Tras dos convocatorias fallidas en las que se ausentó por "motivos personales", y tras un ultimátum del oficialismo que lo convocó bajo apercibimiento judicial, el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro se presentó este martes como testigo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación,
En el marco del pedido de juicio político a la Corte Suprema de la Nación que se desarrolla en esa comisión, el ex funcionario del PRO evitó responder si conoce al vocero de la presidencia del máximo tribunal, Silvio Robles, y calificó las supuestas filtraciones de chats entre ambos funcionarios públicos como "una operación de inteligencia".
El ex funcionario del PRO evitó responder si conoce a Robles, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En ese punto, la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, le recordó que falso testimonio no aplica solamente a la acción de mentir sino a omitir la verdad.
En tanto, D'Alessandro también evitó responder si asistió junto a Robles al cumpleaños del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques el 15 de agosto del año pasado. Una vez más, el ex funcionario de Rodríguez Larreta, se amparó en el artículo 18 y respondió:"Son hechos privados que no hacen al objeto de la comisión".
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El ex ministro porteño compareció a la audiencia de este martes vinculada a la causa "coparticipación", por la cual se investiga una presunta trama de connivencia y tráfico de influencias entre la Corte, el Gobierno porteño y empresarios detrás del fallo que benefició a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
D'Alessandro fue citado a raíz de las de las revelaciones que surgieron del hackeo de su teléfono celular que sacaron a la superficie sospechosas conversaciones con Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño al elevar la cuota de coparticipación para la jurisdicción gobernada por Rodríguez Larreta.
El conflicto comenzó en enero de 2016 cuando el ex presidente Mauricio Macri dictó un decreto que aumentó del 2,35% al 3,75% la cuota de coparticipación con la justificación de que debía financiarse el traspaso de la Policía de la Ciudad.
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Al contestar una pregunta de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, D´Alessandro recordó que la línea de su teléfono celular, del cual se filtraron las presuntas conversaciones con Robles, fue "robada", hecho por el cual él mismo hizo inmediatamente la denuncia ante la denuncia ante la Justicia Federal y ante la Justicia de la Ciudad.
"No es una presunción (su versión) sino que hay mucha información de muchas pericias que se han realizado y hay muchas personas que han confesado porque han sido contratadas para estas tareas de inteligencia. Ya se constató que es una operación de inteligencia", remarcó.
Y sintetizó: "No fue una filtración sino una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho y lo que se ha publicado es una página de internet en la cual se han supuesto distintos chats".
Para D´Alessandro, "el tema de los supuestos chats ya los saldó la Justicia" al "haber dictaminado la situación delictual en estos supuestos contenidos que se vieron en una página de internet" y agregó: "Jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones. Y ésta por suerte ya se pudo comprobar a los autores materiales y ojalá se puede llegar a los autores intelectuales".
No conforme con la respuesta, Siley le preguntó si esas causas presentadas en juzgados de distintas provincias del país están cerradas con sentencia definitiva y, en tal caso, le inquirió "por qué se ampara en el artículo 18". La respuesta de D´Alessandro fue ambigua: "Algunas de esas denuncias se han acumulado", comentó.
A continuación, se leyó uno de los supuestos diálogos que habría mantenido D´Alessandro con Robles de acuerdo a lo publicado por un medio de comunicación escrito. La lectura fue impugnada por Juntos por el Cambio, por entender que la Justicia demostró que fue obtenido ilegalmente a través de un hackeo del teléfono celular.
El diputado del PRO Pablo Tonelli reclamó que se retire la lectura de la versión taquigráfica de la audiencia ya que esos chats no podían ser tomados como prueba en la investigación. Su par Alejandro Finocchiaro llegó a decir que tomar como válidos esos presuntos chats era equivalente a tomar como prueba una confesión bajo tortura.
"Una cosa es que se haya obtenido ilegalmente y otra cosa es afirmar la falsedad del contenido, algo que no está comprobado", replicó la oficialista Mara Brawer.
Por otra parte, ante la pregunta de Siley sobre los motivos de su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad, el testigo respondió que decidió alejarse del cargo "por motivos personales" y negó haber sido presionado para apartarse del Gobierno.
"La función de ministro de una de las ciudades más importantes que tiene Latinoamérica exigen que uno esté 24x7, y la verdad que presentarse como querellante le quita horas la gestión. Pero a mí nadie me presionó para que yo renunciara", aclaró.
Tras el testimonio de D'Alessandro, la comisión continuaba sesionando y procedió a tomarle declaración al procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.
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