El procurador interino Eduardo Casal suma acusaciones contra su gestión. El abogado Adrián Albor denunció graves irregularidades en 15 concursos para fiscales y pidió que se suspendan. También reclamó que se aparte a varios funcionarios promovidos por Casal a la Secretaría de Concursos ya que figuran con un puesto formal en otra área e incluso se presentaron ellos mismos a los concursos bajo su órbita. Entre ellos figura Francisco José Ulloa, acusado de violencia de género.
La denuncia gira en torno a que no se cumplió el reglamento para los concursos, algunos de ellos de cargos clave. En varios casos los procedimientos se suspendieron por la pandemia, pero la discrecionalidad con la que se retomaron unos sí y otros no y la violación de los plazos que deben cumplirse muestran, para los denunciantes, que el interino Casal manipula los tiempos para cubrir los cargos que le interesan. Y para eso cuenta con Ulloa y otros denunciados, Guillermo Ignacio Terán Ortiz y a Jonathan Ariel Polansky, todos de la Secretaría de Concursos.
El abogado Albor hizo la presentación en nombre del Grupo de Litigio Estratégicos y la presentó en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que preside el senador Martín Doñate, y ante el propio procurador interino Casal.
Además de la suspensión de los concursos donde encontró irregularidades, Albor pidió que se les inicien sumarios a Ulloa, Terán Ortíz y Polansky “tendientes a determinar la responsabilidad administrativa que podría caberle (…) por sus conductas irregulares dentro de la Secretaría de Concursos vinculadas con sus designaciones y los conflictos de intereses generados en tanto participantes de concursos en trámite”.
Uno de los concursos señalados y que figura en detalle en la denuncia es el Nº 114, convocado el 23 de febrero de 2018, para cubrir 4 cargos de fiscal federal en Rosario, Paso de los Libres, Río Gallegos y Posadas. Hubo 88 postulantes de los cuales solo 47 se presentaron al examen escrito el 28 de marzo de 2019. “Desde esa fecha y hasta el 15 de septiembre de 2021, el trámite de corrección de exámenes -cuyo anonimato es la piedra basal del sistema de concursos- estuvo paralizado” dice la denuncia.
El 16 de septiembre del 2021 Ulloa, a cargo de la Secretaría de Concursos, publicó los resultados de los exámenes. El reglamento de concursos establece que las notas tenían que estar 20 días después el examen. “En este caso, transcurrieron 903 días, por lo que el plazo se encontraba sobradamente vencido” dice el escrito. La cuestión de los plazos se repite en varios concursos.
“El dictamen omite toda mención -y justificación- sobre su presentación habiendo vencido holgadamente el plazo reglamentario” sigue el escrito. Además de vulnerar el reglamento esto genera otro problema. El concurso comenzó a principios de 2018 y ahora se retoma. Pero los antecedentes de los concursantes los presentaron cuando se inició el proceso, por ende, les falta completar más de 3 años de trabajo. “Esto perjudica a quienes se esfuerzan año a año para crecer en su carrera profesional, beneficiando a quienes ya ostentan los cargos máximos del escalafón, y/o no avanzan en su capacitación y desempeño académico” plantea la denuncia.
Pero no es el único. El listado de concursos con irregularidades incluye otros 14 casos, algunos para cargos clave. Son:
- Concurso Nº 113, destinado a cubrir dos vacantes de Fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la fiscalía anticorrupción.
- Concurso Nº 115 destinado a cubrir nueve vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
- Concurso Nº 116, destinado a cubrir cuatro vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales del Trabajo.
- Concurso Nº 117 destinado a cubrir una vacante de Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
- Concurso Nº 118 destinado a cubrir el cargo del Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
- Concurso Nº 119, destinado a cubrir cuatro vacantes de Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
- Concurso Nº 120, destinado a cubrir una vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
- Concurso Nº 121, destinado a cubrir una vacante de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
- Concurso Nº 122, destinado a cubrir una vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú
- Concurso Nº 123, destinado a cubrir dos vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
- Concurso Nº 124, destinado a cubrir cuatro vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico
- Concurso Nº 125, destinado a cubrir dos vacantes de Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal
- Concurso Nº 126, destinado a cubrir una vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Mendoza
- Concurso Nº 127, destinado a cubrir una vacante de Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza
La denuncia plantea que se suspendan estos 15 casos.
El concurso 121 merece un párrafo aparte. Luego del cargo de Procurador, que Casal ocupa hace más de 3 años, es la vacante más relevante dentro de los tribunales. Se trata del fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Py, lugar que ocupaba Germán Moldes, uno de los alfiles del lawfare. El trámite está paralizado sin razón. Comenzó el 11 de octubre de 2018, se suspendió el 20 de octubre de 2020 y Casal todavía no levantó la suspensión ni fijó fecha para que se constituya el tribunal evaluador.
Violencia de género
La situación de Ulloa, que está a cargo de la Secretaría de Concursos, es otra de las cuestiones denunciadas.
“Francisco José Ulloa arribó formalmente a la Secretaría de Concursos tras su apartamiento de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en virtud de la denuncia realizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), fundada en su ausencia como responsable de la Dirección -ya sea física como remotamente-, la nula comunicación, los desmanejos de los recursos humanos y el ejercicio de violencia verbal y psicológica contra una funcionaria de la dependencia” detalla la denuncia.
El Destape informó de desde el gremio que encabeza Piumato acusaron a Casal por su intención de ascender a Ulloa, denunciado por violencia de género. En esa denuncia detallaron además que Ulloa no iba a trabajar a la DATIP y que “cuando un trabajador o trabajadora pregunta a los funcionarios correspondientes por el Dr. Ulloa, lo único que se obtuvo como respuesta fue la expresión de que ‘está con mucho trabajo en Concursos’”. O sea, no iba a su trabajo formal mientras intervenía en un área clave como los concursos. Para colmo el propio Ulloa estaba anotado en dos concursos para fiscal.
Cerrar sesión