El ruidazo en defensa de la salud pública se hizo sentir en toda la provincia de Jujuy este martes. Es la primera de las dos medidas aprobadas el viernes pasado por el Frente Amplio Gremial que unifica la representación de los trabajadores estatales. Mañana jueves habrá una nueva movilización, en este caso a la Casa de Gobierno ante el deterioro del sistema sanitario, el pago de salarios en cuotas y el endeudamiento irresponsable que llevó adelante el gobernador radical Gerardo Morales.
Como anticipó El Destape, Morales definió pagar los salarios que superen los $30.000 en cuotas. Una decisión que, habían adelantado desde la gobernación, no terminaría de aplicarse pero lo hicieron. Cobraron en cuotas y aún no saben cuándo les depositarán lo restante, si bien la fecha estipulada es entre el 15 y 16 de mayo. Ese ingreso no sólo no alcanza a cubrir la canasta básica, fijada por el INDEC en más de $41.000 para una familia tipo, sino que también sufrió descuentos ya que el Gobierno no se encargó de indicarle al Banco Macro, del empresario Jorge Horacio Brito, que no debite de forma automática los pagos de tarjetas de crédito u otras deudas, por lo que muchos trabajadores cobraron sólo $1.000, $500 o hasta $200. Imposible para la subsistencia.
Nicolás Fernández es secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) y explicó a El Destape que los trabajadores del sistema público de salud están mal pagos, precarizados y sometidos a un gran nivel de estrés por la situación de pandemia pero, sobre todo, por la falta de profesionales para la atención ya que se eliminaron los concursos para cubrir cargos. Incluso, remarcó que los recién ingresantes cobran $36.000 o $31.000. No sólo no cubre la canasta básica sino que, aún con ese magro haber, debieron cobrar en dos tandas durante mayo.
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En todos los rubros y escalafones estatales, “nadie cobró más de $30.000 este mes y todavía no sabemos cuándo se va a cobrar la otra parte, supuestamente depositarían el 15 o 16 de mayo”. Y ésto también vale para los trabajadores de salud, que están en “la primera línea de la trinchera y se ponen en riesgo todos los días, con un nivel de estrés elevadísimo y súper explotados”. Sin embargo, el Gobierno condicionó el cobro del excedente faltante a la aprobación de un crédito a nivel nacional”.
Se trata de la ayuda económica que el Gobierno nacional puso a disposición de las provincias. Son $120.000 millones. La mitad, a modo de auxilio, un refuerzo de coparticipación o de Aportes del Tesoro Nacional. Pero la otra parte corresponde a un fondo fiduciario, una especie préstamos a una tasa más baja que la brindada por los bancos u organismos internacionales. El Gobierno ya se había endeudado por unos $5.500 millones la semana pasada la legislatura volvió a aprobar una nueva toma de deuda por $6.000 millones. Sin embargo, ésto deberá ser aprobado por el poder central y Morales está a la espera. Con esa excusa, no pagó los salarios completos y cualquier malintencionado podría pensar que le echaría la culpa al Poder Ejecutivo nacional, si es que no aprueba la jugada.
El pago en cuotas “fue la gota que rebalsó el vaso de los problemas estructurales del sistema de salud y de la provincia, que se profundizaron con un endeudamiento irresponsable y nadie ha podido explicar a donde han ido a parar 90 mil millones de pesos” tomados durante toda la gestión del radical, explicó Fernández. Si bien se argumentó que servirían para mejorar el distrito, “son proyectos que nunca empezaron a funcionar en cuatro años”.
Como ya había contado la legisladora provincial del PJ, Alejandra Cejas, a este medio, “no hay rendición de cuentas y no explican a dónde fue a parar la plata de esos créditos. Las obras no funcionan, los proyectos que venían a cambiar la matriz productiva de la provincia, son un fracaso y nadie puede explicar dónde está la plata” para esas iniciativas.
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Mientras tanto, “la situación económica para las familias que se agudiza”. El sector estatal fue el que más perdió durante el macrismo. En cuatro años, el poder adquisitivo de los trabajadores en Jujuy perdió en un 55% y el año pasado la paritaria impuesta (así la mencionan porque no hay lugar a diálogo) cerró en un 33,4% cuando la inflación provincial fue del 55%. Para colmo, se pagó en cuotas, la última en septiembre y sin una nueva discusión – o imposición – a la vista.
Ante este panorama, ayer realizaron un “ruidazo por la salud pública en demanda por la crisis sanitaria que viene arrastrando la provincia, que es previa a la pandemia, como el deterioro y desmantelamiento impulsado hace cuatro años”. Entre los puntos solicitados, exigieron la necesidad de que lleguen los insumos y materiales de protección personal ante el COVID-19 en cantidad y calidad, que se pague le estímulo de $5000 que definió nación hace 50 días y el pase a planta permanente de los trabajadores, algo anunciado por el Gobierno el año pasado pero que no se concretó.
La incorporación de recursos humanos es fundamental, explicó Fernández. “Desde 2017 se empezó a aplicar el mal llamado Plan Estratégico de Salud que profundizó la crisis de personal al eliminar los los concursos, una violación a la carrera profesional, y redunda en que no se cubren las vacantes”, lo que conlleva una mayor demanda para los que quienes hoy están trabajando, con turnos extendidos.
Pero como se sabe, toda movilización tiene sus resultados: “Después del ruidazo, (el Gobierno) dijo que iban a volver los concursos”. Sin embargo, advirtió Fernández, “hay un plan deliberado de desmantelamiento y vaciamiento del sistema público de salud para avanzar en la privatización de todo el sistema”. Algo similar a lo que ocurrió con la Cobertura Única de Salud (CUS) a nivel nacional durante la era Macri.
Ante la pandemia, “todavía no terminan de llegar los insumos en cantidad y calidad, los equipos personales de protección tienen que estar a disposición de todos los trabajadores”. En Jujuy continúan con la etapa de contención y hace más de 30 días que no tienen casos positivos ni hay circulación comunitaria. Pero sí hubo personas asintomáticas, por eso, “en salud nunca sabés cuando se va a caer la estantería”. Si bien los casos de COVID-19 se tratan en el Hospital Central, hay centros de atención primaria que también pueden verse afectados con esta situación.
Sin embargo, pese a haber avanzado contra los trabajadores en múltiples ocasiones, concretando el pago en cuotas, “Morales quiere perfilarse como candidato a Presidente y usa la pandemia para eso, le vino como anillo al dedo porque está haciendo una utilización política extraordinaria”, sin dejar de reconocer que se tomaron medidas acertadas, como la aplicación de la cuarentena que fue decretada por el Gobierno nacional.
Pero en la carrera al sillón de Rivadavia, muy lejana dentro de este panorama pero siempre presente, el Centro de Operaciones de Emergencia brinda un informe todos los días a las 21, es “una puesta en escena, con mensaje del gobernador o algún funcionario”. Lo que Cejas denominó el “Aló Morales”. En esos mensajes, “es terrible el grado de ocultamiento de la realidad a través de la construcción de un discurso hegemónico que se baja todas las noches”.
Pese a ello, el “fracaso en la gestión económica, social, educativa y sanitaria que va configurando un panorama bastante complejo que visibiliza los problemas ocultados, porque se complica llegar a fin de mes y o acceder al sistema sanitario”, por ejemplo.
En ese contexto, con bombos y platillos Morales solicitó a la Justicia Federal que los cargamentos de hojas de coca incautados en los diferentes procedimientos sean destinados a diferentes sectores de la provincia.”Las hojas de coca son parte del marketing, político que se monta sobre las necesidades de la población. Nos cuesta llegar a fin de mes, así que no vamos a tener para coquear. Entonces, toman una necesidad concreta, la trabajan con un marketing muy ajustado y logran el consenso social”, analizó Fernández. Eso lleva a “discutir el precio de la coca y no el endeudamiento o la falta informes de gastos” de la gestión.
El panorama es complejo y el Frente Amplio Gremial resolvió dos acciones. Por un lado, el ruidazo del martes, con la salud como protagonista. Por otro, el jueves habrá una jornada provincial de protesta con asistencia y retiro en los lugares de trabajo para movilizarse a la Casa de Gobierno a las 11 de la mañana. El objetivo es exigir la liquidación de sueldos, la apertura de paritarias y la necesidad de cobrar en tiempo y forma en junio. Sin embargo, esperarán a ver si la gestión Morales cumple con el pago restante de los salarios esta semana para definir nuevas medidas.
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