Javier Milei y la banalización: los peligros para una convivencia democrática

Poco a poco nos vamos acostumbrando a lo inconcebible, tomamos como risible o extravagante aquellos gestos y actitudes sin precedentes en el marco de una institucionalidad básica, caemos en la banalización de cuestiones serias, graves y generadoras de peligros para una convivencia mínimamente razonable.

El extremismo mercantilista que imbuye al Gobierno nacional no repara en límite alguno, ya sea la impostergable necesidad de acceder a medicación -tratamientos y cuidados- para patologías crónicas, los daños imposibles de afrontar sin acompañamiento estatal (como los producidos por el temporal de la semana pasada u otras calamidades semejantes que lo precedieran), el derrumbe de los ingresos de la población a la par del descomunal aumento de las tarifas de servicios básicos y de bienes esenciales.

Los trolls operan como alter ego del Presidente para hostigar a propios y extraños, constituyéndose en una suerte de canal oficioso de noticias, advertencias o disgustos del mandatario que no le hacen sombra al vocero presidencial (Manuel Adorni), sino, que complementan o anticipan sus habituales exabruptos carentes de toda sensibilidad por quienes padecen los peores efectos de las políticas implementadas desde el 10 de diciembre de 2023.

En aquella fecha en su discurso de asunción, Milei dio una clara muestra de su desprecio republicano al hablar fuera del recinto donde se había constituido la Asamblea legislativa y dándole la espalda al Congreso de la Nación. Luego, en la apertura del año de sesiones parlamentarias, el 1° de marzo de 2024, no tuvo empacho en ratificar en palabras lo gestual antes referido e identificando con la “casta” -que dice se propone combatir y eliminar- al conjunto de los legisladores allí reunidos, concluyendo con una curiosa invitación a los gobernadores a un “pacto” refundacional del país, excluyendo de ese convite a los miembros del Parlamento y a los partidos o coaliciones políticas a las que pertenecen.

Entre una y otra fecha, con similares connotaciones, se registró un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/20239) y una “ley ómnibus” que pretendía se sancionara a libro cerrado, sin tratamiento previo en las Comisiones pertinentes y que, finalmente -demostrando ignorancia e impericia en el trámite parlamentario-, terminó retirando y amenazando con gobernar sin pasar por el Congreso.

Las quejas presidenciales, previa difusión de los datos personales y de contacto de los Senadores que rechazaron el DNU para ofrecerlos al acoso de sus mesiánicos seguidores y trolls, aludían a que a ningún otro mandatario le había ocurrido algo similar. Una mentira más de todas a las que no tiene habituado cuando refiere datos sin apego alguno a la realidad, teniendo en cuenta que se verifican numerosos precedentes de DNU invalidados. Aunque lo más relevante en este caso, eso sí sin precedentes, es que el mentado DNU comprende la derogación o sustancial modificación de más de 300 leyes (incluidos dos Códigos), era totalmente inconsistente en la fundamentación para justificar el ejercicio de esa facultad excepcionalísima del Poder Ejecutivo y, especialmente, los objetivos que se aludían como precisados de una urgente atención no guardaban relación alguna con las normativas concernidas.

Ni hablar de la Democracia

La democracia supone un modo determinado de gobierno, tanto en cuanto al acceso a los diferentes cargos de representación como al desenvolvimiento para la toma de decisiones y a las vías para resolver los disensos o arribar a consensos.

En un país federal, como la Argentina, la voluntad popular expresada en las votaciones no se circunscribe a los resultados obtenidos a nivel nacional ni se ciñe a la elección de un Presidente, sino que se manifiesta de igual manera en los ejecutivos de cada provincia y municipio como con relación a las y los legisladores en todas las jurisdicciones. De allí, que la legitimación que brindan las urnas a las personas elegidas como a los postulados de las fuerzas partidarias que integran poseen un valor equivalente, más allá de las potestades singulares que establece la Constitución Nacional.

En consecuencia, por más agonal que resulte la política, en democracia se impone el respeto a las disidencias y el sometimiento a las reglas que la informan, descalificándose los autoritarismos y en particular cuando pretenden eludir la división de Poderes e invadir las incumbencias propias y exclusivas de cada uno.

Sin embargo, la democracia como forma de vida excede lo que atañe a la organización política, por cuanto implica su proyección a todos los ámbitos del quehacer comunitario tanto en el plano individual como colectivo reflejado en las distintas instituciones de la sociedad civil.

La pluralidad y diversidad de voces, el reconocimiento de los diferentes intereses e ideas, exigen el debido respeto y se plasman en derechos como en garantías fundamentales cuya tutela es deber indeclinable del Estado. 

Asistimos a diario a manifestaciones alarmantes de una intolerancia extrema al disenso por parte del Presidente, que se registran en su relación con los otros Poderes del Estado pero también con respecto a organizaciones y personas que disienten -incluso cuando no confrontan- con las medidas u opiniones que propugna.

Su tendencia autoritaria y mesiánica se explica en buena medida por su concepción de la política, reflejada en un rechazo a todo el proceso de conquista de derechos civiles, políticos y sociales que se desarrolló desde la segunda década del siglo XX en nuestro país. Cuyo corolario es el espíritu antidemocrático y antipopular que subyace a sus proclamas “libertarias”, exponente de una falsa -o sumamente restringida- idea de “libertad” sin anclaje ninguno con el imperativo de “igualdad” y que se traduce en un endiosamiento del Mercado como entidad suprema por encima del Estado Nación. 

¿Y las políticas de Estado?

La refundación del país que propone Milei está en línea con sus consignas libertarias, su desaprensión por todo lo nacional, su despreocupación por el destino colectivo y su sometimiento visceral a las clases dominantes cuyos privilegios pretende garantizar.

El mentado “pacto de mayo”, que no se plantea como tal sino como imposición al rehuir cualquier debate sobre sus ejes y contenidos, es inconducente para una aspiración semejante que exigiría inevitablemente una reforma total de la Constitución Nacional.

Aun así, es elocuente en orden a su perfil totalitario e intenciones de gobernar prescindiendo de las instituciones fundantes de la República. Puesto que, aunque excluye de inicio al Congreso, reclama que por su intermedio se sancione una ley que delegue facultades propias del parlamento en el Poder Ejecutivo y que suponga una total adhesión a su proyecto de gobierno.

Lejos del dilema que plantea el Presidente entre “acuerdo o confrontación”, todo pacto democrático no puede eludir la conflictividad que es inherente a una sociedad y la dimensión agonal en que se traduce en la política, siendo precisamente a través de ésta que deben procurarse los consensos necesarios para acordar y admitirse la posibilidad de la falta de acuerdos -totales o parciales-, la falta de consensos suficientes que no significan disrupciones terminales.

Claro, que una iniciativa semejante debe partir de reconocer las políticas de Estado existentes, incluso cuando se proponga su revisión o modificación, y ese reconocimiento debe expresarse en el respectivo respeto y cumplimiento de las mismas en tanto posean vigencia. Exigencias, que no se advierten en el derrotero presidencial de sus primeros 100 días de gobierno.

La integralidad territorial como sustrato de la soberanía nacional; la reivindicación de Las Malvinas e Islas del Atlántico Sur; la educación y la salud públicas; la condena al terrorismo de Estado impuesto por la dictadura en 1976,  el juzgamiento de los genocidas (militares o civiles) y su correlato de Memoria, Verdad y Justicia; el Pacto Democrático elaborado desde la recuperación de las instituciones en 1983; forman parte de políticas de Estado que la sociedad en su conjunto ha refrendado, más allá de los vaivenes propios de la política. 

Perdemos el rumbo cuando perdemos la memoria

Algunos sucesos recientes merecen ser mencionados en el mismo orden de ideas que guían a esta nota, porque alertan sobre las connotaciones de que dan cuenta y exceden a los acontecimientos mismos.

Desde la Secretaría de Salud, a cuyo titular no se le conoce rostro ni voz desde que asumiera en esa función degradada del otrora Ministerio, ante una epidemia de dengue sin antecedentes en cuanto a gravedad por letalidad y cantidad de afectados, ninguna medida proactiva y preventiva se ha desarrollado. Peor aún, el mismo Gobierno nacional tampoco ha diseñado campaña alguna de divulgación y prevención.

La Secretaría de Educación, a la que bien le caben similares señalamientos, se ha mantenido en silencio ante los reiterados recortes al financiamiento de la enseñanza pública y, a su vez, acompaña con absoluta ligereza la implementación de nuevos subsidios a la educación privada por medio de “vouchers” que, además, promueve una competencia mercantilista del sector.

La brutal agresión sufrida por una militante de H.I.J.O.S., que emula la actuación de los Grupos de Tareas del Estado terrorista, no recibió condena alguna desde ningún área del Gobierno nacional, ni solidaridad con la víctima o decisión de indagar seriamente lo sucedido para dar con los responsables.

Estos episodios como los discursos de odio fomentados por la dirigencia de La Libertad Avanza y respaldados por el propio Milei, evocan etapas oscuras de nuestra historia y se despliegan, no casualmente, en un contexto de empobrecimiento general, abusos de quienes ostentan posiciones dominantes de Mercado y avanzadas negacionistas del terrorismo de Estado.

La realidad nos enfrenta en lo individual a experiencias duras de supervivencia, pero es necesario advertir que nuestra propia realización no está desligada de la que alcancemos en conjunto como sociedad, y la democracia social e institucional es condición para ello. La defensa del derecho a vivir en democracia hoy, quizás más que nunca, está unida a la reafirmación del consenso por el NUNCA MÁS y la decisión de sostener activamente en este 24 de marzo la convicción de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.