.
MÁS INFO
Pero esto no es todo. Una resolución de la Cámara de Bahía Blanca del 19 de agosto pasado, en la que se revocó un procesamiento de Lázaro y Martín Báez, dejó en claro los desmanejos de la AFIP y su afán de perseguir a quienes consideraba adversarios políticos del gobierno macrista a través de un modus operandi que parece calcado al que se dio en otros procesos. El caso que los camaristas Pablo Candisano Mera y Leandro Picado abordaron en su resolución también se inició por una nota de La Nación escrita por el mismo periodista que publicó el caso Oil Combustibles. También contó con la participación de funcionarios de la AFIP que no tenían competencia para actuar. Y tuvo por protagonista a un exdirectivo del organismo que es mencionado en distintos casos de persecución: el Subdirector General de Operaciones del Interior, Jaime Mecikovsky, quien está vinculado a Elisa Carrió.
A estos casos paradigmáticos se suma el hostigamiento que desde la AFIP se practicó contra CFK, Máximo y Florencia Kirchner y por el que el organismo también realizó una denuncia penal. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado... los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, dice el documento de la AFIP firmado por Marcó del Pont que derivó en una presentación judicial en diciembre pasado.
Cerrar sesión